El Diario: los inmuebles que la Justicia cuida a empresarios contra los trabajadores

19/05/2024

Las claves para entender la trama judicial que permite que algunos sectores se empeñen en cuidar el capital a los empresarios que gerencian y quieren gerenciar El Diario contra los trabajadores despedidos en 2018 y que ya tienen sentencias firmes a su favor para el cobro de sus indemnizaciones.

Silvio Méndez (*) 

 

Por estos días se cumplen seis años de los despidos sin indemnización de más de 80 trabajadores de El Diario. A seis años todavía la gente en la calle pregunta: “¿Y ustedes? ¿Ya cobraron?”. La respuesta, desde hace seis años, es no. No porque desde hace seis años el expediente del concurso de acreedores de la empresa editora, junto con los reclamos por el pago del resarcimiento que fija la ley a los exempleados, así como la eventual quiebra y remate de bienes para el cumplimiento de estas obligaciones, descansa plácido en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Número 9, a cargo de Ángel Luis Moia. Aquí, seis claves para entender semejante despropósito en el que se oculta un trasfondo de intereses multimillonarios.

Uno. Entre mayo y junio de 2018, Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), editora de El Diario de Paraná, produjo una ola de despidos que involucró a más de 80 trabajadores de prensa, gráficos y administrativos. Las desafectaciones se realizaron sin previo aviso; tampoco hubo pago de las indemnizaciones de ley. Al momento que la empresa echó a sus empleados les adeudaba tres meses de sueldo y la diferencia por aumento que estipula el convenio de prensa de otros tres períodos. La sociedad que compone en su mayoría NEA Capital Creativo –con el empresario de medios rosarino Ramiro Nieto a la cabeza– y sus socios del clan Etchevehere –con Leonor Barbero Marcial paterfamilias de sus hijos Luis Miguel, Arturo Sebastián y Luis Miguel Etchevehere– adujeron insolvencia y pidieron el concurso de acreedores a la Justicia.

Dos. Desde sus inicios, el concurso de acreedores transitó a paso de tortuga, en detrimento de reparar los derechos de los trabajadores. A un grupo de litigantes que recibió en su despacho, el mismo juez Moia ilustró diciendo que la Ley de Concursos y Quiebras está hecha para que la empresa y su negocio siga funcionando. Y así ha sido desde entonces. Con el Titanic sin freno hacia el iceberg, hubo una intentona de resucitar el periódico. Fue cuando el dueño del grupo de diario El Litoral de Santa Fe, Nahuel Caputto, tomó por un tiempo la administración del concurso de SAER. Caputto gestionó a través del Estudio Jurídico Prono con el fin de quedarse con la SA. Pero esta intentona fracasó y Caputto tomó el primer bote y regresó a costas más seguras, no sin antes cerrar algunos negocios comerciales de impresión cuando el periódico todavía salía en soporte de papel.

Juez Ángel Moia

Tres. El tiempo pasó y hubo un ínterin donde la empresa –en la que quedó el Estudio Prono como intermediaria–, intentó alcanzar acuerdos de pago con los acreedores para poder salir de este proceso preventivo. El plazo para lograr un porcentaje mínimo de estos acuerdos expiró y el 26 de julio de 2021 el magistrado así lo hizo saber. En la resolución donde el magistrado informó de esta situación, se abrió otra instancia: un registro de oferentes para la adquisición de las acciones de la concursada, en una etapa que jurídicamente se conoce como cram down power. Es una figura pocas veces usada, propia de la jurisprudencia norteamericana, que fue introducida durante el menemismo como otra chance para la supervivencia de las empresas en crisis. En esta instancia el único que se presentó fue Gustavo Santiago Scaglione en nombre de Difutec SA, quien pidió ser tenido en cuenta como rescatista. Con el ingreso de este “nuevo” actor, el expediente ingresó en otro letargo. Se empantanó en la burocracia por acreditar los avales de Difutec que le permita llegar al cram down.

Cuatro. Hasta iniciado el 2024, el juez Moia seguía enredado en otro entuerto. Primero fue tener un perito oficial y luego una tasación razonable de las acciones de SAER, de modo que Difutec SA propusiera la compra del concurso. Al mismo tiempo, la firma aspirante al rescate trataba de tejer acuerdos por deudas pendientes por indemnizaciones con algunos los extrabajadores. Acordar con un grueso de los acreedores algún tipo de compensación resulta un eslabón tan débil como necesario para llegar al cram down que evite la quiebra. Los planes de pago ofrecidos nunca superaron el 40 por ciento del valor total que corresponde. Incluso se llegó a convenios por el 30 por ciento de las obligaciones en cómodas cuotas. Fue en casos apremiantes de quienes quedaron al margen de un mercado laboral en retroceso y ahogados por las premuras económicas. Aún en estas condiciones, lograr la mayoría de acuerdos sigue lejana.

Cinco. Así las cosas, desde 2021 el cram down power se sigue postergando en este expediente. ¿Y por qué es relevante llegar a este punto? Porque una vez iniciado el período de rescate no hay vuelta atrás. Decretado el cram down se otorgan 20 días para cerrar una mayoría de acuerdos de pagos de las indemnizaciones y deudas antes que se “termine la mecha” y finalmente no le quede otra opción a Moia que decretar la quiebra y remate de los bienes de SAER. En el mientras tanto, los ex trabajadores siguen perdiendo con los aplazamientos otorgados por el juez. Algunos de los despedidos ya no están para recibir las compensaciones; fallecieron. Los que siguen en carrera, han perdido la cuenta de cómo la inflación orada día a día, mes a mes, año tras año, el poder adquisitivo de ese incierto pago de indemnizaciones. Porque las tasas de intereses judiciales van a la zaga. Y cuanto más pasa el tiempo, más se pierde sobre el capital adeudado. En el mientras tanto, la empresa sigue funcionando como si nada, con los beneficios fiscales y aportes de publicidad oficial de siempre. En un juego casi perverso, los únicos beneficiados con la prolongación de los tiempos judiciales son quienes pretenden quedarse con la empresa, porque cuanto más pasa el tiempo, menos dinero deberán pagar en términos reales del capital neto que fija la legislación laboral.

Seis. Como en todo gran culebrón hay un trasfondo mayor. Hoy por hoy, el valor de El Diario está dado por los bienes inmuebles que posee la Sociedad Anónima. Esto es algo admitido abiertamente por sus propios abogados. “La empresa vale por las propiedades que todavía tiene”. He aquí la solapada disputa entre socios y rescatistas: ¿Quién paga lo que se debe? ¿Quién se queda con las “joyas de la abuela muerta”, que incluye un importante número de posesiones? En Paraná, la casona histórica de calle Buenos Aires y Urquiza; un galpón en Avenida Zanni 1.591; dos lotes en el barrio privado Puerto Urquiza; el estacionamiento descubierto de calle Santa Fe 322, frente a Casa de Gobierno; una vivienda en dos plantas en Santa Fe 366, casi esquina México; y una vivienda en Bajada de los Vascos 745. También se encuentran observadas por la Sindicatura una fracción de campo en Mojones Norte, departamento Villaguay; y un inmueble en Pueblo El Carmen Racedo, en el departamento Diamante. Sobre estos últimos, el informe de los contadores del estudio Cerini, a cargo de la sindicatura del concurso, oportunamente informaron al juez Moia que son inmuebles que “continúan a titularidad registral de SAER e incluso abona sus impuestos pese a estar en insolvencia, siendo que estos ya no formarían parte del activo concursal, si bien se informa de ello para su conocimiento, no se realiza valuación de los mismos hasta tanto se resuelva su situación jurídica”.

 

(*) Periodista.