Falleció el represor José Anselmo Appelhans

16/05/2024

El ex militar murió su casa, cumpliendo múltiples condenas por crímenes de lesa humanidad. Tenía 95 años. Durante la última dictadura cívico-militar fue interventor en Diamante y director de la unidad penal. Fue condenado por el secuestro y la aplicación de torturas a decenas de militantes políticos y por el homicidio del soldado conscripto Jorge Emilio Papetti.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

José Anselmo Appelhans, ex director de la unidad penal e interventor militar en la ciudad de Diamante durante la última dictadura, murió sin haberse nunca redimido por los crímenes que cometió durante la última dictadura.

El represor de 95 años murió el viernes pasado en su casa, en la calle Presidente Perón de Paraná, donde cumplía múltiples condenas como responsables del secuestro y aplicación de torturas a decenas de presos políticos y como responsable del homicidio del conscripto Jorge Emilio Papetti, que continúa desaparecido.

Appelhans había nacido el 14 de agosto de 1928 en Colonia San Juan. Apenas derrocado el gobierno constitucional, el 28 de marzo de 1976, fue designado como interventor del Servicio Penitenciario. Su primera disposición fue aislar e incomunicar a los detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional del resto de los internos y disponer para ellos una custodia militar. Estuvo pocos meses, ya que el 15 de julio asumió como director de la Unidad Penal Número 1, donde se mantuvo hasta el 24 de diciembre de 1977, en el período más feroz de la represión en la provincia. Luego, a partir de octubre de 1979, fue designado interventor militar en Diamante.

Ex detenidos revelaron que el arzobispo y vicario castrense, Adolfo Servando Tortolo, visitó la unidad penal el 24 de marzo y que dio una orden precisa que Appelhans cumplió con precisión:
–A los comunes me los sentás de este lado; a los subversivos, de este otro –le dijo.

Appelhans fue una pieza clave en el esquema de represión ilegal que instrumentó la dictadura. En la cárcel de varones de Paraná, que estaba bajo su comando, funcionaron dos centros de tortura: la “unidad familiar” y la “casa del director”.

El juez Leandro Ríos consideró que durante la dictadura “existió (en la cárcel) un régimen ilegal en el que se habilitaban las torturas y las salidas de los internos para que las mismas tengan lugar en el marco de interrogatorios” y agregó que “el modo en que los internos eran retirados de la unidad y su posterior reingreso, y los signos comprobados de torturas sufridas en el lapso intermedio, dan cuenta del conocimiento de Appelhans acerca de las circunstancias en el marco de las cuales se hacía la entrega de esos detenidos y que las mismas creaban un nítido riesgo para la integridad de ellos”.

Varios ex detenidos lo ubicaron en la sala de torturas y lo señalaron como un activo integrante de la patota que los obligaba a firmar declaraciones autoincriminatorias, bajo amenazas de todo tipo, golpes y aplicación de picana eléctrica. Uno de ellos dijo en sede judicial que en una ocasión Appelhans y otro represor se presentaron en su celda con una cuartilla cuyo contenido no se le permitió leer y lo obligaron a firmar bajo amenazas de que tomarían represalias contra su familia.

También hay testimonios que refieren que Appelhans jugaba a la ruleta rusa con los detenidos durante los interrogatorios.

Sobrevivientes del horror también señalaron que en una ocasión en que Tortolo los visitó en la cárcel, en diciembre de 1976, le contaron de las torturas a que eran sometidos y que cuando el obispo se retiró, Appelhans los formó en el patio y amenazó con fusilarlos.

Appelhans siempre negó las imputaciones y pretendió echar culpas hacia arriba. De hecho, su nombre figura en el listado de represores beneficiados con la aplicación de la ley de obediencia debida. La sanción de esa norma, en junio de 1987, suspendió la indagatoria a la que había sido convocado en aquel momento. Hubo que esperar hasta 2009, tras la reapertura de las investigaciones, para que se concretara su detención.

Finalmente fue condenado en 2015 y el juez Ríos, en los fundamentos de la sentencia, señaló que “la unidad penal y sus dependencias conformaban el ámbito de jefatura de Appelhans, y en virtud de la metodología implementada para llevar a cabo los interrogatorios, traslados y reingresos a la unidad y la extensión en el tiempo de ese estado de cosas resulta inverosímil el argumento esgrimido con relación al desconocimiento de las actividades desplegadas por los grupos de tareas que sometían a apremios y torturas a los internos de carácter político”.