Urribarri denunciará al procurador García 

23/04/2024

Fernando Burlando, el nuevo defensor del ex gobernador, anunció en conferencia de prensa que formulará una denuncia para que se investigue la conducta del procurador general. También se solicitará intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

De la Redacción de Página Judicial

 

Luego de que la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazara el recurso de queja contra la sentencia que condenó al ex gobernador Sergio Urribarri, la defensa convocó a una conferencia de prensa en la que dio a conocer una batería de denuncias que llevará adelante con la rúbrica de Fernando Burlando, el nuevo CEO de la escudería.

El miércoles pasado, el STJ rechazó el recurso de queja de los defensores y dejó firme la condena de ocho años de prisión que se había impuesto al ex gobernador; como así también al ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez; y a Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, ambos condenados a seis años y medio de cárcel.

En una conferencia de prensa en el Salón Rosedal, en el primer piso del hotel Maran Suites & Towers se anunciaron las medidas que llevará adelante la defensa de Urribarri en días en los que se debe resolver si el STJ le concede el recurso extraordinario ante la Corte Suprema o se dispone su inmediata detención y el traslado a una unidad penal.

Burlando descartó que la detención de Urribarri sea inminente: “Todavía estamos a tiempo; todavía tenemos algo de tiempo”, dijo ante una consulta específica. “llegamos tarde, pero a tiempo. Buscar un juez imparcial, que es lo que ha pretendido hacer Urribarri, es lo más noble que se puede hacer; alguien que decida sin presiones, sin ser influenciado, sin buscar algo que no hay, como ha ocurrido en esta causa”.

El letrado porteño estuvo acompañado por Javier Ignacio Baños, otro abogado de su estudio; y por Leopoldo Cappa, que lo representa ante los tribunales entrerrianos mientras tramita su matrícula en la provincia. Fue Baños quien hizo la introducción leyendo un extenso comunicado en el que concatenó hechos y decisiones jurídicas para justificar una denuncia contra el procurador general de la provincia, Jorge Amílcar Luciano García, y el anuncio de que solicitarán la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ante quien interpondrán los recursos contra la sentencia.

Burlando afirmó que promoverán una denuncia contra el procurador García ante la Comisión de Juicio Político o ante el Jurado de Enjuiciamiento por las “arbitrariedades” e “ilegalidades” que dice haber habido en el proceso. La presentación se formalizaría en el transcurso de la semana, según adelantó. También serían denunciados fiscales y jueces que intervinieron en distintas instancias del proceso, se indicó.

En el inicio de la exposición, Baños dijo que intentarán demostrar “las serias inconsistencias de las instancias provinciales” que ha tenido, a su criterio, el proceso que terminó con la condena del ex mandatario, aunque se encargó de aclarar que de su parte hay “un enorme respeto por las instituciones del Poder Judicial”.

Dijo Baños que “son algunos votos, algunos dictámenes, los que nos llaman la atención” y se refirió a “puntuales funcionarios (judiciales) y miembros del Ministerio Público”, aunque no hizo nombres propios. “Creemos que se ha vulnerado la jurisprudencia de la Corte Suprema en tres precedentes muy importantes. No se han tenido en cuenta estos precedentes para rechazar las impugnaciones extraordinarias y creemos que Sergio Daniel Urribarri ha soportado de manera estoica las persecuciones judiciales dirigidas por funcionarios que, en algunos de los casos, no tenían idoneidad y, en algunos casos, no tenían competencia territorial”, agregó.

“De manera inexplicable, el Ministerio Publico Fiscal sigue teniendo su oficina (el procurador) en el palacio de justicia. ¿Qué igualdad de armas puede haber entre las partes si una de ellas comparte el despacho en el mismo edificio del Superior Tribunal?” se preguntó Baños. “Hay una denuncia de (el ex senador) Héctor Maya que señala que podría existir evidencia de un entramado que estaría poniendo en crisis las actuaciones que se siguieron contra Sergio Daniel Urribarri”, agregó.

Para la defensa, “el señor Procurador General ha decidido que solo dos fiscales investiguen, entre comillas, todas las causas más sensibles de la provincia, es decir, los ha colocado en una unidad fiscal, entre comillas, también especializada, sin ningún criterio objetivo que justifique la quita de las competencias del resto de los colegas del Ministerio Público. Uno de estos de estos fiscales ni siquiera tiene jurisdicción territorial para actuar en la ciudad de Paraná, porque el concurso público que había ganado era para otra localidad, de manera que, bajo el rótulo de combatir la corrupción, lo que se ha hecho es concentrar todo el poder de investigar los delitos políticamente más sensibles en unas muy pocas personas, desplazando al resto del Ministerio”.

Las críticas también se extendieron al Poder Judicial, en un tono enigmático, sin dar nombres y en virtud de alegadas relaciones familiares entre magistrados que intervinieron en las distintas instancias: “La condena del ex gobernador Urribarri ha sido rubricada por el cuñado de una jueza que luego la confirmó en segunda instancia. De las otras juezas que rubrican el fallo en la alzada, una es pareja del procurador, que discrecionalmente ha seleccionado a los fiscales que han actuado en el juicio, y la otra está casada con un enemigo declarado públicamente en multiplicidad de notas periodísticas en contra del señor Urribarri”.

Los defensores dijeron que el proceso judicial fue “sumamente arbitrario” y mencionaron que “una fiscal ha reconocido públicamente en el mismo alegato que no tenía pruebas para acusar, que no había testigos, que no había documentos; y se ha impuesto una condena de ocho años de prisión al ex gobernador”; y también consideró que “también sumamente grave que otra de las fiscales que participó de la prestación haya sido desplazada de su cargo por serios actos de corrupción en este contexto”, en referencia a la destituida ex procuradora adjunta, Cecilia Goyeneche.

Sin dar nombres, el abogado se metió con un sector de la prensa al que le adjudicó “publicar notas o pseudo notas periodísticas contra ciertas personas a las que previamente había decidido investigar la Fiscalía Anticorrupción”. Otra vez la referencia es para Cecilia Goyeneche, quien se hizo cargo de ese organismo.