¿Cómo sigue el vínculo de los Tortul con Enersa? 

19/04/2024

La firma de seguridad, Tornell, está a cargo del servicio en la empresa estatal de energía. El contrato llega a su fin, pero el Gobierno ya puso la lupa. Los imputados. 

Federico Malvasio 
De la Redacción de Página Judicial 

 

La causa que tiene como caras visibles a Claudio Raúl Tortul y Marcelo Javier Tortul se extiende en imputaciones. 

Este viernes tienen que presentarse, en carácter de imputados y con sus abogados defensores en el Juzgado Federal de San Isidro, algunos funcionarios de Enersa. Son tres: Marcelo Morales, gerente legal de la empresa de energía e hijo del ex procurador general Héctor Daniel Morales; el ex gerente general Juan Carlos Pimentel, hoy representante en el directorio por el Sindicato de Luz y Fuerza; y el ingeniero Alejandro Cis.

La investigación que derivó en la detención de los hermanos Tortul comenzó en 2020 cuando la empresa de seguridad privada Securitas decidió denunciar a sus ex directivos porque “abusaron y utilizaron la estructura corporativa, así como su posición en el mercado y el renombre del grupo, con el único fin de obtener un beneficio para ellos y, de forma indirecta, para las empresas que representaban”.

Los Tortul fueron detenidos por haber pagado supuestamente coimas millonarias para retener contratos en organismos públicos y por la emisión de facturas truchas, evasión y lavado de activos. La defensa está a cargo de Juan Félix Marteau, La Chueca para la comunidad del rugby del Paraná Rowing Club, del que Claudio Tortul es presidente. Marteau tiene un currículum envidiable. Entre otras cosas, figura como director del Centro sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera de la UBA. Además, el abogado paranaense publica asiduamente interesantes artículos en los principales medios porteños. 

¿Y ahora?

Tornell SA, la empresa de Claudio Tortul y Daniel Eduardo Carbonell, tiene a su cargo la seguridad de Enersa. Cuando Rogelio Frigerio llegó a la Gobernación, los hermanos le abrieron sus puertas. Primero las de una propiedad en Puerto Urquiza, donde vive el mandatario. Pero luego los hermanos empresarios se metieron de lleno en el devenir de su negocio. Según reconstruyó Página Judicial, a mitad de año finaliza el contrato de la empresa de seguridad, pero con lobby lograron que se incorpore en la licitación un artículo que permite prorrogar por dos años más la contratación a cambio de una rebaja en la hora de seguridad.

Lo último que supo este medio es que el Gobierno decidió poner un freno y ordenó no abonar el canon ante los hechos ocurridos esta semana.  

Los empresarios de Paraná, ahora en caída –como se ha narrado en la crónica publicada aquí–, fueron beneficiados con jugosos negocios durante los últimos veinte años en los que gobernó el peronismo. 

La trazabilidad entre un empresariado cautivo y la política de gobierno ha sido una constante en todo este tiempo. En Casa de Gobierno miran lo que pasa y dicen esto no es mío. 

Los tiempos venideros irán marcando cuánto es el interés por cambiar, por lo menos el esquema de relaciones entre empresarios y Estado.