El jefe de Prefectura que pagó para limpiar su legajo

09/04/2024

Un ex jefe del Destacamento Victoria de Prefectura Naval Argentina estaba acusado por haberle ordenado a un subordinado que destruyera un acta de notificación de la violación del aislamiento social, preventivo y obligatorio al hijo de un amigo que estaba acampando en una isla durante la pandemia.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

Pudo haberle costado la carrera a un ex jefe de Prefectura el favor que quiso hacerle a un amigo, cuyo hijo había sido sorprendido acampando en una isla ubicada hacia el sur de Victoria durante la cuarentena.

Marcos Maldonado Pérez, ex jefe del Destacamento Victoria de Prefectura Naval Argentina, estaba acusado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión ilegal de actos propios de su oficio y encubrimiento del delito de violación de las medidas adoptadas para impedir la propagación de la pandemia del Covid-19.

Cuatro años después, y habiendo superado la pandemia, Maldonado Pérez fue sobreseído luego de haberse sometido al instituto de reparación integral como una vía alternativa para la extinción de la acción penal. Para ello debió abonar una suma total de 600.000 pesos, en tres cuotas iguales y consecutivas.

La reparación integral del daño es una vía alternativa para la solución de conflictos, a los fines de descomprimir el sistema judicial. Consiste en el cumplimiento unilateral por parte del imputado de una serie de obligaciones tendientes a resarcir las consecuencias del accionar ilícito que se le reprocha. Usualmente se calcula en un monto de dinero.

Los hechos por los cuales fue acusado Maldonado Pérez se originaron el 10 de abril de 2020, tres semanas después de que se decretara el aislamiento social, preventivo y obligatorio en el país, y en un contexto de patrullaje social creciente.

En horas del mediodía, aproximadamente, una voz anónima alertó al Destacamento Victoria de la Prefectura Naval Argentina sobre la presencia de un grupo de personas pescando y acampando en una zona de islas hacia el sur de la ciudad.

El jefe de operaciones del Destacamento organizó el patrullaje y una lancha con tres prefectos a bordo partió hacia la zona del arroyo Carbón Chico, una zona no navegable, distante a unas dos horas a través del río, que suele atraer principalmente a pescadores. La orden que tenían era labrar el acta de notificación y trasladar a los campistas a la ciudad para realizar la constatación de domicilio, como establecía el decreto que había dispuesto el aislamiento por la pandemia. Así se les indicó antes de salir y en las comunicaciones que intercambiaron durante el trayecto.

Una vez en la isla, constataron que efectivamente había seis personas. Cinco eran pescadores artesanales, que tienen a la pesca como sustento familiar y, por lo tanto, las normas vigentes los exceptuaban del aislamiento. Pero uno de ellos no lo era. Desde el Destacamento Victoria les indicaron a los prefectos en la isla que labraran el acta a quien no era pescador, lo trasladaran a la sede de Prefectura y luego a su domicilio para que cumpla con el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

En lugar de juntar cacharpas, el joven realizó una llamada y le extendió el teléfono a quien estaba a cargo del procedimiento. El prefecto se negó a tomar la comunicación. Testigos contarían luego que la escena se repitió idéntica dos veces más, hasta que el jefe del Destacamento Victoria se comunicó directamente con quien estaba llevando adelante el procedimiento.

El diálogo, según la declaración del prefecto, fue el siguiente:
–¿Sabés a quién estás notificando? –le preguntó el jefe desde el otro lado de la línea.
–No –fue la respuesta de quien estaba en la isla.
–Es el hijo de un conocido –lo nombró por su apellido–. Rompan todo y no lo notifiquen –fue la orden.

Tras cortar esa comunicación, el jefe del Destacamento llamó al jefe de operaciones y le comunicó cuáles eran las nuevas directivas. Una contraorden. “Boludeen a los supuestos pescadores y déjenlos estar ahí, que permanezcan en ese lugar y que repliegue la patrulla”, dice que le dijo el jefe.

La patrulla regresó al Destacamento Victoria alrededor de las 19, sin novedades, tal como quedó asentado en el libro de guardia. El oficial a cargo del procedimiento en la isla, sin embargo, conservó el acta y denunció el hecho, primero administrativamente y luego ante la justicia federal.

Tras el episodio, Maldonado Pérez, de 38 años y licenciado en seguridad marítima, fue desplazado de su cargo y trasladado a Mar del Plata, donde cumple funciones actualmente. Fue su abogado defensor quien propuso una solución alternativa al enjuiciamiento por un tribunal. Tras acreditarse el pago de los 600.000 pesos, hace unos días, la jueza Noemí Berros decretó la extinción de la acción penal y, en consecuencia, el sobreseimiento del subprefecto. No quedará ninguna mancha en su legajo.