“Nuestro desprestigio se palpa en la calle”

07/03/2024

Lo dijo el presidente del Superior Tribunal de Justicia en la apertura del año judicial. Propuso dictar un Código de Ética que permita fijar los principios que deben regir la función judicial. “De esta forma podremos tener un marco de previsibilidad, codificar conductas deseables y especificar sanciones para los casos de incumplimiento”, señaló.

De la Redacción de Página Judicial 

 

Quedó inaugurado el año judicial, como se lo conoce, luego de que el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Leonardo Portela, le hablara a la comunidad judicial y a los representantes de los otros dos poderes del Estado. Incluido el gobernador, Rogelio Frgierio, presente en la jornada de apertura.  

Ante los presentes en el Salón de Actos de los tribunales, Portela aseguró que el Poder Judicial debe lograr “una gestión abierta y accesible”, pidió empatía a la magistratura y llamó a trabajar por la celeridad de los procesos judiciales.

Lo flanqueaban la vicepresidenta del STJ, Laura Mariana Soage; y sus pares Daniel Carubia, Germán Carlomagno, Susana Medina, Claudia Mizawak, Miguel Ángel Giorgio y Gisela Schumacher. Además asistieron el procurador general, Jorge Amílcar García; y el defensor general, Maximiliano Benítez.

Portela sostuvo que el contexto social “está marcado por una grave crisis de confianza en las instituciones y el Poder Judicial no es ajeno a este desprestigio; no podemos ni debemos ignorarlo. Negarlo –continuó- es pretender tapar el sol con la mano. Nuestro desprestigio no es solamente una sensación personal; se palpa en la calle y circulan encuestas que lo reflejan”. 

Luego de mencionar el impacto que la difusión de noticias ejerce sobre la opinión pública, el presidente del STJ precisó: “Hay un dato de la realidad que también contribuye al desprestigio del Poder Judicial y es que, en los últimos años, afortunadamente, se ha producido una explosión de derechos, a partir de la cual diferentes colectivos, históricamente relegados, han visto por fin reivindicadas sus demandas. El problema es que el Estado, en muchas ocasiones, luego del tratamiento legislativo, no brinda las condiciones para que esos derechos puedan hacerse valer”. 

En ese sentido, entre los obstáculos para el ejercicio de derechos, enumeró motivos estructurales como la carencia de juzgados de Familia y otros coyunturales, como la falta de cargos y de presupuesto suficientes para seguir los casos de violencia de género. “En ocasiones una persona acude al Poder Judicial y plantea una situación que necesita abordaje urgente pero se frustra porque tenemos el grave problema de que se nos asignaron responsabilidades sin recursos”, detalló Portela.

Tras mencionar que la falta de formación ciudadana afecta el ejercicio de derechos, señaló que la demora en la resolución de conflictos “conspira contra la credibilidad del Poder Judicial y, en ese sentido, estamos analizando modificar e incorporar figuras procesales para agilizar los juicios y dar respuestas más rápidas sin que se resienta la calidad del servicio”. 

Y agregó: “Creemos que nuestro deber es responder con humildad y transparencia porque somos empleados públicos y la rendición de cuentas es uno de los principios básicos del sistema republicano de gobierno. Es una de las reglas elementales de la democracia y abre el camino para la madurez institucional”.

Además propuso “una gestión abierta y accesible, pero fundamentalmente empática. Tenemos que ser conscientes de que somos servidoras y servidores públicos con una tarea esencial para la vigencia del Estado de derecho, y que nuestra prioridad debe ser el interés de la ciudadanía. Este principio rector de todo sistema democrático –detalló- es lo que nos obliga a mantener un vínculo fluido y respetuoso con todos los actores institucionales aunque tengamos diferencias personales”.

Por eso llamó a la magistratura “a buscar el equilibrio permanente“ e instó a “trabajar por una justicia cercana a la gente y conocer a las personas sobre quienes nuestras decisiones repercuten. Creo que cuando la distancia se hace irreductible corremos el riesgo de olvidarnos de que detrás de cada expediente hay alguien de carne y hueso esperando una sentencia y, de esa manera, nuestro trabajo pierde su sentido más sublime, que es servir al valor justicia para colaborar con la pacificación social”.

También valoró que la ciudadanía propicie la resolución de conflictos en los tribunales y que los casos de justicia por mano propia “sean casi inexistentes”. Por eso se mostró optimista y consideró que Entre Ríos tiene condiciones y posibilidades para superar la crisis que la afecta “porque las instituciones funcionan”.

Además Portela expresó su preocupación por la cuestión ambiental. Reconoció la necesidad del desarrollo económico, “pero ello no puede concretarse al costo de aniquilar el ambiente. Las generaciones pasadas se aseguraron de que estemos hoy aquí y nosotros tenemos la obligación de transmitir a las generaciones futuras un planeta habitable”.

Según el presidente del STJ “hay que animarse a proyectar y soñar un futuro al margen de las propias convicciones, superar el miedo a la diferencia y construir colectivamente. Esto no implica improvisación, sino capacidad de gestionar la complejidad, debatir con madurez, salir de los pensamientos estancos e inamovibles y transformar el miedo en estímulo”.

Ética judicial

Durante su discurso Portela anunció que el STJ se propone dictar un Código de Ética que permita fijar los principios que deben regir la función judicial. “De esta forma podremos tener un marco de previsibilidad, codificar conductas deseables y especificar sanciones para los casos de incumplimiento. Todo esto sin perjuicio de las facultades sancionatorias del Superior Tribunal de Justicia, la competencia específica del jurado de enjuiciamiento y del poder legislativo en lo que tiene que ver con el juicio político”, detalló.

También consideró que “darle a la ética la importancia que tiene colaborará con la calidad del servicio de justicia y aportará mayor legitimidad a nuestras decisiones”.

Luego de valorar el trabajo del personal del Poder Judicial, Portela admitió sobrecarga en las labores y situaciones de estrés que se ven agravadas por la creciente complejidad y conflictividad de los procesos. “Es por eso que nos comprometemos a tomar medidas concretas, orientadas a prevenir los riesgos psicosociales propios de la labor y promover un clima laboral seguro y sano para proteger la salud mental. Trabajaremos con los gremios en ese sentido”, anticipó. 

Y sobre el final de su discurso aseveró: “En síntesis, asumimos la responsabilidad de ejercer nuestra función con consciencia del tiempo en que vivimos, así como asumimos el compromiso de trabajar con especial dedicación por quienes peor la están pasando a causa de la crisis económica y social que atraviesa nuestro país. Tenemos la firme decisión de enfrentar el descrédito institucional gestionando con humildad y transparencia, con apertura y cercanía, focalizando en el consenso para obtener confianza y recuperar nuestra legitimidad”.

Como invitados también estuvieron presentes la vicegobernadora, Alicia Aluani; la intendenta de Paraná, Rosario Romero; el arzobispo de Paraná, monseñor Juan Alberto Puiggari; el ex vocal del STJ, Miguel Augusto Carlín; la procuradora adjunta, Claudia Carmona; el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein; magistradas y magistrados provinciales y nacionales.