El Poder Judicial en alerta por una situación financiera que considera crítica

21/02/2024

Leonardo Portela advirtió que la situación financiera del Poder Judicial es “crítica” por un recorte presupuestario, la licuación de los fondos que ha provocado la inflación y una demora en la remisión de partidas. Sin embargo, tiró un centro hacia el poder político. También reclamó austeridad a los magistrados y funcionarios.

De la Redacción de Página Judicial

 

El día que Leonardo Portela atravesó la Plaza Mansilla para reunirse con Rogelio Frigerio llevaba una planilla que alertaba sobre una situación que en el Poder Judicial consideran crítica en cuanto a lo económico y financiero.

La comunicación oficial de aquel estreno de Portela como presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) decía escuetamente que había mantenido una “reunión de trabajo” con el gobernador en la que conversaron sobre “necesidades puntuales del Poder Judicial” y “se acordaron pautas para trabajar de manera coordinada en post de mejorar la prestación del servicio de justicia en Entre Ríos”.

Sin embargo, el pulso de aquel encuentro estuvo marcado por la preocupación que existe, a ambos lados de Plaza Mansilla, por el impacto del ajuste en la provincia, según reconstruyó Página Judicial. Hablaron de un tema urticante en un contexto de crisis.

Ahora Portela hizo público un informe en el que explicita al resto de los supremos “la dimensión del crítico estado de situación presupuestaria y financiera” que atraviesa el Poder Judicial.

Con una inflación proyectada en torno al 69,5 por ciento, la Legislatura aprobó un presupuesto superior a los 65 mil millones de pesos para garantizar el funcionamiento de la justicia. Esa cifra representa casi la mitad de lo que habían solicitado los contadores del Poder Judicial para 2024.

Portela detalló que “en la actualidad, y sin tener en cuenta la inflación de enero 2024 (20,6 por ciento), el Poder Judicial de Entre Ríos necesita la suma de 335 millones de pesos mensuales para afrontar gastos de funcionamiento y de bienes de uso”, pero en enero recibió poco más de 145 millones de pesos y en febrero otros 45 millones de pesos, es decir, apenas el 24,7 por ciento. Aunque el presidente del STJ aclaró que “el desfasaje entre lo necesario y lo recibido comenzó antes de que asuma la gestión actual de gobierno”. Entre julio y diciembre de 2023 la diferencia fue del 43,5 por ciento. E hizo un guiño al Gobierno, al señalar que “hay un diálogo fluido” y que había un compromiso de transferir los fondos “a medida que se vayan recibiendo de Nación”. Habrá que ver hasta dónde llega la motosierra, en todo caso.

Ante ese cuadro de situación, dice Portela, el STJ decidió suspender el inicio de nuevas obras, tal como consignara este sitio: “Respecto de las iniciadas, se optó por continuar con las que estaban en un grado de avance importante, casi culminadas (…) Las nuevas obras, algunas imprescindibles, otras necesarias y otras optativas, se dejaron sin efecto”. De 46 obras de conservación y mantenimiento de edificios y otras de expansión en toda la geografía entrerriana que estaban en marcha, solamente se continuaron 16.

“El cuadro de situación es crítico y no permite relajarse en ningún ámbito ni momento. Debemos extremar los gastos y procurar el cobro de cualquier suma que este Poder deba percibir, ya que las tasas actuales de plazo fijo son las que permiten que fondos pertenecientes al Poder Judicial –por tratarse de “rentas afectadas”– solventen, actualmente, los costos de funcionamiento”, enfatizó Portela, al tiempo que instó a magistrados y funcionarios a reducir el gasto, especialmente de “toner, papel, energía eléctrica, etcétera”.

Que la motosierra pase también por el Poder Judicial, es toda una señal de época.

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