Un entrerriano le puso su firma al proyecto para derogar la ley del aborto

08/02/2024

Beltrán Benedit es uno de los firmantes del proyecto impulsado por diputados de La Libertad Avanza para volver a penalizar el aborto, incluso en casos de violación y hasta con penas de cárcel para las mujeres y quienes participen de la intervención. El personal médico también podría quedar inhabilitado para ejercer temporalmente.

De la Redacción de Página Judicial

 

Diputados de La Libertad Avanza presentaron un proyecto para derogar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, aprobada en 2020, y llevar la legislación incluso más atrás de 1921, volviendo a la penalización en casos de violación.

Si bien la noticia se conoció este miércoles, el proyecto fue presentado el lunes 5 de febrero, previo a la caída de la ley ómnibus; fue impulsado por la diputada Rocío Bonacci (Santa Fe), y acompañado por las firmas de Beltrán Benedit (Entre Ríos), María Fernanda Araujo (CABA), Lilia Lemoine (Buenos Aires), Manuel Quintar (Jujuy) y Oscar Zago (CABA), todos de La Libertad Avanza.

Benedit es un ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Católica Argentina (UCA), oriundo de Paraná y de vinculación histórica con el sector agropecuario desde su puesto de director de la Sociedad Rural Argentina (Distrito Entre Ríos) y del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) en la provincia.

En campaña decía que “en Entre Ríos está todo por hacer” y que en el Congreso se debían impulsar iniciativas que estimulen la actividad privada: “Hay que desarrollar la infraestructura, bajar el costo de la energía, los impuestos, capacitar a los jóvenes, desburocratizar el Estado”. Del aborto, ni una palabra.

La iniciativa aparece con la firma de Benedit, aunque unas horas después de difundida la noticia, el diputado lanzó un enigmático mensaje en la red social X en el que dice estar a favor de la derogación de la ley del aborto, pero aclara que el proyecto es de “exclusiva autoría y presentación” de Bonacci. ¿Firmó o no firmó? No lo dice.

Estoy a favor de todos los proyectos que defienden la vida desde la Concepcion hasta la muerte natural. El proyecto de la Diputada @RocioBonacci es de su exclusiva autoría y presentación. https://t.co/5ObrTZwlIt

— Beltrán Benedit (@BeltranBenedit) February 8, 2024

Lo cierto es que el proyecto ingresó a la Cámara de Diputados y supone reformas al Código Penal para castigar con penas de cárcel tanto a las mujeres que decidan interrumpir el embarazo como a los médicos que practiquen el aborto.

Específicamente, prevé penas de tres a diez años de prisión para el que realice un aborto sin el consentimiento de la mujer; y la pena se eleva hasta quince años si el procedimiento derivara en la muerte de la embarazada.

También contempla penas de uno a cuatro años de prisión para el que realice un aborto con el consentimiento de la mujer; y la pena se eleva hasta seis años en caso de muerte de la embarazada.

Además, contempla la inhabilitación por el doble tiempo de la condena para todos aquellos médicos, cirujanos, parteras y farmacéuticos que practicaran un aborto o “cooperaren para causarlo”.

Del mismo modo, penaliza a la mujer que decida abortar, aunque “el juez podrá disponer que se exceptúe de la pena a la mujer en atención a los motivos que la impulsaron a cometer el delito, su actitud posterior y la naturaleza del hecho”.

El proyecto incluso retrocede más allá de 1921, ya que no contempla la posibilidad de practicar un aborto “si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”, como establecía el Código Penal hasta la sanción de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Ahora el aborto no será punible solamente “con el fin de evitar un peligro inminente para la vida de la madre (…) siempre que el peligro no pueda ser evitado por otros medios”.

En los fundamentos del proyecto, los diputados libertarianos se autojustifican: “Respecto de la no punibilidad de los abortos de embarazos originados en una violación, decidimos eliminar la causal de no punibilidad por entender que la misma ha sido sistemáticamente interpretada como una justificación de la práctica. En efecto, creemos que no existe ninguna razón, por dramática que sea, que justifique el descarte de una vida inocente” y agregan: “La tremenda crisis que vive nuestro país no es solo política o económica, es fundamentalmente moral”.

La fundamentación del proyecto no menciona la realidad de los abortos clandestinos ni define por qué remueve a las niñas menores de 13 años como sujetos a quienes el derecho al aborto debe estar garantizado.

Tampoco explican por qué se elimina el concepto de “salud integral” de la mujer como un valor a defender, para dejar solamente un “peligro inminente” de muerte como causal de no punibilidad ni justifica el cambio del concepto de “persona gestante” por “mujer” en el texto, dejando de lado la Ley de Identidad de Género.

A pesar de que la ley de interrupción voluntaria del embarazo fue aprobada en el Congreso y que su constitucionalidad fue ratificada en los tribunales, los diputados de La Libertad Avanza aseguran que la norma “no es constitucional” y que es “contraria al sentir general del pueblo argentino” (sic).

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