Reincorporan a un policía cesanteado por actos de violencia institucional

30/01/2024

El ex gobernador Gustavo Bordet hizo lugar a un pedido de conmutación de pena efectuado por un comisario que había sido condenado en un juicio abreviado en el que reconoció haber golpeado a dos hermanos que utilizaban el wifi de un centro de salud de Las Cuevas. Una decisión infrecuente que es también un llamado de atención.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

En tiempos en que la violencia institucional es un tema que está instalado en la cotidianeidad de los entrerrianos, el Estado ha dado un preocupante paso atrás al admitir la reincorporación de un policía que había sido destituido tras recibir una condena judicial por agredir violentamente a dos personas en ejercicio de sus funciones.

La situación se produjo en las postrimerías del gobierno de Gustavo Bordet. El ex mandatario hizo lugar a un pedido de conmutación de pena efectuado por un comisario condenado a dos años de prisión condicional en un juicio abreviado en el que reconoció haber golpeado a dos hermanos que utilizaban el wifi de un centro de salud de la localidad de Las Cuevas, en el departamento Diamante. La restitución había sido avalada por el jefe de la Policía de Entre Ríos, Gustavo Maslein.

El comisario Oscar Alejandro Seguí fue condenado en un juicio abreviado en el que reconoció haber cometido los delitos de vejaciones agravadas por ser cometidas con violencias y amenazas contra dos hermanos de 21 y 16 años.

Los hechos ocurrieron el 11 de enero de 2016, alrededor de las once de la noche, en el exterior del centro de salud de Las Cuevas. El policía, vestido de civil, arribó intempestivamente –junto con otro efectivo– tras recibir un llamado telefónico que alertaba sobre la presencia de un grupo de jóvenes que molestaban a los vecinos (sic).

Los testigos señalaron que un muchacho de 21 años estaba con su novia utilizando el wifi del centro asistencial y que Seguí los inquirió para que se retiraran del lugar. El comisario se identificó como tal y golpeó al joven en el rostro, luego lo tomó del pelo y volvió a pegarle, ahora en la cabeza, mientras le decía que si no se retiraba le iba a pegar un tiro, lo iba a destripar y que lo arrojaría al río. La chica huyó, asustada; y casi simultáneamente llegó un hermano del muchacho, de 16 años, a quien el jefe de la Comisaría Doll-Las Cuevas empujó contra las rejas del centro de salud y le aplicó varios golpes en la cara y en el torso, previo exigirle a ambos que se retiraran.

El comisario fue condenado en 2018: recibió una pena de dos años de prisión condicional (no efectiva) e inhabilitación especial para prestar funciones de calle por el doble de tiempo de la condena. Unos meses después, en 2019, se le impuso la sanción de destitución por cesantía y fue apartado de la Policía de Entre Ríos.

En 2021, luego de que la justicia dejara sin efecto la inhabilitación especial para desempeñarse como funcionario policial, el comisario se presentó ante el Jefe de Policía solicitando una conmutación de la pena de cesantía por otra más benigna.

El Reglamento General de la Policía le asigna al jefe de la fuerza la facultad de “remisión o conmutación de las penas” que él mismo impone; y elevar el pedido al Poder Ejecutivo “cuando lo estime conveniente y la decisión exceda de sus facultades”. En este caso, había sido el Gobernador quien dispuso la expulsión de Seguí, de modo que el pedido debía ser analizado y resuelto por Bordet.

Mediante el Decreto Número 3.996, publicado hace unos días en el Boletín Oficial, el ex gobernador Bordet dispuso la conmutación de la pena de destitución por cesantía que había recibido el comisario Seguí; en cambio, le impuso 45 días de arresto y posibilitó su reingreso a la Policía.

La decisión, novedosa por lo infrecuente, es un llamado de atención. De hecho, los organismos de derechos humanos de la provincia han venido advirtiendo en los últimos años sobre una escalada de violencia institucional, con el ojo puesto principalmente en “la reproducción de prácticas violentas en los cuerpos policiales y penitenciarios”.

“Con su inacción o aquiescencia ante la violencia institucional, este Estado provincial expone no solo a ciudadanos y ciudadanas a la escalada de violencia estatal, sino también a las y los propios agentes de las fuerzas de seguridad, a quienes se termina por educar y empujar hacia la violencia”, advirtieron los organismos de derechos humanos en un duro comunicado que dieron a conocer a mediados de gestión.

Tal vez sea también un llamado de atención para el nuevo gobierno.