Juristas rechazaron la reforma penal del Gobierno por limitar la protesta

19/01/2024

Académicos y juristas presentaron una nota en la que argumentan que las reformas incluidas en la ley ómnibus restringen los derechos de “reunión, asociación, expresión y petición”. Entre los firmantes está el fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, Ricardo Álvarez.

De la Redacción de Página Judicial

 

El capítulo dedicado a las reformas penales incluido en la ley ómnibus, que por estos días continúa en debate en la Cámara de Diputados de la Nación, sumó un nuevo rechazo: esta vez lo hicieron juristas y académicos, quienes presentaron una carta en la que advierten que el control de la protesta social “restringe ilegítimamente derechos políticos básicos”.

El documento fue presentado esta semana al presidente de la Comisión de Legislación General, Gabriel Bornoroni (La Libertad Avanza-Córdoba), rechazando la reforma penal que propone el proyecto por limitar la protesta social, un apartado promovido por la ministra Patricia Bullrich en su protocolo anti-piquetes.

El documento lleva la firma, entre otros, del fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, Ricardo Álvarez, quien lo hizo en representación de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), donde ha construido una carrera como docente desde hace décadas y es también consejero directivo.

Los juristas mencionan que la reforma penal incluida en la ley ómnibus “incrementa la punición de específicas conductas vinculadas a reclamos sociales en la vía pública y favorece privilegios de agentes estatales, por ejemplo, la presunción en el uso proporcional de la fuerza”.

El proyecto impulsado por el gobierno minarquista de Javier Milei incorpora en el Código Penal nuevos controles a las manifestaciones y agrava las penas por los cortes de calle, estableciendo castigos de hasta tres años y medio de prisión para quien “impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento”, es decir, eleva las sanciones que actualmente son de hasta dos años de prisión; y también penaliza especialmente a los organizadores de los cortes y los hace solidarios por los daños que pudieran producirse.

En ese sentido, el documento firmado por juristas y académicos sostiene que la propuesta de reforma “restringe ilegítimamente derechos políticos básicos como los de reunión, asociación, expresión y petición, que vehiculizan el ejercicio de otros, como los económicos, sociales y culturales” y agregan que “la regulación pretendida incumple las mínimas exigencias impuestas por el sistema universal y regional de protección de los Derechos Humanos, como los principios básicos de subsidiariedad, legalidad estricta, ofensividad y culpabilidad, derivados del Estado de Derecho”.

Incluso señalan que el aumento de las penas previstas para quienes organizan o participan de una protesta “resulta distorsiva al esquema de proporcionalidad de las escalas codificadas” y agrega que “el uso del aparato punitivo constituye una de las tentaciones para procurar solucionar conflictos que no responden precisamente al propósito del Derecho Penal”.

Los juristas y académicos, que también ocupan cargos en el Poder Judicial, advierten que no hay necesidad para esta reforma, que efectivamente beneficia a agentes públicos, como la Policía, e impide el “acceso a la jurisdicción a las víctimas”, por lo que viola los derechos humanos y vulnera los compromisos internacionales.

Por último, señalan que “la urgencia extraordinaria en el tratamiento de los cambios impulsados, que ingresan sin rigor técnico y detalle sistemático, requiere –de contrario– un profundo y preciso tratamiento por ante la Comisión de Legislación Penal en resguardo esencial de nuestro sistema de democracia constitucional que guarda a la ley como su producto más excelso”.

El documento está firmado, además, por el presidente de la Asociación Argentina de Derecho Penal, Alejandro Slokar, en representación de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de la Universidad Nacional de La Plata (UNL); Daniel Erbetta, juez de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe y representante de la Universidad Nacional de Rosario (UNR); Omar Palermo, de la Universidad Nacional de Cuyo; Carlos Caramutti, de la Universidad Nacional de Tucumán; Marcelo Riquert, de la Universidad Nacional de Mar del Plata; Javier De Luca, de la UBA; y Matilde Bruera, de la UNR.