La ley ómnibus y el gatillo fácil

08/01/2024

El proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos endurece las restricciones y las sanciones penales para participen de protestas en la vía pública. También amplía el margen para que los uniformados puedan disparar en caso de “legítima defensa”. Qué dice el artículo que encaja en el caso de Gabriel Gusmán.

De la Redacción de Página Judicial

 

El proyecto de ley ómnibus impulsado por el gobierno de Javier Milei contiene un capítulo dedicado al control de la protesta social que contempla, entre otros aspectos, un aumento de las penas para manifestantes, al punto de volverlas no excarcelables, y el absurdo que para juntarse tres o más personas en un espacio público deberían pedirle permiso al Ministerio de Seguridad.

¿Acaso un padre o una madre deberían pedirle permiso a Patricia Bullrich para llevar a sus hijos a una plaza? ¿Deberían hacerlo los amigos que esperan el resultado de un examen para saludar y enlodar a un flamante egresado?

En todo caso, la reforma que propone el Gobierno a través del protocolo anti-piquetes, refrendado en la ley ómnibus, rememora aquel tiempo en que la Policía hostigaba a las Madres de Plaza de Mayo con una consigna: “¡Circulen, circulen!”. Como no podían reunirse bajo el estado de sitio, aquellas mujeres heroicas de la historia argentina comenzaron a dar vueltas alrededor de la plaza.

El proyecto modifica el Código Penal y la Ley Nacional de Tránsito, eleva las penas para quienes interrumpan la circulación de transportes o servicios e incorpora la figura de “organizadores” para criminalizar a cualquier ciudadano que convoque tres o más personas y lo hace pasible de multas por daños.

“¿Compartir un flyer en redes sociales es convocar a una manifestación?”, se preguntó la abogada Lucía Tejera, querellante en causas por crímenes de la dictadura en Entre Ríos y representante de los familiares de víctimas de gatillo fácil y violencia policial.

Gabriel Gusmán fue asesinado el 25 de septiembre de 2018. Tenía 19 años. Alrededor del mediodía, la Policía intervino a raíz de una pelea entre vecinos del barrio Capibá, en la zona sur de la ciudad de Paraná. Rodrigo Molina y Diego Sebastián Íbalo arribaron a bordo de un patrullero, con las sirenas encendidas, e inmediatamente los grupos se dispersaron. Gusmán también lo hizo. Testigos coinciden en que estaba armado y que huyó corriendo por un descampado hasta meterse en un terreno baldío.

Los testimonios recogidos durante la investigación penal preparatoria distinguen el enfrentamiento entre las dos bandas antagónicas de la persecución policial posterior; y no pocos vieron a Gabriel Gusmán detenerse, levantar las manos y llevarlas a la cabeza en señal inequívoca de rendición.

Dos de ellos cuentan que, en ese momento, el policía al que describen como “el más bajito y morocho”, que sería Molina, se bajó del patrullero, corrió, se afirmó sobre un poste ubicado en el lado izquierdo del terreno, apoyó una rodilla en el piso como en posición de tiro, sostuvo la pistola con firmeza, apuntó y disparó.

La reforma propuesta encaja perfectamente en este caso. Es el apartado que habla de los casos de “legítima defensa”, el argumento policial en este y otros casos. La iniciativa incorpora al Código Penal un artículo que sostiene que “quien comete un delito, aun en grado de tentativa, así como sus parientes, en caso de fallecimiento, carecen de acción para querellar o demandar a quien hubiera repelido la acción o impedido la huida, aunque no concurrieren los eximentes de este artículo en favor de quien se defiende u obre en ejercicio de su deber, autoridad o cargo”.

El abogado Marcelo Boeykens, ex coordinador del Registro Único de la Verdad, considera que esta reforma constituye “un avasallamiento de derechos constitucionales y convencionales y atañe particularmente a Paraná porque borrar de un plumazo la figura del querellante o del particular damnificado, en el que acusación pública decidió no acusar a los policías involucrados y la causa se sostuvo por la acusación de la familia, con la representación jurídica de Lucía Tejera y José Iparraguirre, quienes llevaron adelante la querella particular mediante la figura del particular damnificado”.

Lo que intenta explicar el abogado, en diálogo con Página Judicial, es un proceso inédito en la justicia provincial: que el hecho se investigue sin la intervención del Ministerio Público Fiscal y que la querella particular continúe con la investigación en forma autónoma.

Un proceso inédito se abre en la justicia provincial: la Cámara de Casación Penal de Paraná habilitó a los abogados que representan a la familia de Gabriel Gusmán, el joven asesinado por una bala policial, a que investiguen las circunstancias en que se produjo el crimen sin la intervención del Ministerio Público Fiscal; cumpliendo ellos esa función, aunque con algunas limitaciones y bajo el control de un Juez de Garantías.

“Lo que se intenta con esta reforma es que no haya más acción particular, y si la acusación pública no avanza, estos casos van a quedar impunes. Lo que se busca, precisamente, es la impunidad de las fuerzas represivas y que se puedan implementar las políticas neoliberales de ajuste que no cierran sin represión”, concluyó Boeykens.