La Asociación de la Magistratura rechaza los cambios en la Ley Micaela

05/01/2024

El proyecto de ley ómnibus introduce modificaciones sustanciales en la Ley Micaela, que hace obligatoria la capacitación en género para todos los integrantes del Estado. El gremio de jueces, fiscales y defensores advirtió que “implican un retroceso en el camino hacia una sociedad más justa y equitativa para todas las personas”.

De la Redacción de Página Judicial

 

La Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos expresó su “preocupación” ante las modificaciones que plantea el proyecto de ley ómnibus en materia de políticas de género y, específicamente, respecto de la Ley Micaela.

“Las variaciones pretendidas dejan sin efecto la obligatoriedad de la capacitación en género para los y las integrantes de los tres poderes del Estado, en contradicción con las obligaciones asumidas por el Estado argentino ante los organismos internacionales de derechos humanos”, advirtió el gremio de jueces, fiscales y defensores.

El proyecto de ley ómnibus que el gobierno de Javier Milei envió al Congreso cambia distintos artículos de la Ley Micaela, entre los que se cuenta que ya no deberán capacitarse todos los trabajadores del Estado, sino quienes se desempeñen “en los organismos competentes en la materia” y no la totalidad de las personas que integran los tres poderes del Estado; o, lo que es lo mismo, gran cantidad de reparticiones van a dejar de recibir la capacitación obligatoria.

Además, el proyecto oficial plantea eliminar al Instituto Nacional de las Mujeres como autoridad de aplicación de la ley y lo reemplaza por el Ministerio de Capital Humano, en el que recae prácticamente tanto la generación de los contenidos como las decisiones acerca de las capacitaciones.

Al respecto, la Asociación de la Magistratura expresó que “la Ley Micaela constituye una conquista en la progresiva construcción de respuestas a los múltiples femicidios y violaciones a los derechos de las mujeres y otros colectivos discriminados por razones de género” y advirtió que “las modificaciones pretendidas implican un retroceso en el camino hacia una sociedad más justa y equitativa para todas las personas”.

En el mismo sentido, desde la Fundación Micaela García “La Negra”, impulsada por los padres de la joven asesinada, señalaron que “muchos de los femicidios ocurren por falta de perspectiva de género de quienes toman las denuncias (policías, agentes judiciales, etcétera)” y resaltaron que “ninguno de ellos se desempeñaba en la función pública en un organismo competente en la materia”.

La Fundación también destacó el rol del Estado “en la promoción de derechos y la prevención de las violencias” y agregó: “Creemos en la necesidad de trabajar en ese sentido porque la violencia de género no se explica ni se resuelve solo desde lo judicial, sino en la prevención y el conocimiento que se generan las capacitaciones en la Ley Micaela. Si hay un delito o crimen es porque llegamos tarde. Capacitarnos y trabajar en la erradicación de la discriminación y los prejuicios de género es fundamental para vivir en una sociedad mejor y más libre”.