El estreno fallido de la Ficha Limpia

29/12/2023

Finalmente, Eduardo Horacio Cristina no será presidente de la Codesal, el organismo que tiene por objetivo impulsar el desarrollo turístico de la región de Salto Grande. El ex precandidato a intendente de Concordia estaba imputado en una causa por contrabando que resolvió mediante el pago de una reparación por 18 millones de pesos, pero dejó en offside al Gobierno.

Juan Cruz Varela
De la redacción de página judicial

 

A poco de andar, el Gobierno dio un paso en falso.

Tras anunciar que impulsará un proyecto de Ficha Limpia, el Gobierno dejó trascender que Eduardo Horacio Cristina estaría al frente de la Corporación para el Desarrollo de Salto Grande (Codesal), un organismo que tiene por objetivo impulsar el desarrollo turístico de la Región del Perilago. Diez días después, y escándalo mediante, Rogelio Frigerio dio marcha atrás y Cristina quedó afuera.

Cristina fue presidente del Ente Mixto de Administración del Parque Industrial (Emapi), designado por el peronista Alfredo Francolini, y precandidato a intendente de Concordia por Juntos por el Cambio, aun arrastrando un interminable proceso penal que lo tenía procesado como integrante de una especie de aduana paralela que habría realizado reiteradas maniobras de contrabando de mercaderías en tránsitos internacionales terrestres desde Uruguay hacia Chile, a través de la Aduana de Concordia.

En su caso, la causa concluyó luego de las elecciones primarias, cuando aceptó someterse al instituto de reparación integral como una vía alternativa para la extinción de la acción penal, es decir, Cristina no será condenado, pero a cambio deberá resarcir al Estado con una reparación dineraria a favor de instituciones de bien público.

La reparación integral del daño es una vía alternativa para la solución de conflictos, a los fines de descomprimir el sistema judicial penal; consiste en el cumplimiento unilateral por parte del imputado de una serie de obligaciones tendientes a resarcir las consecuencias del accionar ilícito que se le reprocha. Se utiliza usualmente en el ámbito de los delitos aduaneros y, en estos casos, la reparación debe abarcar, como mínimo, la satisfacción incondicional de las obligaciones tributarias evadidas.

Para tener su ficha limpia, Cristina debió efectivizar pagos por un total de 18 millones de pesos a favor del Hospital Felipe Heras de Concordia, la Asociación de Bomberos Voluntarios de Concordia, Bomberos Voluntarios de Colón, la Fundación Huertas de Cannán de Paraná, la Fundación Luz de Vida de Paraná y el Centro Huella.

La “ficha limpia” es una denominación que refiere a la determinación de ciertas limitaciones al derecho que tienen las personas a participar en política, basadas en la existencia de una condena penal por la comisión de delitos graves o por hechos de corrupción incompatibles con la función pública. La jurisprudencia indica que las inhabilitaciones rigen a partir de que la sentencia quede firme; aunque algunos constitucionalistas sostienen que ninguna persona imputada y condenada estaría en condiciones éticas para asumir un cargo público.

La aduana paralela

Eduardo Cristina se desempeñaba como despachante de aduanas y estaba acusado de haber conformado una supuesta aduana paralela que habría causado un daño al Estado nacional.

A fines del año 2003, la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando (Ufitco) detectó un fraude en el que estaban involucradas varias empresas argentinas, funcionarios aduaneros de Concordia y transportistas.

La acusación apuntaba directamente contra la Aduana de Concordia ante la sospecha de que habría avalado el ingreso al país de distintos productos procedentes de Uruguay con destino a Chile cuyo valor era superior al que se declaraba ante la autoridad aduanera.

En un caso, por ejemplo, se constató el ingreso al país de un camión que había declarado un cargamento de productos textiles, artículos de computación, bazar, del hogar, ferretería y otros con destino a Iquique, a través de la aduana de Concordia, por un valor de 22.600 dólares; sin embargo, al ser requisado se constató que llevaba artículos de electrónica e informática por más de 370 mil dólares.

A lo largo de la investigación se constataron 42 operaciones en las que ingresaban al país cargamentos procedentes de Uruguay cuyo valor era superior al que se declaraba ante la autoridad aduanera. Lo que hacían era descargar en la Argentina el excedente no declarado para ingresarlo al mercado local.

Las operaciones de tránsito internacional se habrían realizado de tal manera que la mercadería que egresaba realmente de la República Oriental del Uruguay, en tránsito por Argentina con destino a Chile, y cuyo detalle genérico se encontraba plasmado en los documentos respectivos de salida del Uruguay presentado ante la Aduana de Concordia, no se correspondía con la efectivamente transportada y la que posteriormente, llegaba al país trasandino, a pesar de que hacían coincidir los datos correspondientes al peso, cantidad de bultos y valor de mercadería.

Ello hacía presumir que se producía una descarga ilegal en territorio argentino de la mercadería de mayor valor y carga arancelaria, burlando así el control aduanero nacional.

En ese esquema intervenían empresarios argentinos, uruguayos y chilenos; transportistas, despachantes de aduanas y personal de la Aduana de Concordia. Eduardo Cristina era despachante de aduana, es decir, quien realizaba en nombre de las empresas el servicio aduanero, trámites y diligencias relativos a la importación, exportación y demás operaciones.

Sus obligaciones legales no se limitaban a un mero trabajo administrativo de transcripción de datos en planillas, sino que debía controlar el correcto trámite de las operaciones aduaneras y el efectivo destino de los elementos declarados. Pero los investigadores llegaron a presumir que habría firmado actas de inspección falsas sobre mercadería que había en los contenedores a sabiendas.

Cristina será sobreseído una vez que cumpla con las obligaciones que le impuso el Tribunal Oral Federal de Paraná; pero la causa continúa abierta respecto de imputados de nacionalidad chilena, que fueron declarados en rebeldía y se dispuso su captura.