Otra vez deberán revisar las penas de los médicos del IPP

27/12/2023

Un tribunal de casación anuló por segunda vez la sentencia que imponía penas de nueve años de prisión para Miguel Torrealday y seis años para Jorge Eduardo Rossi, los propietarios del Instituto Privado de Pediatría, condenados por robo de bebés durante la última dictadura cívico-militar.

De la Redacción de Página Judicial

 

La Cámara Federal de Casación Penal anuló nuevamente las penas que les habían sido impuestas a los médicos Miguel Alberto Torrealday y Jorge Eduardo Rossi, condenados por robo de bebés durante la última dictadura cívico-militar.

El tribunal integrado por los jueces Guillermo Yacobucci, Ángela Ledesma y Alejandro Slokar hizo lugar a los planteos efectuados por los defensores de los médicos, dueños del Instituto Privado de Pediatría (IPP), condenados por los delitos de sustracción y sustitución de identidad de los hijos mellizos de Raquel Negro y Edgar Tulio Valenzuela, nacidos en el Hospital Militar de Paraná en 1978.

A fines de octubre de 2018, el Tribunal Oral Federal de Paraná condenó a los médicos: Torrealday recibió una pena de nueve años de prisión, mientras que Rossi y David Vainstub (fallecido) recibieron una pena de seis años. La cámara de casación confirmó la responsabilidad de los médicos en mayo de 2023, pero dispuso que se revisen los montos de las penas; y en septiembre se ratificaron las penas.

Ahora, por segunda vez, la Cámara Federal de Casación Penal anuló las penas impuestas a los médicos, dejó sin efecto la prisión preventiva dictada para ambos bajo la modalidad domiciliaria y ordenó que se fije una nueva audiencia para determinar la pena que les corresponde a los profesionales.

Raquel Negro y Tucho Valenzuela fueron secuestrados en enero de 1978 en Mar del Plata y llevados en cautiverio al centro clandestino de detención Quinta de Funes, en las afueras de Rosario. Con ellos estaba Sebastián, el hijo mayor de ella, y Raquel cursaba un embarazo de siete meses. El Ejército intentó utilizar a Tucho como cebo para asesinar a la cúpula de Montoneros en México, pero el militante denunció la maniobra y abortó el plan criminal.

Raquel, en tanto, quedó bajo custodia de la fuerza represiva. Según testimonios, entre febrero y marzo la trasladaron al Hospital Militar de Paraná para esperar el parto; permaneció internada con una identificación falsa como sobrina del dictador Leopoldo Galtieri.

Los mellizos nacieron en el Hospital Militar, presuntamente, el 27 de febrero; desde allí fueron trasladados al IPP, cuyos dueños eran Torrealday, Rossi, Vainstub y Ángel Luis Schroeder. Desde esa clínica privada fueron entregados y enviados a destinos diferentes a los de sus familias biológicas. Sabrina restituyó su identidad en 2008, pero se desconoce el paradero del mellizo.

En mayo pasado, el tribunal de casación consideró que “la entrega de los menores por parte de las autoridades del IPP a quienes no se mostraban investidos jurídicamente de ninguna competencia legal para retirarlos indica que, desde el inicio de la recepción de los niños, las autoridades de la clínica, al menos, conocían la situación irregular en la que estaban interviniendo y que se explica a partir de su vínculo con comportamientos cualificados en la condena”. Pero advirtió que las penas no guardaban una proporcionalidad con las que antes había impuesto el tribunal de juicio a los responsables militares del robo de bebés.

La jueza Noemí Berros, del Tribunal Oral Federal de Paraná, ratificó ratificado las penas impuestas en el juicio bajo el argumento de que los médicos habían prestado voluntariamente un aporte para la concreción de un delito y que hasta el día de hoy mantiene un “pacto de silencio” que no permite conocer el paradero del mellizo.

El tribunal de casación señaló ahora que la jueza Berros incurrió en “un palmario apartamiento de lo ordenado” por la casación al confirmar las penas y agregó que “la magistrada insiste en analizar cuestiones que ya fueran zanjadas por esta Cámara y que, independientemente de la posición de los acusadores durante la audiencia llevada a cabo en esa sede, resultan vinculantes”.

Así las cosas, es de esperar que recién en febrero se constituya un nuevo tribunal para determinar las penas que les correspondan a los médicos. Para ello deberán ser convocados los abogados Miguel Cullen, defensor de Torrealday; José Velázquez y Cristhian Panceri, en representación de Rossi; como también el fiscal José Ignacio Candioti; y los querellantes Lucía Tejera, Sofía Uranga y Marcelo Boeykens, que representan a Sabrina Gullino Valenzuela Negro. Cada uno hará su pedido.

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