La escudería judicial de Frigerio

18/12/2023

El nuevo Gobierno está terminando de delinear la Ley de Ministerios que moldeará la gestión de Rogelio Frigerio. La centralidad de Néstor Roncaglia a partir de la reestructuración de distintas áreas; la relación con el Poder Judicial y las prioridades en materia de seguridad. El nuevo rol de la Policía. Qué dijo en sus reuniones con el STJ y el procurador.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

Rogelio Frigerio viene transitando con los primeros días como gobernador. El gesto adusto que exhibe en las fotos oficiales es la muestra más clara de ello. Sobran los motivos, como dice la canción.

Mientras tanto, el gobernador va terminando de completar algunos casilleros de la administración pública y ajustando una serie de reformas normativas que le darán forma al nuevo gabinete, a partir de la reestructuración de distintas áreas y sus implicancias en las propuestas que atañen al sistema judicial y a las políticas de seguridad.

La novedad más importante es una modificación de la Ley de Ministerios para formalizar el desdoblamiento del Ministerio de Gobierno y Justicia. Néstor Roncaglia, ex jefe de la Policía Federal, estará a cargo del Ministerio de Seguridad y Justicia; mientras que Manuel Troncoso quedará al frente del Ministerio de Gobierno y Trabajo (¿y Educación?).

Roncaglia tendrá a su cargo tres áreas clave en el nuevo esquema: la Secretaría de Justicia, encabezada por Martín Acevedo Miño; la Policía de Entre Ríos, donde designó a Claudio González y Cristian Hormaechea, como jefe y subjefe; y una Secretaría de Asuntos Penitenciarios, cuyo titular no ha sido anunciado, aunque ya estaría definido, según indicaron voceros del gobierno a Página Judicial.

Bajo su órbita quedará también el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, el órgano asesor del Poder Ejecutivo para la designación de jueces, fiscales y defensores. Como presidente fue designado el abogado Héctor Mauro Vazón, principal referente del PRO en Concepción del Uruguay; y Rodrigo Devinar será el secretario general. El nombramiento de este último es inquietante y abre lugar a un sinfín de especulaciones. Devinar fue secretario del Concejo Deliberante de Paraná cuando Josefina Etienot era viceintendenta y Sebastián Orlando Bertozzi, su asesor. Orlando es el marido de Cecilia Goyeneche, la ex procuradora adjunta que espera un último voto antes de conocer qué tiene para decir la Corte Suprema sobre su destitución. En el Poder Judicial miran estos movimientos con atención. De un lado y del otro de la grieta.

En tanto, Esteban Vitor, que ha impulsado numerosos proyectos para reformas en materia judicial, será el encargado de cuidar la firma de Frigerio desde la Secretaría Legal y Técnica; y el inoxidable Julio Rodríguez Signes seguirá al frente de la Fiscalía de Estado.

Vitor se ha destacado como uno de los legisladores más laboriosos en sus ocho años como diputado y le ha puesto la firma a numerosos proyectos orientados a reformas en el sistema de justicia. Ha impulsado, por ejemplo, la reglamentación del procedimiento de juicio político y una actualización de la ley que determina el funcionamiento el jury de enjuiciamiento, con la incorporación de la sociedad civil y establecer un mecanismo para saldar el vacío en el caso de que un miembro del Ministerio Público Fiscal sea denunciado, como ocurrió en el proceso contra Goyeneche. Su propuesta, en este caso, prevé la intervención de un fiscal ad-hoc ajeno a la estructura del acusador público.

Las formas y el fondo

El 11 de diciembre, en su discurso de asunción, Frigerio anunció un paquete de reformas que impulsará en el corto plazo en materia judicial: una ley del arrepentido, la denominada ficha limpia y la ley de extinción de dominio. En todas ha trabajado Vitor cuando era legislador. Estas iniciativas serán presentadas para ser tratadas en el próximo período de sesiones ordinarias.

Lo urgente en la agenda oficial es el tratamiento de la nueva Ley de Ministerios, que ingresará esta semana para su tratamiento en la Legislatura. La normativa vigente, con la que gobernó Gustavo Bordet durante ocho años, nunca tuvo cumplimiento efectivo y el ex mandatario diseñó su administración por una ley anterior.

Pero Frigerio pretende desdoblar las áreas de Gobierno y Justicia y eso abre otra cuestión a resolver: resulta que el Reglamento General de la Policía establece que la fuerza “depende del Poder Ejecutivo y directamente del Ministerio de Gobierno”, lo que obligaría a su modificación para dejarla bajo la órbita de Roncaglia. Lo mismo ocurre con el Servicio Penitenciario. “Eso es lo de menos”, dicen en el Gobierno.

En la nueva ley también se establecerá que será Roncaglia quien entenderá en las relaciones con el Poder Judicial. El ministro ya se reunió informalmente con la cabeza del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y transmitió su idea de que la Policía no es un apéndice sino un auxiliar de la justicia. Parece algo semántico, pero es más profundo. Lo que sugiere el ministro es que la seguridad ciudadana no es de responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo.

El mismo mensaje le transmitió al procurador general, Jorge Amílcar Luciano García, a quien le pidió una mayor presencia de fiscales en las calles. Cerca de García dicen que frunció el ceño escuchando al ministro.

Habrá que ver si con el devenir de la gestión será Roncaglia quien gestione políticamente con el Poder Judicial o si delegará en Acevedo Miño, el secretario de Justicia.

Entre sus competencias funcionales, Roncaglia también tendrá a su cargo el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Juntos por el Cambio rechazó enérgicamente la reforma del organismo en 2022 y durante la campaña se anunció que intentarían cambiar la ley. “Si llegamos al gobierno, como creemos, vamos a derogar esta ley”, había dicho Esteban Vitor en una conferencia de prensa el mismo día en que se aprobaron las reformas.

El punto que más controversia generaba en Juntos por el Cambio era la posibilidad de que cualquier concursante pudiera llevar sus planteos recursivos directamente al STJ, en una especie de per saltum, obviando hacerlo ante el propio Consejo de la Magistratura, como era en la ley anterior.

Sin embargo, un año después, en el gobierno prefieren esperar. “Hay que rever su funcionamiento”, admitió en off un funcionario consultado por Página Judicial. Pero no quieren ir a un enfrentamiento directo con el STJ en el inicio de la gestión.

En materia de seguridad, el desafío más importante es la lucha contra el narcotráfico, que para Roncaglia representa uno de los principales problemas en la Argentina. En ese plano, centrará su gestión en dos ejes. Por un lado, la lucha contra el crimen organizado; por el otro, el narcomenudeo o microtráfico.

El ministro tiene previsto reestructurar la Dirección de Toxicología de la Policía, profesionalizar el área dotándola de equipos multidisciplinarios especializados en la investigación del lavado de activos y el crimen organizado. Su idea es aceitar el trabajo con los jueces federales a través de esta estructura. “A estos tipos hay que buscarlos en las concesionarias de autos, en el desarrollo de emprendimientos inmobiliarios. El narcotráfico, indefectiblemente, termina en el lavado de activos”, dijo hace un tiempo en una entrevista/perfil que publicó la Revista Cicatriz. Agregó que la sustancia no es un capital costoso para las organizaciones del narcotráfico: “Es tan grande la diversificación en inversiones que hacen, que les permite tener rentas considerables para reponer su stock en poco tiempo”.

En otro plano, Roncaglia ha ratificado la ley provincial de narcomenudeo porque considera que los kioscos en los barrios son un engranaje desde donde se generan consumidores que, con el tiempo, van tejiendo relaciones con el microdelito y terminan convirtiendo a los jóvenes en soldaditos de las bandas narco.

El ministro cree en la capacidad del subjefe de la Policía, Hormaechea, para gestionar esta nueva estructura e impuso su nombre a pesar de algunos reparos que generaba hacia el interior de la fuerza. Sus detractores recuerdan que en 2021, en un juicio a un policía acusado por un caso de gatillo fácil, Hormaechea lo defendió diciendo que la capacitación de los policías luego de que egresan de la escuela de oficiales “es prácticamente nula”. Esa aseveración respecto de la falta de capacitación e idoneidad de los policías en el manejo de armas provocó en su momento la reacción de las autoridades políticas y un “llamado al orden”.

La semana pasada, una foto le generó a Roncaglia un nuevo reto. Es la que lo muestra en la asunción de las nuevas autoridades de las fuerzas federales, junto a Patricia Bullrich. Esa postal encendió las alarmas entre los organismos de derechos humanos de la provincia, luego de que la ministra nacional enunciara una serie de medidas para reprimir la protesta social. ¿Adherirá Entre Ríos? En el Gobierno creen que no hay un clima de conflictividad social que lo amerite. Pero tampoco lo descartan.