El escándalo que involucra a la Policía Caminera en la venta de autopartes

28/11/2023

Efectivos de Gendarmería allanaron el Puesto Caminero Brazo Largo, en el sur entrerriano, en el marco de una investigación ventilada por Página Judicial que involucra a policías provinciales por pedido de coimas a automovilistas y operaciones de compra y venta de autopartes de vehículos bajo resguardo judicial. La Policía dio intervención a la División Asuntos Internos y dos jefes fueron desplazados.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

La Policía de Entre Ríos es una institución compleja. Tan compleja que, sin caer en generalizaciones injustas –y poco prácticas, porque nos llevarían a discutir mucho y no hacer nada–, es posible afirmar que al interior de la fuerza se desempeñan agentes que mantienen una fuerte vinculación con el delito.

Una hipótesis posible sería que hay policías que utilizan la estructura legal para la ilegalidad y que, a lo largo de la historia, hay agentes que incorporan la metodología de los grupos a los que combaten.

La semana pasada, efectivos de Gendarmería, por orden de un juez federal, allanaron el Puesto Caminero Brazo Largo, el primer punto de control para quienes ingresan a la provincia desde el sur, ante la sospecha de que policías de esa dependencia podrían estar implicados en distintas variantes delictivas, desde la posible venta de autopartes hasta el cobro de coimas a automovilistas que circulan en infracción a la ley de tránsito. Por este puesto circulan diariamente unos 7 mil vehículos, una cifra que crece hasta los 12 mil, aproximadamente, durante los fines de semana.

La investigación tiene una historia que comenzó hace aproximadamente cuatro años, ante la sospecha de que policías provinciales habrían brindado protección a una organización dedicada al narcotráfico que operaban en distintas localidades del sur entrerriano, pero los allanamientos se precipitaron luego de que Página Judicial develara la trama de la pyme de negocios ilegales de los policías.

Lo cierto es que aquella pesquisa no sumó elementos que confirmaran la sospecha de una connivencia con la organización encabezada por Vicente Teodoro Pineda, alias Tigre, que terminó condenado por delitos de narcotráfico.

Sin embargo, se detectaron otras variantes delictivas que provocaron un escándalo hacia el interior de las filas policiales: por un lado, se detectó que policías se dedicaban a la extracción de neumáticos de vehículos resguardados en depósito judicial en el puesto caminero y el recambio de autopartes de automóviles secuestrados por otras inservibles.

Otra variante del negocio funcionaría a través de la entrega de información sobre vehículos secuestrados en diferentes procedimientos policiales a terceros que se dedican al recupero de automóviles involucrados en causas de robo de automotor. En esta hipótesis, policías venderían información y los terceros, a su vez, cobrarían por el servicio de “recupero” de vehículos.

En la mira de la justicia quedaron Cristhian Villanueva y Armando Zavala, jefe y subjefe del puesto caminero. Ninguno ha sido formalmente imputado hasta el momento, pero la Dirección de Asuntos Internos de la Policía anunció que abrió una investigación administrativa sobre lo sucedido y se dispuso la separación de sus cargos.

A lo largo de la investigación se han acumulado pruebas, testimonios y decenas de horas de escuchas telefónicas en las que aparecen funcionarios policiales en situaciones muy comprometedoras, especialmente uno de ellos, según indicaron distintas fuentes.

Unidad de negocios

Los desarmaderos de autos han sido en otros tiempos uno de los clásicos negocios ilegales de la Policía. Pequeñas empresas de funcionamiento tan ilícito como redituable: se trata de desguazar vehículos levantados en la calle –en este caso secuestrados por orden judicial– para vender sus partes a reducidores.

De resultas de la investigación sobre la organización narco, la Unidad de Reunión de Información de Gendarmería redactó un informe reservado donde se detallaba que las actividades ilícitas serían ejecutadas en forma conjunta por personal dependiente del Puesto Caminero Brazo Largo, “quienes estarían involucrados en el recambio y extracción de autopartes de los rodados secuestrados y contarían, para ello, con la colaboración de personas oriundas de la provincia de Buenos Aires”.

En ese marco, la semana pasada se realizó también un allanamiento en un taller mecánico de Buenos Aires en el que fueron detenidas dos personas. La causa se encuentra bajo secreto de sumario, pero varias fuentes describieron los hallazgos como sorprendentes: según el portal de noticias Radio 2820 de Gualeguaychú, allí se encontró una camioneta de la Brigada de Abigeato de la Policía de Entre Ríos. Los investigadores se preguntan qué hacía allí. Por ahora no hay respuestas, solo especulaciones.

La investigación sigue su curso y existen fuertes sospechas de que otros efectivos policiales, incluso de otras jurisdicciones, podrían estar involucrados.

Es que el informe de Gendarmería advirtió que “en relación a los efectivos policiales vinculados a actividades ilícitas relacionadas con el incumplimiento de su función (…) deberían ser investigados en el marco de la justicia jurisdiccional que corresponda”.

Por eso se están realizando pericias sobre más de cincuenta vehículos, algunos secuestrados por disposiciones de la justicia federal y otros por órdenes de la justicia provincial, para determinar si efectivamente les faltan repuestos que podrían haber sido extraídos, según la hipótesis de los investigadores.

Por lo pronto, la investigación se mantiene bajo secreto de sumario, lo que permite augurar que esta historia tiene más capítulos por escribir.