Bordet pidió ser querellante en la causa por presunto espionaje ilegal

13/11/2023

El gobernador dijo haber tomado conocimiento de que fue víctima de acciones de inteligencia prohibida y le pidió al juez que investiga la causa “ser tenido como particular damnificado”. Un dictamen fiscal expuso una red de espionaje ilegal contra políticos, jueces, periodistas y empresarios.

De la Redacción de Página Judicial

 

Luego de que se descubriera una maniobra de espionaje ilegal contra políticos, periodistas y empresarios, el gobernador Gustavo Bordet se presentó como querellante por haber sido víctima de esas maniobras.

El mandatario presentó este lunes un escrito ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en el que dijo haber tomado conocimiento de que se habrían llevado adelante acciones de inteligencia prohibida contra su persona y le solicita al magistrado “ser tenido como particular damnificado”.

El mandatario, además, pidió tener acceso al expediente para ejercer sus derechos procesales e hizo “expresas reservas del derecho de ampliar el rol de querellante con relación a posibles coautores, instigadores y encubridores”.

Según los dictaminado por el fiscal federal Gerardo Pollicita, el gobernador Bordet es una de las personas que habrían sido espiados ilegalmente, al igual que otros dirigentes con trayectoria pública en actividades políticas, sindicales, judiciales, mediáticas y empresariales.

La historia empezó cuando se descubrió que Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, un joven misionero que está procesado por haber supuestamente hackeado el teléfono del ex ministro porteño Marcelo D’Alessandro, también habría hackeado las líneas de jueces que tenían casos de alto voltaje político.

Después, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, denunció que alguien había intentado sacar líneas telefónicas a su nombre sin su conocimiento.

Tirando de esa piola, el fiscal Pollicita llegó hasta otro misionero llamado Santiago Machado y el policía retirado Ariel Zanchetta, convertido en el personaje clave del caso por toda la información que se encontró en sus teléfonos.

Ariel Zanchetta es un policía retirado que se presenta como periodista. Los investigadores llegaron a él tratando de determinar cómo se hacía Nuñes Pinheiro de los datos personales de los jueces para tomarles sus teléfonos. Pollicita detectó que los datos eran buscados en una base llamada Sudamericadata Group (que tenía información obtenida presuntamente de forma ilícita). Ante la consulta del fiscal, los responsables de esa base de datos respondieron que quien figuraba como responsable de la búsqueda de la información de los jueces era Zanchetta, quien fue detenido el 26 de junio.

En su dictamen, el fiscal Pollicita dice que Zanchetta fue agente de la Policía Federal desde 1988 hasta 2013; en su currículum dice haberse formado en la Escuela del Cuerpo Federal de Inteligencia de la PFA y, en esa fuerza, prestó funciones “en materia de inteligencia y contrainteligencia criminal”. Después fue incorporado como agente “inorgánico” de la SIDE, “cuanto menos hasta fines de 2015” y en ese rol “habría realizado actividades de inteligencia para funcionarios de dicho organismo”, pero nunca abandonó sus tareas de espía al servicio de terceros.

En un allanamiento realizado en la casa de Zanchetta los investigadores secuestraron computadoras y teléfonos, y en la causa se encargó un gran “allanamiento informático” a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), que depende de la Corte Suprema.

Según el dictamen de Pollicita, se encontraron 1.196 informes sobre diferentes “objetivos”, desde el presidente Alberto Fernández y los candidatos Sergio Massa y Javier Milei, hasta jueces, periodistas, sindicalistas y religiosos. En uno de esos informes apareció el nombre del gobernador Gustavo Bordet.

Los informes, dice el fiscal, “poseen distinto nivel de detalle –o de avance sobre la intimidad de las personas–, y contienen información de distinta índole como opiniones políticas, creencias religiosas, acciones privadas, relaciones íntimas, fotografías, orientaciones sexuales, vínculos familiares y de amistad, situación patrimonial en el país y en el exterior, participación en sociedades y en distintas actividades, presunta participación en hechos delictivos o en causas penales, etcétera”.

“Asimismo, en muchos de estos documentos se observa que la información volcada no se limita a la persona sobre la que se centró la actividad investigativa, sino que también avanza sobre “objetivos secundarios”, es decir, personas que tendrían vínculos familiares, sentimentales o comerciales con la persona objeto del informe, a quienes también se les practica un informe similar al de los “objetivos primarios”, agregó.
En las computadoras y teléfonos analizados hasta el momento por la Dajudeco se encontraron, por ejemplo, 19 videos grabados con cámaras ocultas; pero resta revisar el contenido de 17 aparatos más. Pollicita advierte que todavía no se puede precisar la cantidad de personas que fueron objeto de este espionaje ilegal.

La responsabilidad penal de Zanchetta –y de otras personas aún sin determinar– en la realización de actividades de espionaje ilegal se ajustan a los términos de la Ley de Inteligencia Nacional.