La pyme de negocios ilegales de policías

31/10/2023

Una investigación judicial descubrió la existencia de una caja de negocios que tendría entre sus integrantes a funcionarios de distintas dependencias de la Policía de Entre Ríos. Entre las variantes delictivas surge la protección a una banda de narcotraficantes, coimas y operaciones de compra y venta de autopartes.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

El disparador fue una delación y provocó que las piezas empezaran a caer como un dominó. Una persona declaró en sede judicial como imputado colaborador y dio detalles sobre el funcionamiento de una banda dedicada a la venta de drogas al menudeo. Ese testimonio hizo caer a rivales competidores y abrió una ventana para investigar la complicidad de policías que no solo los protegían, sino que además tenían una pyme que realizaba una multiplicidad de negocios espurios.

Una investigación judicial reveló la existencia de una unidad de negocios que tendría a varios policías como socios en distintas variantes delictivas, desde negocios en el rubro automotor y el cobro de coimas a automovilistas que circulan en infracción a la ley de tránsito, hasta la protección a organizaciones dedicadas al narcotráfico en distintas localidades entrerrianas.

En una variante del esquema delictivo se detectó que policías se dedican a la extracción de neumáticos de vehículos resguardados en depósito judicial en un puesto policial; como así también el recambio y extracción de autopartes de automóviles secuestrados y su venta en el mercado ilegal.

Otra variante funcionaría a través de la entrega de información sobre vehículos secuestrados en diferentes procedimientos policiales a terceros que se dedican al recupero de automóviles involucrados en causas de robo de automotor. En esta hipótesis, policías venderían información y los terceros, a su vez, cobrarían por el servicio de “recupero” de vehículos.

La sospecha surgió en el marco de una investigación en la que se desarticuló una organización regenteada por Vicente Teodoro Pineda, alias Tigre, que tenía su base de operaciones en el partido bonaerense de Moreno y había extendido su zona de influencia hacia la provincia de Entre Ríos, como proveedor de cocaína y marihuana a pequeñas estructuras –incluso un puesto de venta en una unidad penal– y con su propio negocio minorista.

Pineda tenía distintos mecanismos de distribución de cocaína y marihuana a distintas personas, que luego vendían la droga en kioscos de narcomenudeo en las localidades de Gualeguay y Gualeguaychú. A su vez, era dueño de la estación de servicios La Posta, en calle Urquiza 2467 de Gualeguaychú, que funcionaba como una pantalla para la venta minorista de estupefacientes.

La estructura tenía una sofisticada organización: Pineda estaba en la punta de la pirámide, como el encargado de proveer la droga desde la provincia de Buenos Aires; a su vez, los empleados de la estación de servicios colaboraban en la administración del negocio en la provincia con roles específicos, ya que uno de ellos se encargaba de recaudar el dinero para entregárselo al jefe y otro atendía el minimercado en el que además de gaseosas y comestibles se vendían estupefacientes, del mismo modo que el lavadero no era un lugar solo de aseo de vehículos. Había también quien se encargaba de recibir la droga; los acopiadores, que eran también fraccionadores; y los distribuidores para la venta al menudeo o reventa.

Una estructura independiente, en tanto, le compraba drogas a Pineda y las revendía en la unidad penal de Gualeguay, adonde eran introducidas a través de los más ingeniosos mecanismos, según se ha podido determinar. Esta situación también abre otra sospecha entre los investigadores respecto de la intervención de agentes penitenciarios.

La esposa de Pineda era la encargada de recaudar el dinero de la venta de drogas, para luego entregárselo al Tigre. El dinero era introducido en el circuito legal a través de transacciones, que incluían la compra de terrenos, vehículos y un esquema clandestino de préstamos. La pantalla del lavado era la estación de servicios.

La investigación se mantiene bajo estricta reserva; sin embargo, ha trascendido que tiene a varios policías de distintas reparticiones en la mira y que en cuatro años se han acumulado pruebas, testimonios y decenas de horas de escuchas telefónicas muy comprometedoras y configurativas de varios tipos delictivos.