Probation para los trabajadores que mataron lechuzas en el club Estudiantes

08/08/2023

Dos trabajadores de una empresa dedicada al control de plagas suscribieron una suspensión del juicio a prueba en el legajo que los tenía como imputados por haber matado a una familia de lechuzas de las vizcacheras que tenían sus nidos en una playa cedida a una institución deportiva. Las sanciones y el ojo tuerto del Poder Judicial.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

La lechuza de las vizcacheras es un ave que suele vivir en madrigueras, que ellas mismas construyen en la tierra; tiene hábitos diurnos y nocturnos y, de hecho, suelen ser fáciles de observar a lo largo y ancho de la geografía entrerriana sobre montículos de tierra o posada en algún poste de luz, siempre atenta a lo que ocurre a su alrededor.

La expansión de la frontera agropecuaria en los últimos años fue empujando a estas aves a construir sus nidos hacia los bordes de campos de cultivo, en cercanía de alambrados y evitando los caminos, el disturbio vehicular y las arboledas.

En la playa que el Estado le ha cedido al Club Atlético Estudiantes, en la costa del río Paraná, habitó durante años una pareja de lechuzas vizcacheras con sus crías, donde convivían armoniosamente. Así hasta que alguien pensó que su presencia era más incómoda que simpática y decidió erradicarlas.

El club convocó entonces a la empresa de control de plagas con la que trabaja desde hace más de veinte años para, debe presumirse, correrlas del espacio recreativo, tapar las cuevas y colocar un veneno que evitaría que las lechuzas volvieran a arraigarse. Pero algo salió mal. Fueron un día y fracasaron en su intento; y al día siguiente volvieron dos trabajadores, esta vez muñidos con rifles de aire comprimido, para cumplir con la faena. Y así lo hicieron.

Pero, otra vez, algo salió mal y los dos trabajadores fueron acusados por haber violado la ley nacional de preservación de la fauna y la ley provincial de caza, que también prevé la conservación de especies de la fauna silvestre. No importó que dijeran que habían sido contratados por el club para la eliminación de las lechuzas; ni siquiera que el encargado del predio, empleado de la institución, corroborara su versión.

El hecho ocurrió el 9 de mayo y tres meses después la justicia dictó una probation para los dos trabajadores por el término de un año, a condición de que cumplan tareas no remuneradas –relacionadas con su oficio– en instituciones públicas y que abonen una multa que será destinada a realizar campañas de castración y controles de salud animal a favor de la Municipalidad de Paraná.

El problema es que otra vez, parece, el Poder Judicial miró con ojo tuerto.

Dos trabajadores debieron responder por un hecho que no está controvertido: la ley nacional de preservación de la fauna establece claramente la protección, conservación, propagación, repoblación y aprovechamiento racional de la fauna silvestre que el territorio argentino y penaliza la caza indiscriminada.

Es interesante y recomendable la lectura del texto legal. Allí dice, entre otras cosas, cómo realizar el control sanitario de la fauna silvestre. Si las autoridades de un club leyeran la ley o si lo hiciera un fiscal, por caso, sabrían que el control sanitario debe ser ejercido por los servicios provinciales o por el Servicio Nacional de Sanidad Animal (Senasa), si la provincia lo solicitara.

Pero no fue el caso. Y acaso no debería sorprender de este judicial que el martillo de la ley recayera exclusivamente sobre dos trabajadores. Que no se malinterprete: la pregunta no sería por qué no se amplió la imputación a otros actores sino por qué se aplica siempre a aquellos que responden a un determinado estereotipo social.

Alguien incluso podría preguntar si vale el dispendio judicial. Y la respuesta es que sí, lo vale. En Argentina existe lo que se llama derecho animal, que es un conjunto de normas que, de forma directa o indirecta, tienden a salvaguardar el respeto a la vida, la libertad y la dignidad de todas las especies no humanas que habitan nuestro planeta. Por eso en la causa se admitió como querellante a Amor Animal, una asociación protectora de los derechos de los animales, que consintió el modo de resolución del conflicto.

Esta vez, otra vez, el Poder Judicial hizo como dicen que hace la lechuza.