El favor a un amigo que puede costarle la carrera a un jefe de Prefectura

20/07/2023

El jefe del Destacamento Victoria de Prefectura Naval Argentina está acusado por haberle ordenado a un subordinado que destruyera un acta de notificación de la violación del aislamiento social, preventivo y obligatorio al hijo de un amigo que estaba acampando en una isla durante la pandemia. Un juicio en ciernes y la propuesta del tribunal oral.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

El aislamiento obligatorio establecido al inicio de la pandemia puso a la policía y fuerzas de seguridad en un rol esencial. Esa relación se concentró en dos sentidos: uno que procuraba un rol de cuidado y otro que denunciaba abusos policiales

Esas circunstancias excepcionales, parece una obviedad decirlo, no habilitaron de ninguna manera a efectivos policiales e integrantes de fuerzas de seguridad a actuar en contravención a la ley, no respetando protocolos ni habilitó excesos en el uso de la fuerza. Pero sobran ejemplos.

Es el caso de quien fuera jefe de Prefectura Naval Argentina en Victoria, que se encuentra imputado y a la espera de un juicio oral fijado para 2024 por incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión ilegal de actos propios de su oficio y encubrimiento del delito de violación de las medidas adoptadas para impedir la propagación de la pandemia causada por el Covid-19.

El hecho que podría costarle la carrera al subprefecto es insólito: fue denunciado por un subordinado que dijo haber recibido una orden directa de destruir un acta de notificación de la violación del aislamiento social, preventivo y obligatorio que le había labrado al hijo de un amigo del jefe que estaba de pesca y acampando en una isla ubicada hacia el sur de la ciudad de Victoria.

Rompan todo

Todo se originó el 10 de abril de 2020, tres semanas después de que se decretara el aislamiento social, preventivo y obligatorio en el país por la pandemia, y en un contexto de patrullaje social creciente.

En horas del mediodía, aproximadamente, una voz anónima alertó al Destacamento Victoria de la Prefectura Naval Argentina sobre la presencia de un grupo de personas pescando y acampando en una zona de islas hacia el sur de la ciudad.

El jefe de operaciones del destacamento organizó el patrullaje y una lancha con tres prefectos a bordo partió hacia la zona del arroyo Carbón Chico, una zona no navegable, distante a unas dos horas a través del río, que suele atraer principalmente a pescadores. La orden que tenían era labrar el acta de notificación y trasladar a los campistas a la ciudad para realizar la constatación de domicilio, como establecía el decreto que había dispuesto el aislamiento por la pandemia. Así se les indicó antes de salir y en las comunicaciones que intercambiaron durante el trayecto.

Una vez en la isla, constataron que efectivamente había seis personas. Cinco eran pescadores artesanales, que tienen a la pesca como sustento familiar y, por lo tanto, las normas vigentes los exceptuaban del aislamiento. Pero uno de ellos no lo era. Desde el Destacamento Victoria les indicaron a los prefectos en la isla que labraran el acta a quien no era pescador, lo trasladaran a la sede de Prefectura y luego a su domicilio para que cumpla con el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

En lugar de juntar cacharpas, el joven realizó una llamada y le extendió el teléfono a quien estaba a cargo del procedimiento. El prefecto se negó a tomar la comunicación. Testigos contarían luego que la escena se repitió idéntica dos veces más, hasta que el jefe del Destacamento Victoria se comunicó directamente con quien estaba llevando adelante el procedimiento.

El diálogo, según la declaración del prefecto, fue el siguiente:
–¿Sabés a quién estás notificando? –le preguntó el jefe desde el otro lado de la línea.
–No –fue la respuesta de quien estaba en la isla.
–Es el hijo de un conocido –lo nombró por su apellido–. Rompan todo y no lo notifiquen –fue la orden.

Tras cortar esa comunicación, el jefe del Destacamento llamó al jefe de operaciones y le comunicó cuáles eran las nuevas directivas. Una contraorden. “Boludeen a los supuestos pescadores y déjenlos estar ahí, que permanezcan en ese lugar y que repliegue la patrulla”, dice que le dijo el jefe.

La patrulla regresó al Destacamento Victoria alrededor de las 19, sin novedades, tal como quedó asentado en el libro de guardia. El oficial a cargo del procedimiento en la isla, sin embargo, conservó el acta y denunció el hecho, primero administrativamente y luego ante la justicia federal.

El jefe fue desplazado y actualmente cumple funciones en Mar del Plata. Hace unas semanas, el Tribunal Oral Federal de Paraná fijó fecha de juicio para los días 30 y 31 de mayo de 2024, aunque instó al abogado defensor a proponer una solución alternativa que ayude a descomprimir la agenda judicial pero que sea, sobre todo, beneficiosa para el prefecto imputado. Una posibilidad es que ofrezca alguna medida de reparación del daño mediante el pago una multa. También podría solicitar una probation, aunque la suspensión del juicio a prueba no se aplica para los funcionarios públicos que cometen delitos en el ejercicio de sus funciones. Será cuestión de esperar.