Christe ya reside en casa de su madre, en el edificio donde se produjo el femicidio de Dalma Otero

26/06/2023

Mientras el sistema judicial dirime las quejas planteadas por la querella de la familia de Julieta Riera, Julián Christe, condenado por el crimen, goza del beneficio de la prisión domiciliaria en la casa de su madre, una ex jueza y camarista entrerriana. Pero otro dato sacude y genera particular conmoción a la serie de dilaciones en las que ha derivado el juicio: el domicilio fijado por Christe es en el mismo edificio donde se cometiera otro femicidio, el de Dalma Otero, quien fuera secretaria del Juzgado Laboral de Paraná.

Sandra Miguez (*)

 

El Ministerio Público Fiscal y la querella que representa a la familia de Julieta Riera presentaron su apelación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la decisión del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que anuló la condena de un jurado popular contra Julián Christe y ordenó realizar un nuevo juicio.

El procurador general Jorge Amílcar Luciano García y el fiscal coordinador Ignacio Aramberry presentaron un escrito en el que califican la decisión del STJ como arbitraria, sorpresiva y alcanzada a través de razonamientos artificiosos, y advierte sobre la introducción de argumentos que ni siquiera fueron planteados por la defensa de Christe.

La realidad supera incluso las posibilidades de imaginación y muestra de qué manera las situaciones se cruzan y vuelven a conmocionar. Julián Christe, condenado por un jurado popular por homicidio triplemente agravado por el vínculo, por alevosía y por mediar violencia de género, por haber arrojado desde el balcón de un octavo piso a su pareja, hoy reside en el mismo edificio donde el 26 de marzo de 1997 asesinaron a Dalma Otero, cuando todavía no se hablaba de femicidios.

El beneficio que obtuvo Christe de que se anulara el veredicto de un jurado popular que lo condenó por unanimidad fue a raíz de la resolución de la Sala Penal del STJ, con los votos de Claudia Mizawak y de Daniel Carubia, y lo habilitó para la obtención de otro privilegio, la prisión domiciliaria.

Las decisiones a favor de Christe se suceden con gran velocidad, mientras que familiares y allegados a Julieta Riera continúan aguardando el derrotero que significa entrar en los procesos de apelaciones.

La anulación del juicio dispuesta por la Sala Penal, que contó con el voto en disidencia del tercer vocal, Miguel Ángel Giorgio, fue apelada por la querella y por el Ministerio Público Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por entender que dicha resolución “causa un agravio de imposible o insuficiente reparación posterior”. Con las firmas del procurador García y del fiscal Aramberry, la apelación señala que la sentencia configura un acto de puro poder, en cuanto sustituye la decisión unánime del jurado popular que declaró culpable a Jorge Julián Christe. Argumentan que se trata de una determinación arbitraria, que carece de perspectiva de género y es contraria al deber de diligencia reforzada convencional que el Estado argentino debe observar ante casos extremos de violencia contra las mujeres.

El objetivo final es tratar que el veredicto de culpabilidad del jurado popular sea restituido en plenitud, sin necesidad de un nuevo juicio. Para eso, el Ministerio Público Fiscal se basa en que unánimemente el jurado popular encontró culpable a Christe de todos los cargos imputados y entiende además que la ratificación de la condena por parte de la Cámara de Casación Penal de Paraná e inclusive el voto en disidencia de Giorgio son elementos contundentes y sólidos del proceso.

Sin embargo, en la presentación se advierte sobre un hecho llamativo y preocupante, y es que para llegar a esta decisión que busca anular el juicio la Sala Penal del STJ introdujo “argumentos que ni siquiera fueron planteados por la actual defensa técnica, por ejemplo, un inexistente error de las instrucciones del juez técnico al jurado”, y sin embargo con ello decretaron la nulidad y ordenaron realizar un nuevo juicio.

“La sentencia es completamente arbitraria, sorpresiva, causó zozobra en la población y en la familia de Julieta Riera –a quien se ha revictimizado como pocas veces se ha visto– y ha privado al MPF de una condena legítimamente obtenida de acuerdo al Estado de Derecho ante un jurado popular, tras haber probado todas sus acusaciones más allá de duda razonable”, dice el texto de la apelación que utiliza duros términos para referirse a la decisión del STJ. “A través de razonamientos artificiosos, tilda de arbitrarias las valoraciones probatorias mediante las cuales el tribunal de casación verificó la razonabilidad del veredicto del jurado popular, para lo cual fragmenta el análisis de la prueba, sin respetar la debida diligencia reforzada que debe primar en este tipo de casos de violencia contra las mujeres y, muy especialmente, en este caso que conmovió al país”, se agrega.

“Tales falencias implican un supuesto de gravedad institucional, conforme la condición de mujer de la víctima, quien cuenta con amparo supranacional a través de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), cuyo incumplimiento podría generar responsabilidad internacional y que por ello, además, imponen su consideración por los magistrados de todas las instancias”, puntualizan.

(*) Periodista. Autora del libro Crímenes menores. Género y Poder Judicial, la trama de una disputa. Militante feminista.