Tenacidad por romper 

21/06/2023

Un sector intenta abortar los procedimientos en el Consejo de la Magistratura. En especial la designación de los integrantes de la Fiscalía Anticorrupción. Crónica de episodios que bajan la vara.  

Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial

 

Un sector de la comunidad judicial se ha propuesto oponerse a todo lo que decida el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos.

Una de las caras visibles de esa escudería es el mediático fiscal de Concordia José Arias, asiduo visitante de la capital provincial y frontman de la destituida procuradora adjunta Cecilia Goyeneche.

La Fiscalía Anticorrupción, nombre pomposo y fácil de masticar, aparece como el centro de gravitación de toda una disputa.

Ejemplos. La Red de Entidades por la Independencia Judicial en Argentina (Rejia) presentó una impugnación a la designación del ex juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Eugenio Raúl Zaffaroni como jurado para los concursos destinados a cubrir las vacantes de los fiscales adjuntos con asiento en Paraná y Concordia del nuevo organismo.

Rejia argumentó que el jurista, intelectual y académico tiene una “conocida militancia partidaria” y “ha manifestado públicamente y a través un sinnúmero de actos su afinidad con la línea política del gobierno nacional y provincial”.

La parte más interesante ocurre cuando quienes impugnan dicen tener “temores fundados de que la cercanía intelectual, ideológica y afectiva del seleccionado para actuar como jurado afecte la necesaria independencia que debe primar en el proceso de selección de magistrados del Ministerio Público Fiscal”. Es decir que los firmantes dan por hecho que el jurado sabe a quién corrige, echando por tierra el anonimato. que es una regla clave en todo el procedimiento de evaluación.

Esa desconfianza –en rigor en el Consejo de la Magistratura en su conjunto– surgió cuando asumieron las nuevas autoridades.

Ahora se posó sobre el Concurso 232, convocado para cubrir 13 cargos de fiscales auxiliares en la ciudad de Paraná, en el que se le otorgó al abogado Boris Cohen el mayor puntaje. Un sector identificado con la ex integración del Consejo de la Magistratura, y principal oposición a la actual, no quiere a Cohen como integrante de la Procuración General. Es posible que no tenga la misma estética, dicen que se le escucha reconocer al concursante. Hubo 26 impugnaciones rechazadas por el organismo, aunque decidió sumar algunos puntos a otros peticionantes. El orden de mérito quedó de la siguiente manera: Sonia Vives, María Jimena Ballesteros, Cristian Giunta, María Eugenia Schmith y Boris Cohen.

Rejia es un cúmulo de sellos de goma, entre ellos, Entre Ríos Sin Corrupción, pero que también acompaña “el constitucionalista” Daniel Sabsay. Este abogado integra uno de los jurados para los tribunales federales de Santa Fe (Concursos 493, 494 y 495). Compartirá el proceso de evaluación con Zaffaroni. La información la difundió este miércoles a través de sus redes el consejero radical Miguel Piedecasas, que como muchas otras personas expresan sus ideas políticas. Se desconoce impugnación.

La incoherencia es una característica que en esta comarca crece sin que llueva. Por suerte solo repercute en un grupo minoritario.

Nivelar para abajo

Los concursantes también estuvieron a punto de privarse de ser evaluados por Daniel Rafecas, a quien Arias recusó porque entendía que no cumplía con los requisitos, ya que el jurado debe estar integrado por magistrados de una jerarquía igual o superior al cargo que se concursa. Rafecas contestó que no era aplicable a su caso y el Consejo de la Magistratura, por unanimidad, rechazó la recusación.

Zaffaroni y Rafecas son muy conocidos del procurador Jorge Amílcar Luciano García.

El Consejo de la Magistratura vio en el reconocido especialista en derecho administrativo Carlos Balbín una carta de garantía de calidad en la redacción de casos destinados a los concursos para la Fiscalía Anticorrupción.

Balbín fue procurador del Tesoro durante el gobierno de Mauricio Macri, cargo que dejó cuando el ex Presidente lo desplazó, en abril de 2017, luego de que firmara un crítico dictamen que afectaba directamente a la familia Macri en el caso de la condonación de la deuda por la concesión del Correo Argentino. Antes, Balbín había planteado al ministro del Interior de entonces, el ahora precandidato a gobernador Rogelio Frigerio, que se debía iniciar un juicio por lesividad contra el magnate inglés Joe Lewis, amigo de Macri, por la compra de 11 mil hectáreas que incluyen al Lago Escondido. Frigerio lo desechó contestando que como la acción penal por fraude en la compra de las viviendas estaba prescripta, no tenía sentido pedir la nulidad de ese acto porque significaba “un dispendio jurisdiccional inútil”.

El administrativista tiene una cátedra en la Universidad de Buenos Aires (UBA) con un equipo de especialistas que cotiza en el mundo académico. Todo iba sobre rieles, hasta que llegó la noticia de que su participación en el proceso en Entre Ríos no iba a ser posible. ¿Qué sucedió?

Se desconocen los motivos, más allá de las disculpas de rigor del jurista. En el Consejo de la Magistratura creen que a Balbín le llegaron las versiones divulgadas por la abogada Goyeneche sobre su devenir. La doctora se autopercibe como una mártir de un sistema mafioso. Esa narrativa, que contiene mucho volumen pero carece de seriedad, pudo haberle hecho cambiar de idea a Balbín.

Sería imperioso que al jurista, con quien se volvió a tender un puente, no le acerquen los expedientes sobre el proceso de destitución de Goyeneche y el que eleva la causa de los “contratos truchos” en la Legislatura, porque si se interesa en los hechos y en los procederes posiblemente no quiera pisar la provincia en modo turista.