Apenas, un gesto

15/06/2023

Desde el Ministerio Público Fiscal tiran una soga, que en realidad es un hilo, al ex gobernador Sergio Urribarri. La ex procuradora adjunta Cecilia Goyeneche y el sistema. 

Federico Malvasio 
De la Redacción de Página Judicial 

 

Sergio Urribarri tuvo su imputación mediada por una pantalla. Diego Cardona Herreros la tendrá de la misma manera. El motivo por el que no asisten a tribunales para escuchar a los fiscales es que no tendrían domicilio legal en Paraná. Realismo mágico aplicado a lo jurídico. 

Lo que le sucede a Urribarri por estas horas se lo debe a Jorge Amilcar Luciano García. A quien nadie cuestiona y éste devuelve gentilezas con migajas. Urribarri no se expuso ante los fotógrafos convocados por Cecilia Goyeneche. El empresario de nacionalidad paraguaya también fue receptor de ese “gesto”. Los asuntos de ambos podrían tener un impasse hasta fin de año, para cuando finalice el proceso electoral. Hasta ahí llega la concesión del procurador, a instancias de los pocos contactos que le quedan en el PJ.

La causa por enriquecimiento ilícito es una de las primeras en las que fue denunciado el ex mandatario y, sin embargo, recién está en la etapa de imputación, mientras que las que le siguieron ya tienen condenas ratificadas. 

Tienen razón los abogados defensores cuando dicen que pasó mucho tiempo sin que se moviera. La muerte de ese expediente durante un buen tiempo tuvo como autor de la maniobra al propio procurador. Por esos años, en la primera etapa de la gestión de Gustavo Bordet, García dejaba trascender su pronta jubilación, pero debió cancelarla para salvar al ex mandatario. 

La semana pasada, Página Judicial reveló toda una trama del salvataje que el jefe de los fiscales le propuso al ex gobernador. Aquí la nota 

El encono de García no es con Urribarri, que no lo ha señalado jamás en sus diatribas contra “sectores del Poder Judicial”, como suele decir. El enojo de García es con algunas personalidades de su entorno en materia judicial, a quienes les adjudica la salida de su ex procuradora adjunta. En ese lote está Bordet, a quien también se la tiene jurada, como reveló Página Judicial. Aquí la nota. 

El cronograma de instancias judiciales, con una celeridad sorprendente entre el dictado de la condena y la ratificación en la Cámara de Casación Penal para que coincida con todo el año electoral, es un mensaje para el peronismo. No para Urribarri. Ese peronismo que cumplirá 20 años en el poder sólo tiene fuerzas para que una audiencia de imputación sea por Zoom y no presencial.

Goyeneche también se maneja sin nombres y sintetiza el clima en el Poder Judicial: además de señalar a todos como corruptos, a excepción de ella, pone al Superior Tribunal de Justicia (STJ) y al Gobierno en un lugar de supuesto contubernio. En la Casa Gris nadie dice nada y hasta el momento ningún fiscal ha llamado a la doctora a declarar para que diga lo que sepa sobre el supuesto quebranto en el derecho a tener un servicio de justicia independiente que los entrerrianos tenemos garantizados, entre otras cosas, con la Ley de Enganche, que separa a los poderes Ejecutivo y Judicial de la paritaria. 

La única verdad que Goyeneche dijo en sus recorridas mediáticas fue hace unas semanas cuando aseguró que la causa de los contratos truchos en la Legislatura “eclosionó el sistema”. Ese sistema lo integra el jefe del Ministerio Público Fiscal, pero también su amigo de veraneo y socio, Pedro Opromolla, que encabezaba el estudio contable desde el que se cocinaba el esquema de prestanombres, como lo revelan los diálogos de los días 28 y 29 de mayo de 2018 que constan en el expediente: 

El 3 de octubre de ese año, cuando se hicieron los primeros allanamientos en la causa de los contratos truchos, Opromolla no estaba en su estudio. Tampoco fue detenido, como les ocurrió a los integrantes del otro buffet que regenteaba los contratos apócrifos. El sistema que se negaba a implosionar. Goyeneche y Opromolla no son más amigos ni socios, que eran los motivos por los cuales la doctora debía apartarse de la investigación, no lo hizo, fue juzgada y destituida. 

Con el rechazo del recurso extraordinario federal, Goyeneche solo puede asistir a la Corte Suprema en queja para que se revise la sentencia que selló su destitución. Así es el sistema.