Julieta Riera, la Justicia y el poder

04/06/2023

La anulación del juicio en el cual Julián Christe fue encontrado culpable y se le impuso la pena de prisión perpetua por el femicidio de Julieta Riera generó indignación y gran preocupación tanto en la sociedad como en el ámbito jurídico. A horas de la nueva concentración y marcha por el #NiUnaMenos, la noticia se sintió como una provocación. Las asambleas manifestaron su repudio frente a lo que consideraron una decisión “clasista y patriarcal”.

Sandra Miguez (*)

 

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos dio a conocer la resolución de la Sala Penal de anular el juicio que se había realizado y que condenó a Julián Christe por ser el femicida de Julieta Riera a la pena de prisión perpetua.

La Sala Penal, con los votos de Claudia Mizawak y Daniel Carubia, resolvió anular el fallo y pidió que se vuelva a juzgar a Christe, hijo de una ex camarista de ese Poder Judicial. La información llegó el día antes a la realización de una nueva marcha por el Ni Una Menos. “Parece una provocación”, dijeron las manifestantes en la movilización realizada en Paraná ante el micrófono abierto, en donde también hizo uso de la palabra la madre de Julieta, Ana Brugo. “Es un golpe muy duro”, dijo y agregó: “La fuerza me la dan ustedes que con empatía y valor entienden lo que estamos pasando”.

El documento de la Asamblea de Mujeres –que nuclea a distintas organizaciones feministas de la sociedad– fue contundente: “Repudiamos la decisión del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que decidió anular el fallo dictado por el tribunal popular en el femicidio de Julieta Riera, mandando hacer un nuevo juicio. Una vez más el accionar de la Justicia entrerriana demuestra ser clasista y patriarcal”. La crítica se replicó en otros puntos de la provincia y no provino sólo de las organizaciones sociales y asambleístas, sino también del propio sector judicial donde se catalogó la decisión como una “barbaridad jurídica” que desnuda la feroz interna que existe dentro del Poder Judicial.

Nadie en Tribunales desconoce el alineamiento que se produce internamente entre uno y otro sector. “La interna es fatal”, dicen a sotto voce y agregan que esa disputa, entre quienes se alinean detrás del procurador Jorge García o detrás de algunos vocales como Mizawak o Carubia, divide las aguas en dos formas de resolver los trámites: los fallos y disposiciones no quedan al margen de esa contienda. Y en el medio de ese mar, la gente queda al naufragio de las decisiones.

Con la medida adoptada por la Sala Penal, el juicio por el asesinato de Julieta Riera vuelve a fojas cero. En los fundamentos de por qué se debe volver a juzgar a Julián Christe se apunta a un mal desempeño del juez técnico, del Ministerio Público Fiscal y pone en jaque al promovido juicio por jurados, que con tanto empeño desde el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo difundieron como una herramienta de democratización. También el fallo acompaña el reclamo presentado por la defensora de Christe, Mariana Barbitta, que puso en dudas la utilización de una fotografía, el desempeño del médico forense así como de otros técnicos y especialistas que tuvieron participación en el juicio.

Antes de llegar a la Sala Penal, ya había tomado intervención la Cámara de Casación Penal como órgano de revisión. La resolución que había adoptado ésta fue de rechazo a los puntos de la impugnación planteada Christe y su defensa. Sobre el rol del médico forense –uno de los ejes de discusión– estableció que respecto a los supuestos errores materiales relacionados con la identificación de una radiografía y con el número de fotografías extraídas al cuerpo, estos no constituyen defectos sustanciales ya que del informe autópsico y de la declaración testimonial del médico forense ante el jurado, hubo sólidos argumentos y conclusiones donde se demostraron las lesiones encontradas en el cuerpo de la víctima y se las distinguía entre las compatibles con caída de altura y las que no. Estas observaciones además fueron confirmadas por el análisis anátomopatológico, otra especialidad técnica interviniente en el juicio.

Incluso respecto a la fotografía que el médico forense incorpora en la presentación en el juicio –de la cual tampoco la Fiscalía tenía conocimiento, ni había visto antes– la Cámara de Casación Penal concluye que no agregó novedad alguna que pudiera perjudicar a las partes ya que del informe preliminar, de la autopsia y del informe de la anatomopatóloga surgen determinantes las conclusiones que no han podido ser desvirtuadas pese a los insistentes esfuerzos defensistas.

También señalaron que en la instancia de debate y frente al jurado popular, las partes tuvieron oportunidad de ejercer sus derechos plenamente, sin restricción alguna y ello puede verse plasmado en las filmaciones que se realizaron en cada jornada y donde surge que en las exposiciones testimoniales tanto la Fiscalía como la Defensa –incluso a través de consultores técnicos– interrogaron a los testigos y solicitaron aclaraciones y explicaciones sin ninguna limitación. Todo ello en presencia del jurado que luego emitió el veredicto, por lo que no puede sostenerse lo alegado respecto a que quienes encontraron culpable a Christe han desconocido las objeciones a la prueba que presentó la defensa.

El fallo de la Cámara de Casación Penal analizó además el contexto de violencia de género que sufría la víctima en su relación con Christe, y específicamente el que vivió esa última noche de los hechos. Esta afirmación, lejos de ser una conclusión arbitraria de los camaristas, es una derivación razonada de la prueba producida en el debate que acreditó los golpes que recibió Julieta en los momentos previos a su caída, notoriamente diferenciables, según lo declarado por los profesionales, de los propios del desplome en altura. Los rasguños, moretones y marcas propias de defensa fueron advertidos por los médicos y registrados fotográficamente.

No obstante, la defensa decidió apelar a la Sala Penal para continuar con el derrotero judicial que les permite ir ganando tiempo para su defendido. Con el fallo de Mizawak y Carubia, que por mayoría terminaron resolviendo la anulación de todas las actuaciones realizadas y una nueva ejecución de juicio, se abren múltiples cuestionamientos. En primer lugar pone en discusión al mecanismo de los juicios por jurados, ya que al objetar al juez técnico, así como el rol que desempeñó el representante del Ministerio Público Fiscal, pone en tela de juicio la tarea de sus propios funcionarios y de toda la estructura que hoy sostiene la efectividad de los juicios por jurados, así como de los mecanismos de control.

Un aspecto que sin lugar a dudas genera preocupación son las diferentes resoluciones que se toman en cada uno de los casos, dependiendo de quién se trate el imputado. Por caso, cuando fue el juicio por el femicidio de Fátima Acevedo, no hubo ningún recurso, ni objeción que beneficiara al hoy condenado Nicolás Martínez. Tampoco se lo benefició como sí se hizo con Christe, dejándolo que hablara durante más de cuarenta y cinco minutos, para que fuera él mismo quien cuestionara las decisiones que tomó el jurado que lo condenó, o la Cámara de Casación Penal.

Esto echa a sobrevolar nuevamente la vieja idea de que en la justicia hay hijos y entenados, o como diría el viejo Vizcacha: “Hacete amigo del juez”; y que en este caso se trata del hijo de una magistrada.

Por otra parte, otro de los planteos de la defensa apuntó al rol de los medios de comunicación, indicando que se contaminó al jurado mediante “el avasallamiento mediático; la prensa calificó, investigó, juzgó y condenó, dado que era un caso muy sensible y a nadie se le ocurrió, ni al Ministerio Público Fiscal ni a la defensa anterior, plantear medidas preventivas como la posibilidad de que se debatiera en otro lugar”. Si fuera así, ningún medio podría cubrir ningún caso policial ni judicial, y además implica una grave subestimación de las personas que integran el jurado popular. Ampararse en estas cuestiones es una forma más de mostrar el sesgo clasista que tiene gran parte de los operadores de justicia. Sería imposible juzgar a nadie, ni siquiera los jueces estarían al margen de esta “supuesta contaminación” en una sociedad hipermediatizada.

La resolución de la Sala Penal pone en jaque todo el andamiaje que intenta democratizar a la justicia, acercarla a la dimensión humana y considerar particularmente los casos en el contexto de violencia de género, un nuevo paradigma que se impone como una urgencia frente a la cantidad de femicidios que se suceden a diario en el país.

La serie de apelaciones y recusaciones requieren indefectiblemente de recursos económicos, a los que por supuesto accede Julián Christe por su condición de clase y por ser hijo de una ex camarista. No es un tema menor. “Si fuera cualquier persona común, no hubiera tenido ninguna chance”, dicen desde las organizaciones y asambleas feministas que consideran la decisión como “clasista”.

Si algo han puesto de relieve estas organizaciones es el carácter misógino y carente de perspectiva de género que tiene la justicia. Las víctimas son revictimizadas y tener un juicio justo parece una utopía. Los tiempos de los procedimientos jurídicos atentan también contra esto, por eso se insiste permanentemente con una reforma judicial desde un enfoque de derechos humanos y feminista.

“Julián Christe femicida”, “No cuestionen la imparcialidad de los jurados populares”, decían algunos de los carteles que se dejaron en la puerta de Tribunales luego de la manifestación del #NiUnaMenos.

La perspectiva de género viene a introducir una mirada distinta del “sentido común” con que deben analizarse los hechos, prestando particular atención al contexto en que se producen y considerando a éste como parte del razonamiento jurídico.

Frente a este singular caso, habría que preguntarse qué tienen para decir al respecto las otras áreas del Estado, la presidencia del Superior Tribunal de Justicia, los otros y otras camaristas, así como el propio Poder Ejecutivo, respecto incluso de lo que establece el nuevo Régimen de Protección Integral, Asistencia y Prevención de la Violencia de Género, en el indispensable equilibrio de poderes. Mientras tanto las organizaciones de la sociedad no descartan presentar un pedido de juicio político, considerando la falta de perspectiva de género en la resolución tomada por la Sala Penal y no ajustarse a las nuevas leyes vigentes.

(*) Periodista. Autora del libro Crímenes menores. Género y Poder Judicial, la trama de una disputa. Militante feminista.