Enriquecimiento ilícito: la defensa de Urribarri pide la prescripción

01/06/2023

Los defensores del ex gobernador intentan frenar la investigación que se inició a finales de 2015 y que el próximo 14 de junio tendrá su capítulo más importante: la indagatoria por el Ministerio Público Fiscal.

De la Redacción de Página Judicial

 

Los abogados Raúl Barrandeguy y Miguel Cullen, defensores de Sergio Urribarri, volvieron a solicitar que se declare la prescripción de la causa por enriquecimiento ilícito que compromete al ex gobernador.

El ex mandatario está acusado por un supuesto enriquecimiento ilícito en una causa iniciada a fines de 2015, a raíz de una presentación efectuada por los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet. Un informe pericial determinó que entre 2008 y 2015 Urribarri habría tenido un crecimiento desproporcionado e injustificado de su patrimonio que estimaron en 11.546.772,05 pesos, 7.245.441,02 dólares y 16.300 euros. La imputación sostiene además que el ex mandatario habría utilizado a Diego Armando Cardona Herreros y Rubén Ángel Martínez como testaferros y “para disimular su real patrimonio y gestionar sus fondos y bienes”.

En ese marco, Urribarri fue citado a prestar declaración de imputado para el 14 de junio, al igual que Cardona Herreros y Martínez, señalados como sus testaferros.

Barrandeguy solicitó este jueves al juez Gervasio Labriola, del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, que declare la prescripción de la causa. Lo hizo luego de hacer un repaso histórico respecto de cómo funciona esa figura e insistió en que los plazos de la investigación penal preparatoria se extendieron más allá de lo establecido por el Código Procesal Penal de Entre Ríos.

Los defensores del ex mandatario solicitaron entonces el sobreseimiento por prescripción. Barrandeguy dijo que desde el momento de la denuncia hasta hoy “no hubo un solo acto interruptivo”. En ese sentido, los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano respondieron que “durante el tiempo que duró la investigación Urribarri estuvo sin ser funcionario público tan sólo un año y tres meses; el resto del tiempo ocupó cargos públicos y de un poder relevante”, dijo Badano. En tanto, Yedro dijo que los peritos que analizaron el patrimonio de Urribarri demoraron dos años, presentaron su informe el 13 de septiembre de 2022 y al día siguiente se envió un pedido de información a Grecia sobre los contratos de Bruno Urribarri, el hijo futbolista del ex mandatario, “que no está investigado en esta causa”.

A su turno, Miguel Ángel Cullen advirtió que “hay una violación al debido proceso porque se ha violado el plazo razonable y que nos coloca dentro de la discusión constitucional respecto a si el Ministerio Público Fiscal tiene la facultad de realizar una investigación sin ningún tipo de limitaciones”.

El letrado, además, pidió que se declare la nulidad del auto de apertura de causa porque, según explicó, el ex gobernador fue citado para el miércoles 14 de junio a justificar el crecimiento registrado en su patrimonio entre 2008 y 2015; y para ese mismo día a prestar declaración de imputado. “Da la impresión de que no importa la justificación que pueda hacer Urribarri y que están decididos a imputarlo el mismo día”, ironizó.

En los mismos términos se expresaron los abogados Tomás Vírgala y Candelario Pérez, en representación de Martínez; e Ignacio Díaz y José Velázquez, defensores de Cardona Herreros, el empresario de nacionalidad paraguaya.

«Vergara no contestó nada de lo que plantemos»

Cullen señaló que el juez de Garantías, Julián Vergara no respondió a los planteos de la defensa al rechazar la prescripción y las nulidades. “El juez no contesta a ninguno de los agravios en forma concreta. Creo que no entendió el planteo», aseveró.

Requirió al juez Labriola que dicte la nulidad de la citación a declaración de imputado de Urribarri prevista para el 14 de este mes. Dijo que entiende que hay un error porque el mismo día lo llaman para que justifique y para imputarlo. «Dan por sentado que no le van a creer lo que dice o que no podrá justificar», sentenció.

Los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano pretenden que el exgobernador explique de qué modo pudo incrementar su patrimonio en más de 9 millones de dólares durante los años que estuvo al frente del Poder Ejecutivo entrerriano, entre 2008 y 2015. Para llegar a esa cifra cuentan con dos informes: el producido por el contador Héctor Enrique, personal de la Procuración, y por Romina Stepanic Pouey , técnica del Poder Judicial, y Cristian Dumé, perito de parte.

Pérez y Vïrgala, defensores del supuesto testaferro de Urribarri, reiteraron el pedido de sobreseimiento por prescripción de la acción penal, pero reprocharon que la Fiscalía se extendió en los plazos para investigar y la nulidad de nueva apertura de causa dispuesta por el Ministerio Público Fiscal. En ese sentido, Virgala sostuvo que llaman a tomar declaración a su representado a las pocas hora que pretenden realizar la imputación a Urribarri. «Se lo trae como partícipe que no sabemos tampoco porque no hay calificación legal en el llamado a indagatoria para el 16 de junio”, dijo Pérez.

Por último, habló Ignacio Díaz que representa a Diego Armando Cardona Herreros, quien más allá de adherir a los argumentos expuestos por sus pares agregó críticas al trabajo que viene realizando fiscalía en la causa.

Los abogados de Urribarri no coinciden con el planteo del juez Vergara, ya que para ellos el plazo de la prescripción se inició en diciembre de 2015 cuando el Procurador Jorge García dio curso a una denuncia contra Urribarri que habían presentado los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet.

Cullen aseguró que «la prescripción no se interrumpe durante el tiempo que la persona es funcionario público porque eso es establecer una diferenciación con el resto de los ciudadanos».

Para el abogado de Urribarri hay un incumplimiento de garantías constitucionales por parte del Ministerio Público Fiscal, ya que «se ha violado el plazo razonable» para investigar.

La fiscal Yedro sostuvo que el recurso de apelación estuvo mal concedido y que no debió ser admitido. En ese sentido pidió que se confirme lo dictaminado por Vergara.

Badano habló otra vez de la postura del MPF sobre que no debe aplicarse la figura de la prescripción y repasó toda la carrera de funcionario público de Urribarri. Además citó fallos del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que ratifican que la permanencia de la persona investigada como funcionario público interrumpe la prescripción.

El juez Labriola, después de escuchar a las partes, decretó un cuarto intermedio para resolver si le hace lugar a la apelación de los defensores o confirma lo resuelto por el juez de Garantías Julián Vergara.