El negocio de las fiestas y los incendios en las islas del Delta

22/05/2023

Un empresario rosarino que explotaba un parador en una isla frente a la ciudad de Victoria pidió una morigeración de la medida cautelar que prohíbe todas las acciones humanas con capacidad de alterar el medio ambiente en el Delta. Lo hizo luego de que la Municipalidad revocara el permiso de funcionamiento por incumplir con las condiciones establecidas al momento de la habilitación.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

El impacto de los incendios ambientales es incalculable. Los efectos sobre los ecosistemas pueden durar décadas o siglos para revertirse, y en algunos casos no hay vuelta atrás.

Un equipo de investigación de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) cuantificó el desastre provocado por los incendios en islas del Delta en el año 2022 y determinó que resultaron afectadas 83 especies animales y vegetales de la región. La catástrofe se dimensiona en cadáveres y destrucción total o parcial de nidos y refugios, especialmente de anfibios, reptiles, aves y mamíferos; como también de flora nativa.

Ante el desastre, el Estado se muestra impotente; y la justicia solo pudo dictar una medida cautelar de protección ambiental que prohíbe el ingreso y uso de maquinaria pesada, la aplicación de agroquímicos, el movimiento de suelos y otras actividades perjudiciales para la conservación de los humedales en las islas.

Los interrogantes, sin embargo, surgen a la hora de identificar a los responsables. Apenas un puñado de apicultores que fueron sorprendidos quemando una circunferencia de unos 1.500 metros con un bidón de combustible en el arroyo Los Laureles, en la costa entrerriana, argumentando que pretendían hacer un contrafuego para evitar que las llamas llegaran a unas colmenas que tienen en ese sector.

Un funcionario judicial le dijo recientemente a este cronista que “en el Delta hay un aquelarre provocado por un gran desmanejo”, que se explica en la complejidad de relaciones entre los distintos actores que intervienen en el territorio: “Las islas tienen un dueño que no vive ahí; hay puesteros, contratados por el dueño; y a veces ese puestero subdivide el territorio bajo su control y permite que haya gente asentada en ranchos”.

En ese aquelarre, un empresario rosarino planteó una morigeración de la medida cautelar de modo de poder organizar fiestas privadas en la isla La Invernada, frente a la ciudad de Victoria.

El abogado Federico Fernández Garrone, titular de la empresa Garden Producciones SRL, interpuso un planteo luego de la Municipalidad de Victoria revocara el permiso de funcionamiento al parador Garden Island.

La medida se efectivizó luego de que organizaciones ambientalistas denunciaran la realización de fiestas masivas, sin la habilitación correspondiente, en el parador Garden Island.

Las autoridades municipales constataron que la empresa Garden Island, que inicialmente había sido autorizada para montar un parador, funcionaba como una especie de boliche a cielo abierto y se hacían fiestas no autorizadas ni habilitadas. Pero la venta de entradas para las fiestas nocturnas siguió publicitándose en redes sociales.

“La consecuencia fue un cúmulo de cientos de personas en un parador amenizado con escenario, parlantes, reflectores, sectores desprovistos de vegetación que funcionan como pistas de baile, expendio de bebidas y música a un nivel tal que podía ser escuchada en otras islas incluso”, denunciaron los ambientalistas.

Ante esa situación, la Municipalidad de Victoria decidió revocar el permiso de funcionamiento sobre la isla que tenía Garden Producciones SRL. La resolución hizo hincapié en la inobservancia de la medida cautelar que dispone “la prohibición absoluta de acciones humanas con capacidad de alterar el medio ambiente” y “actividades que impliquen riesgo de incendio aún en carácter accidental”.

En los medios, Fernández Garrone pateó la pelota afuera: le apuntó al colectivo ambientalista y se eximió de cualquier responsabilidad por la fiesta clandestina.

En ese marco, Fernández Garrone se presentó ante el juez federal de Victoria, Federico Martín, y le pidió una adecuación de la cautelar. Lo hizo con una advertencia: “Durante la vigencia de la medida cautelar se desarrollan todo tipo de eventos públicos, por tanto es de vital importancia adecuar su alcance; ya que de lo contrario solo se promoverá la realización de fiestas clandestinas en paradores y/o sitios no habilitados al efecto”.

El magistrado rechazó la adecuación de la cautelar, en una medida que luego fue confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná. Le recordaron a Fernández Garrone que en ocasiones anterior ya había sido notificado por efectivos de la Prefectura Naval Argentina sobre la vigencia de la medida, que la consintió y que planteó la modificación solo cuando el municipio le revocó la concesión.

Los incendios ambientales, como se sabe, no son gratuitos. El juez solicitó a la Municipalidad de Victoria que le indique sobre la cantidad de paradores existentes en la zona de islas; las condiciones de habilitación, el aforo de personas para cada uno, horarios y actividades permitidas; si se exige un certificado de aptitud ambiental para habilitar cada parador y si se han impuesto sanciones o multas.

También a organismos estatales que le indiquen si se ha adoptado algún plan de contingencias de incendios y qué impacto ambiental generan los paradores y fiestas en la zona de islas en épocas de sequía y bajante del río.

Ello aunque es plausible el daño y las implicancias de los incendios sobre los ecosistemas son múltiples.