Allende espera por una pericia que diga en cuánto se enriqueció

27/04/2023

Una causa preocupa a José Ángel Allende, luego de dos intentos fallidos por resolver sus asuntos por la vía de un juicio abreviado. El ex legislador está imputado por enriquecimiento ilícito y en estos días se está terminando de elaborar la pericia que determine si efectivamente tuvo un crecimiento patrimonial que no puede justificar. Paralelamente, tramita en la Justicia Federal una causa por lavado de activos.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

El ex diputado provincial José Ángel Allende se ha corrido de la escena pública. Sin embargo, no ha dejado de hacer política: sigue tejiendo tras bambalinas en Nogoyá y no ha descuidado la conducción de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).

Mientras tanto, sigue atento al frente judicial, tras los fallidos intentos por resolver sus asuntos mediante un juicio abreviado. El ex legislador está especialmente preocupado por la causa en la que está siendo investigado por enriquecimiento ilícito –que se extiende a su ex esposa, Diana Traverso; a su actual pareja, Adriana Guadalupe Satler; y a sus hijos, María Cristina, Julio y Victoria Allende, a quienes habría utilizado como testaferros– y negociaciones incompatibles con la función pública.

De esa derivó otra, promovida por un hilarante abogado porteño, que denunció a Allende en la Justicia Federal por lavado de activos a partir de una serie de artículos periodísticos que describían el derrotero judicial del ex legislador.

El ex legislador intentó en dos oportunidades un acuerdo de juicio abreviado donde asumía su responsabilidad y buscaba exculpar a sus familiares. Pero no tuvo éxito y la investigación se reactivó en los tribunales provinciales.

En su momento, la acusación decía que entre 1999 y 2016, mientras era diputado provincial, Allende adquirió inmuebles, embarcaciones, autos antiguos, hizo inversiones en plazo fijo y en sociedades comerciales por 4.983.146,14 dólares, una cifra que no pudo justificar con sus ingresos ni ahorros. También se habría interesado en forma directa e intervino en los trámites administrativos para el otorgamiento de subsidios no reintegrables por 1.358.617,98 pesos en favor de la Fundación Esperanza, entidad que integró junto con su pareja y una de sus hijas.

Esos números fueron objetados por los abogados Leopoldo Lambruschini y Maximiliano Rusconi, defensores de Allende, tras la caída del juicio abreviado. De allí la necesidad de hacer un nuevo análisis con intervención de peritos de parte.

El juez Juan Hipólito Carlín dispuso entonces la realización de una pericia, con la intervención de un perito oficial del Superior Tribunal de Justicia (STJ), como lo establece el Código Procesal Penal de Entre Ríos, y peritos de parte, es decir, del Ministerio Público Fiscal y de la defensa. Una vez que el magistrado tenga el informe, que están terminando de elaborar los contadores, con los acuerdos y desacuerdos que puedan surgir, deberá decidir si llama a indagatoria al ex legislador.

Paralelamente, el juez federal Daniel Alonso retiene una causa por lavado de activos promovida por el abogado Santiago Dupuy de Lome, una especie de denunciador serial porteño, cuyo aporte fueron unos cuantos recortes periodísticos.

El juez delegó la investigación en el fiscal, pero la causa no ha tenido ningún avance. La defensa sostiene que la denuncia fue impulsada a partir de un hecho ilegal, ya que el abogado invocó como prueba la confesión de Allende en el juicio abreviado. El argumento es compartido por el fiscal Leandro Ardoy, pero el juez le sugirió investigar por otros medios. Tampoco tuvo en cuenta que esa denuncia debería acumularse con aquella que investiga el enriquecimiento ilícito.

Dieciséis meses después, los defensores pidieron el sobreseimiento de Allende y el fiscal solicitó que la causa se archive. Pero otra vez chocaron con la negativa del juez, que reasumió el control de la investigación y declaró inadmisibles las apelaciones.

En esa complejidad, hace unos días la Cámara Federal de Apelaciones le dijo a Alonso que debía concederle a las partes la posibilidad de apelar. En ese caso, el expediente volvería al tribunal superior para resolver si la causa se archiva, como pretende el fiscal; si se le concede el sobreseimiento a Allende, como piden los defensores; o si le dan una chance más al juez de continuar al frente de la investigación.