Abogados de Juntos por el Cambio, preocupados por el Consejo de la Magistratura

21/04/2023

Un grupo de abogados identificados en Juntos por el Cambio y el Foro Radical de la Abogacía de Entre Ríos manifestaron sus reparos ante el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y las trabas que han surgido en el concurso para cubrir cargos en la flamante Fiscalía Anticorrupción.

De la Redacción de Página Judicial

 

Abogados identificados con Juntos por el Cambio dijeron estar preocupados por la situación que atraviesa el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos desde la reforma de la ley que rige su funcionamiento y a raíz del estancamiento en que se encuentra el concurso convocado para cubrir cargos en la Fiscalía Anticorrupción.

Simultáneamente, un grupo de abogados que se reconocen como identificados el proyecto político de Juntos por Entre Ríos y el Foro Radical de la Abogacía emitieron sendos comunicados.

El primero lleva las firmas de Martín Acevedo Miño, Darío Carrazza, Luis Leissa, Matías Plugoboy y Mauro Vazón, quienes manifestaron su preocupación ante la situación que atraviesa la actual gestión del Consejo de la Magistratura.

“Vemos con desasosiego el devenir del concurso abierto para la selección de fiscales anticorrupción, ya que sobre él se han realizado severas y fundadas objeciones que ponen en tela de juicio la legalidad y transparencia de dicho proceso. Tanto es así que como resultante se han suscitado renuncias por parte de distintos profesionales del derecho que se niegan a ser jurados técnicos de dichos concursos, lo que constituye un hecho sin precedentes en la historia de los concursos realizados por el Consejo de la Magistratura”, señalaron los letrados.

Enseguida agregaron que “en atención a la voluminosidad de las renuncias, las mismas evidencian la intención de los colegas de no convalidar un proceso minado con ausencia de reglas claras” y exhortaron a los consejeros “a que extremen los recaudos de probidad y transparencia, en aras de un máximo apego a la Constitución. Solo así se podrá concretar la selección de los profesionales más idóneos para los cargos concursados”.

En tanto, el Foro Radical de la Abogacía de Entre Ríos denunció una “cadena de improvisaciones, desprolijidades y manejos poco claros” de parte del organismo asesor en el concurso para cubrir los cargos de la Fiscalía Anticorrupción.

“Las renuncias de jurados técnicos tales como los letrados (Roberto) Beheran, (Germán) Coronel, (Ana Clara) Pauletti y (Daniel) Rafecas, entre otros, y los reemplazos fallidos de los últimos días exhiben desde una impericia inaceptable hasta la cuestionable aptitud de un órgano cuyo funcionariado y aliados se han jactado de ser uno de los más transparentes del país”, dice el documento de los abogados radicales.

En otro párrafo, los letrados dicen que “la sensible función de selección de magistrados y funcionarios judiciales en el contexto de la cobertura de cargos de una nueva estructura judicial como es la Fiscalía Anticorrupción exigen un especial tacto y cuidado en el procedimiento más aun luego de la sanción de la Ley 11.003 –impugnada desde diversos estamentos y con variadas voces– que se exhibió como una necesaria reforma legal que venía a modernizar, actualizar y ajustar el sistema. Nada de eso se advierte en esta retahíla de marchas y contramarchas que conspiran contra la seriedad e imparcialidad del organismo”.

Respecto de los cambios a la ley rige el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, señaló el Foro Radical de la Abogacía que resulta “cada vez más evidente que se sancionó una reforma de la ley del Consejo de la Magistratura para direccionar el proceso de selección de fiscales afines a un esquema de poder político que languidece en un fin de ciclo”.

Por último, advirtió que la sociedad entrerriana “debe saber que estos notorios desmanejos influirán en la vida de cada hombre y mujer que ponen su libertad y propiedad en manos de jueces, fiscales y defensores que pueden resultar seleccionados en procesos carentes de seriedad, irregulares y hasta arbitrarios” y planteó que quienes “han decidido por una circunstancial mayoría legislativa modificar la ley reglamentaria de un órgano que funcionaba razonablemente bien deben asumir la altísima responsabilidad de demostrar las bondades del nuevo sistema. Claramente eso no está sucediendo en el estropicio institucional que se advierte”.