Quiso ser jueza, no pasó los concursos, denunció discriminación y le dijeron que no

18/04/2023

La Corte Suprema rechazó intervenir en una demanda promovida por una abogada entrerriana que dijo haber sido discriminada en concursos ante el Consejo de la Magistratura de la provincia por su condición de mujer y no-peronista. “Son los jueces locales los que deben juzgar esas conductas”, argumentó la procuradora fiscal, y así lo ratificó el máximo tribunal.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

Una polémica vuelve a rodear al Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, esta vez a raíz de una denuncia –rechazada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación– de una abogada entrerriana que dice haber sido discriminada en concursos para ser jueza.

Sonia Gabriela Spreafico, abogada oriunda de Crespo, egresada de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), con casi treinta años ejerciendo la profesión, dice haber recibido un trato discriminatorio que sepultaron sus chances en los concursos para acceder a cargos judiciales, y lo atribuye a su condición de mujer y a sus ideas políticas.

Lo que dice la letrada es que el Consejo de la Magistratura y el Superior Tribunal de Justicia (STJ) han ejercido en su contra “un constante actuar discriminatorio, persecutorio y proscriptivo” por su condición de mujer y por sus ideas políticas, y agrega: “No pertenezco y jamás fui afiliada al Partido Justicialista, oficialismo provincial desde el año 2003”. Así lo explicitó en una demanda por daños y perjuicios que promovió en 2020 ante la Corte Suprema contra el Estado provincial.

La abogada enmarca los hechos en tres concursos para acceder a cargos judiciales en el fuero laboral de los que dice haber sido desplazada deliberadamente en la instancia de la entrevista personal ante los consejeros, la última del proceso tras el análisis de antecedentes y los exámenes escrito y oral que hace un jurado técnico.

Hace unos días, la Corte Suprema rechazó por unanimidad la demanda en la que solicitaba el cese a futuro de las acciones discriminatorias y una reparación por daños y perjuicios de 2,8 millones de pesos más intereses.

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El máximo tribunal rechazó su competencia originaria en base a los argumentos de la procuradora fiscal Laura Monti, “pues la demanda tiene por base la responsabilidad del Estado provincial por el obrar ilegítimo que se le atribuye”.

La procuradora sostuvo en su dictamen que “la cuestión que se invoca no reviste un manifiesto contenido federal, por lo que no es apta para surtir la competencia originaria de la Corte Suprema. Es que, según se desprende de los términos de la demanda (…) la pretensión principal de la actora consiste en obtener una reparación por los daños y perjuicios derivados del trato discriminatorio que alega haber sufrido por parte de la demandada en el marco de diversos concursos públicos de oposición y antecedentes convocados para la selección de magistrados provinciales”.

Palos para todos y todas

En la demanda ante la Corte Suprema, Spreafico cita los antecedentes de tres concursos en los cuales participó y, según dice, sufrió las acciones discriminatorias en desmedro de otros abogados varones a quienes les atribuyó militancia y relaciones con el PJ. En el reparto de acusaciones, habló de un postulante que “había sido, con anterioridad, procesado penalmente por un delito de acción pública y absuelto de culpa y cargo en el debate oral”, otro que tenía una causa penal en trámite en ese momento, uno que fue “apoderado del Partido Justicialista” y un hermano de un senador que integraba la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, entre otras cuestiones.

Entre 2013 y 2014, rindió para ocupar un cargo en la Cámara de Apelaciones en lo Laboral de Paraná (Concurso 126) y asegura que perdió la posibilidad de integrar una terna por la baja calificación que le asignaron los consejeros en la última etapa, “teniendo legítimas expectativas antes de la entrevista”.

“Concurrí a la entrevista personal ubicada en tercer lugar en el orden de mérito por las notas de mis exámenes y mis puntos de antecedentes. Al finalizar la entrevista, fui excluida de todas las ternas (…) y los postulantes varones que me habían seguido en inferioridad de puntuación fueron incluidos en ella, en razón de la asignación de puntajes en esa entrevista final”, afirmó.

En el medio, tras el dictamen del jurado técnico y previo a las entrevistas a los postulantes ante los consejeros, el STJ designó como suplente a Emilio Matorras, uno de los concursantes y hermano de un senador provincial del PJ.

La terna finalmente quedó integrada por Fabiola Bogado Ibarra, Guillermo Bonabotta y Guillermo Federik; mientras que Matorras ingresó en una lista complementaria, recibió acuerdo del Senado y fue designado por el gobernador.

La historia se repitió en el concurso para cubrir tres cargos de juez laboral de Paraná (Concurso 148), entre 2014 y 2015. En ese caso, recibió cero puntos en la entrevista personal.

Sin eufemismos, atribuyó su desplazamiento a Miguel Agusto Carlín, ex vocal del STJ y consejero en ese momento por el estamento académico. Según dijo, en ambas ocasiones le preguntó por una causa por estafa procesal de la cual había salido absuelta, pero que unos años antes había motivado un apercibimiento de la Sala Penal, cuando el propio Carlín integraba el alto cuerpo.

Su conclusión, sin embargo, fue que “la mujer que no tiene vínculos personales ni familiares con el partido político del oficialismo provincial, fue postergada por dos varones vinculados familiarmente con el partido político gobernante”.

La terna, en ese caso, quedó integrada por Gladys Pinto, José Antonio Reviriego y María Alejandra Abud; mientras que en una lista complementaria se agregaron los nombres de Gerardo Ormaechea y Nanci Bautista. Finalmente, el gobernador eligió a los tres primeros de la terna remitida por el Consejo de la Magistratura.

La abogada Spreafico volvió a intentarlo en 2016, esta vez en tres concursos simultáneos convocados para cubrir cinco cargos de juez laboral en Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay (Concursos 181, 182 y 183).

Lo que cuestionó en ese caso es que el jurado técnico estableció distintos criterios para el análisis de los antecedentes y le asignaron menor puntaje que en los concursos anteriores por “años de especialidad” en Derecho Laboral. “Trato desigual que contrasta con el dispensado a otro concursante dos meses antes, por idéntico órgano en idéntica integración”, sostuvo entonces. En rigor, era una concursante, mujer, aunque “ya era miembro del Poder Judicial entrerriano”, agregó.

En esos concursos, el Consejo de la Magistratura volvió a asignarle cero puntos en la entrevista personal, dispuso su expulsión del concurso y la abogada Spreafico renunció.

El asunto, como se dijo, no terminó ahí sino que derivó en una demanda ante la Corte Suprema que ahora declaró su incompetencia. ¿Habrá nuevos capítulos?

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