La pelea de fondo 

04/04/2023

No es el concurso por los lugares en la Fiscalía Anticorrupción, sino una crisis institucional lo que se avizora en el frente. 

Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial

 

Las impugnaciones y la acción de inconstitucionalidad contra el Consejo de la Magistratura se dan en un marco específico, concreto: los concursos para la Fiscalía Anticorrupción. 

El organismo constitucional que se pretende integrar hace más ruido que en el que se desarrolla la competencia, pero no significa que sea más importante. Todo lo contrario. 

Con el concepto de “corrupción” como tema palpable en las encuestas, todo se torna más taquillero. Por eso la doctora Cecilia Goyeneche se hacía nombrar fiscal anticorrupción cuando no lo era. Ser una adjunta significaba ser segunda de alguien, lo que dificultaba su minuto de fama en la pantalla nacional y calar en sectores de la sociedad por fuera del círculo rojo. ¿Quién pondría la atención sobre una procuradora adjunta de provincia? 

Las impugnaciones para los concursos de la Fiscalía Anticorrupción llegaron sobre la hora de cierre de la inscripción, lo que llama poderosamente la atención. Entre los cuestionamientos aparece, por ejemplo, la forma en que se hizo el sorteo de jurados. Ese trámite, al que cuestionan por no haber sido público, se realizó el 15 de febrero.  

El sorteo se hizo como se viene haciendo hace 20 años. No hay registros en las actas de que ese acto cuente con la presencia de otras personas que no sean el presidente, vice, algún secretario y empleados. Ni siquiera los anotados para el concurso. El fiscal José Arias, uno de los que cuestionó esa cuestión, no estuvo en el sorteo de jurados para el concurso N°199 por el que él mismo fue designado. 

Se acusa también a los consejeros de haber digitado los jurados, pero resulta que renunciaron seis integrantes: Miguel Federik, Germán Coronel, Roberto Beherán, Ricardo Álvarez,  Gabriel Pérez Barberá y Jorge Romero. O el plan no estuvo bien diseñado o bien la acusación sobre la digitación es una fantasía. 

La pelea 

El Consejo de la Magistratura de Entre Ríos está inmerso en uno de los sistemas más equilibrados del país, en el que el organismo sólo se limita a la evaluación y selección de una terma. No maneja el presupuesto del Poder Judicial, que lo hace el propio poder de manera autónoma; ni tiene la potestad de juzgar a los integrantes de la Justicia, como el organismo a nivel nacional.  

El consejo entrerriano tiene, por ejemplo, la participación de la sociedad civil en la tercera etapa en la que cada postulante es evaluado desde una perspectiva no jurídica a través de una “entrevista personal”. Allí se incurre en el interés del postulante por problemáticas fuera del tecnicismo que se evalúa en las etapas anteriores. 

En resumen: el Consejo de la Magistratura no tuvo en estos 20 años críticas rimbombantes, a tal punto que su articulado en la Convención Constituyente se aprobó por unanimidad. 

La pelea de fondo que se lee en el reducido ámbito que no va más allá de la Plaza Mansilla y alrededores nada tiene que ver con el concurso de la Fiscalía Anticorrupción, sino con el poder en torno al Consejo de la Magistratura. Es una guerra palaciega entre personas que integran el Ministerio Público Fiscal, con Goyeneche al timón del barco; y un sector del Superior Tribunal de Justicia (STJ) integrado por Daniel Carubia, Claudia Mizawak, Susana Medina (obligada por ser presidenta). Cada uno de los sectores en pugna tiene sus adláteres y voceros.  

Las batallas anteriores en esta guerra tienen su correlato en algunos fallos, pero la máxima tensión llegó cuando fue destituida Goyeneche. Aquel proceso encontró a integrantes de la Procuración General llevando pancartas frente a los tribunales con rostros de vocales del STJ acusándolos de corruptos. Lo inquietante es que no hubo denuncia. 

Por primera vez en años se realizó una elección en la Asociación de la Magistratura en la que se rompió con la tradición de lista única. Ese proceso también contó con una narrativa en el mismo tono: supuestos corruptos y supuestos adalides de la anticorrupción.  

La acción de inconstitucionalidad la presentó un grupo que se hace llamar “Entre Ríos Sin Corrupción” y que tiene como abanderada a Goyeneche.

El cuestionamiento más importante a la nueva ley del Consejo de la Magistratura es una supuesta intromisión del STJ por ser quien atienda las impugnaciones. Esto, en rigor, es una verdad a medias porque el alto cuerpo siempre fue y será la última instancia para resolver. Lo que la nueva norma introdujo es una vía directa y fija un plazo de 30 días para resolver, punto este último que el STJ ya comenzó a desoír, echando por la borda la reforma que venía a agilizar el proceso. 

Esa dicotomía de supuestos corruptos y supuestos luchadores contra la corrupción tiene como marco la condena a un ex gobernador con una pena de 8 años; además de otros ex funcionarios que también fueron condenados; y como si eso fuera poco se siguen abriendo procesos judiciales a dirigentes políticos.

El relato se cae. Pero no importa. En ciernes pareciera haber un interés, en el seno del Poder Judicial, de llevarse puesto nada menos de lo que debería resguardar: la institucionalidad.