Luz verde para el Comité Provincial de Prevención de la Tortura

08/03/2023

El Gobierno provincial impulsará un proyecto con la idea de plasmar esta iniciativa, reclamada por los organismos de derechos humanos. La ley se aprobaría en los próximos días en la Legislatura y quedaría promulgada en la previa del 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia.

De la Redacción de Página Judicial

 

La provincia dará un paso trascendental en materia de defensa de los derechos humanos: en vísperas de un nuevo aniversario del inicio de la sangrienta dictadura, se implementará en Entre Ríos el Comité Provincial de Prevención de la Tortura.

La intención es que todo suceda antes del aniversario del golpe de Estado: el 15 de marzo próxima se aprobaría en la Cámara de Diputados, una semana después lo haría el Senado y el gobernador Gustavo Bordet promulgaría la ley el 23 de marzo, previo al Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia.

De esta forma, el Comité Provincial de Prevención de la Tortura vería la luz seis años después de aprobada la Ley Número 10.563, y tras un sinfín de idas y venidas, de revisiones a la normativa y reclamos de los organismos de derechos humanos. Lo que cambió ahora es que aparecieron los acuerdos necesarios y la voluntad política del Gobierno de integrar el organismo.

El Comité Provincial de Prevención de la Tortura es un organismo de control, independiente de los poderes del Estado, que responde a una obligación normativa nacional e internacional, que podrá monitorear los lugares de encierro a través de visitas periódicas no anunciadas, denunciar casos de tortura, documentar, difundir y sensibilizar sobre casos de tortura para prevenir hechos futuros y recomendar acciones y políticas públicas para prevenir los malos tratos a personas detenidas.

Su puesta en marcha, sin dudas, implicará generar una mayor apertura de las cárceles y lugares de detención de personas para prevenir las violaciones de derechos humanos a las que se encuentran sometidas las personas privadas de la libertad.

Su creación fue votada por unanimidad en la Legislatura en 2017, pero nunca se pudo integrar. La ley contemplaba la integración de una comisión bicameral para acompañar la tarea pero solo se integró a medias, con los representantes de la Cámara de Senadores, poco después de la promulgación de la ley.

Dos años después, el Poder Ejecutivo impulsó un proyecto de ley, presentado por el diputado Juan Reynaldo Navarro (PJ-Tala), para que se dispusiera que los miembros del organismo cumplieran su labor ad-honorem. Los organismos de derechos humanos se opusieron con firmeza a ese punto porque tal criterio contradice la normativa nacional e internacional y porque se consideraba que de tal modo se le quita jerarquía a la misión del organismo. El proyecto nunca fue tratado y desde entonces el debate estuvo centrado en torno a si debían percibir honorarios o no los miembros de la nueva institución.

En 2020, los organismos de derechos humanos hicieron un nuevo intento. Presentaron al Poder Ejecutivo una propuesta previendo la asignación del haber de un director del escalafón general para los miembros del Comité. Pero tampoco tuvieron respuestas a esa alternativa.

Ahora, en torno a un borrador de proyecto de ley, hubo consenso entre el Gobierno y representantes la Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos (Rodher) para que finalmente pueda constituirse esta institución.

El comité estaría integrado por un representante del Poder Ejecutivo a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos; dos diputados, uno por la mayoría y otro por la minoría; un senador; dos miembros de la sociedad civil de referencia en el área de derechos humanos y un cargo de Secretario Ejecutivo. Estos tres últimos percibirían una remuneración equivalente a un cargo de director general. En la representación deberá respetarse la paridad de género.

Los representantes de la sociedad civil deberán ser referentes de organismos de derechos humanos con personería jurídica y la selección se daría en el marco de una asamblea, de un modo similar al que rige para la selección de miembros de la sociedad en el Consejo de la Magistratura.

En tanto, el Secretario Ejecutivo tendrá a su cargo la función de coordinar la labor del Comité y será elegido en una convocatoria pública, en un proceso de concurso de antecedentes y oposición.

Garantías

Lucía Tejera, abogada en representación de víctimas de la dictadura e integrante de la Rodher, expresó: “Celebramos la voluntad política de constituir este órgano tan importante para el Estado de derecho y para el fortalecimiento de la democracia”.

“Venimos insistiendo hace seis años con esto. El mecanismo de prevención no puede quedar en un órgano meramente enunciativo sino que debe ser un órgano que coadyuve al sistema político para generar las mejores políticas públicas en relación a las personas privadas de la libertad”, manifestó en diálogo con Página Política.

Tejera explicó que lo previsto es que se actúe “ante cualquier situación que implica restricción de la libertad, situaciones en las que hay personas que de algún modo tienen restringida su libertad como hospitales de salud mental, institutos de menores, geriátricos en los que esa restricción depende de funcionarios públicos” y agregó: “Las cárceles aparecen como el objeto más fuerte, más visible para el trabajo del Comité que debe atender a las obligaciones que tiene el Estado y prevenir la tortura”.

La abogada mencionó que, fruto de lo previsto por la legislación nacional e internacional, funcionan ya instituciones de este tipo en Chaco, Misiones, Mendoza y Corrientes entre otras provincias. Ahora, al parecer, ha llegado el turno de Entre Ríos.

Informe: Luz Alcain, para Página Política.