PIRATERÍA
El Consulado de Bolivia denunció hostigamiento a comerciantes en Entre Ríos
27/02/2023
En los últimos días se realizaron decenas de allanamientos en locales de venta de ropa trucha regenteados por ciudadanos bolivianos. El hecho provocó la reacción de las autoridades diplomáticas, que solicitaron la intervención del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y del Inadi.
De la Redacción de Página Judicial
La AFIP realizó decenas de allanamientos en comercios regenteados por ciudadanos de nacionalidad boliviana en distintas localidades entrerrianas. Los operativos fueron ordenados por el juez federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, por una presunta infracción a la ley de marcas o por incapacidad de justificar el legítimo ingreso de la mercadería al territorio aduanero.
El magistrado ordenó una serie de allanamientos de locales comerciales: dos en Paraná, siete en Gualeguaychú, tres en Colón, cuatro en San José, dos en Victoria, uno en Rosario del Tala, uno en Diamante y once en Concepción del Uruguay, en el marco de una investigación por presunta infracción a la ley de marcas, a raíz de una denuncia promovida por el Centro de Defensa Comercial de Gualeguaychú.
Según indicaron fuentes oficiales, en los distintos procedimientos se secuestraron 25.133 prendas de vestir y zapatillas, cuyo valor ascendería a los 55.640.000 pesos; y máquinas que se presume eran utilizadas para falsificar etiquetas de primeras marcas.
El hecho generó la reacción del Consulado de Bolivia en Rosario, que tiene jurisdicción en la provincia de Entre Ríos, a raíz de que “compatriotas bolivianos” se comunicaron para alertar que “están sufriendo allanamientos a sus comercios como efecto de una orden, aparentemente, de autoridades judiciales de Gualeguaychú”.
Las autoridades diplomáticas bolivianas solicitaron la intervención del Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) “con el fin de hacer seguimiento a los hechos y, sobre todo, para que se respeten –en todos los operativos– los procedimientos legales, administrativos, el debido proceso, el derecho a la defensa y los derechos humanos; además de que no haya expresiones de xenofobia y discriminación, en aplicación de las normas nacionales e internacionales vigentes”.
Los CAJ son oficinas públicas, dependientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que brindan servicios de atención legal primaria gratuita. Las autoridades bolivianas se contactaron con las oficinas que funcionan en Paraná y Gualeguaychú para gestionar que “los afectados por los allanamientos cuenten con el derecho a la defensa a través de la actuación de Defensa Pública Oficial Federal”. Del mismo modo, enviaron una nota al defensor Iván Javier Gueller.
Las gestiones estuvieron a cargo de las autoridades los CAJ locales, en coordinación con el vicepresidente de la Colectividad Boliviana de Paraná, Juan Eguez.
Además, el Consulado de Bolivia en Rosario solicitó la intervención del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) y de organismos de derechos humanos para que verifiquen si en los procedimientos realizados en distintas localidades entrerrianas “se están cumpliendo los derechos universales”.
En respuesta a la reacción de la comunidad boliviana, el juez Viri dijo que el operativo no se debe tomar como una forma de persecución hacia ciudadanos extranjeros: “La nacionalidad de los dueños (de los comercios) no tiene ninguna relevancia; lo relevante es si llevan a cabo una actividad ilícita” y agregó: “La mayoría de los comercios pertenecen a (ciudadanos) argentinos”.
En todos los casos se labraron actas por infracción a la ley de marcas en cuanto a que sanciona “con prisión de seis meses a tres años” al que falsifique “marcas, contraseñas o firmas oficialmente usadas o legalmente requeridas para contrastar pesas o medidas, identificar cualquier objeto o certificar su calidad, cantidad o contenido, y el que las aplicare a objetos distintos de aquellos a que debían ser aplicados”.
Ahora bien, la justicia tiene dicho que no hay delito, estafa ni violación a la ley de marcas si la falsificación de la ropa que los comerciantes exhiben para la venta es tan notoria que no pueden generar confusión entre quienes las adquieran.