Justicia y política: el caso Erro es de laboratorio

28/12/2022

Con una decena de causas judiciales sin sentencia firme, el ex intendente de Gualeguay parece ser un caso de estudio. Las distintas varas en el Ministerio Público Fiscal y la situación de su archienemigo político en la ciudad, sobre quien también pesa una denuncia que se mantiene en silencio.

Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial 

 

Luis Erro llegó a tener 10 denuncias en su contra. En su mayoría disparatadas. Así y todo hasta el día de hoy peregrina por los tribunales con la intención de declararse culpable en alguna de ellas con tal de cerrar de una vez por toda una etapa.

El devenir del ex intendente de Gualeguay debería ser estudiado en la academia.

El caso más resonante fue el que lo encontró culpable de haber cometido el delito de peculado al prestarles a los candidatos del PJ para las elecciones legislativas de 2009 un enchufe de una oficina municipal, lo que generó para la Justicia un perjuicio al Estado de seis pesos. Fue condenado en primera instancia y en la Cámara de Casación Penal, aunque luego absuelto por el Superior Tribunal de Justicia (STJ). El desfalco de los seis pesos llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a instancias del Ministerio Público Fiscal. El máximo cuerpo del país confirmó la absolución el año pasado.

En 2013, cuando transitaba su segunda gestión al frente de la Municipalidad, Erro fue denunciado por una compra de espuma para el Carnaval de Gualeguay. Se dictó el sobreseimiento pero Fiscalía apeló y la Cámara de Casación Penal anuló el sobreseimiento entendiendo que existió una irregularidad en la constitución del tribunal que había sobreseído. No se encontró perjuicio para la Municipalidad, pero marche preso.

En Gualeguay todos los años son carnaval para Erro. En 2010 ya había sido denunciado por el pago a comparsas, donde fue absuelto en Cámara por falta de mérito. Ese mismo año se lo imputó por haber contratado en forma directa el sonido para los carnavales de la ciudad luego de dos licitaciones fracasadas. Se absolvió a todos los imputados por entender que no existía ningún tipo de ilícito ni perjuicio al Estado. Fue denunciado por funcionarios que luego dejaron de serlo en el marco de desquiciadas internas en el seno de su partido. El Ministerio Público Fiscal fue a fondo en todos los casos.

Fue también en 2010; cuando Erro decidió enfrentar al candidato de Sergio Urribarri, el empresario constructor José Pitón; y recibió otra denuncia en la que fue absuelto por haber refaccionado un local que la Municipalidad recibió en comodato del Correo Argentino. Y así un par más que, de enumerarlas, la crónica se torna más tediosa.

Al año siguiente le abrieron una causa por amenazas. En un partido de básquet entre equipos de profesionales Erro se enfrentó deportivamente al fiscal Rodrigo Molina, quien en un momento se acerca al finalizar el partido para advertirle que lo iba a llamar a indagatoria por cuatro cheques de 2.500 pesos que había emitido el municipio para los carnavales 2010, dinero que fue nunca faltó. Según Erro el fiscal le reconoció que la causa no tenía sentido, pero la medida respondía a un “pedido de los de arriba”. Antes de ser notificado salió en un semanario de la ciudad. ¿Resultado de esta causa por amenazas? Falta de mérito.

La más inquietante es la de enriquecimiento ilícito. La causa se inició en 2018 por la compra de un terreno de 32 hectáreas. La imputación surgió por una supuesta revelación periodística. Erro es un hombre que tiene un buen pasar económico, ya que su padre fallecido recientemente tuvo durante toda su vida un importante campo de 1350 hectáreas en Corrientes y 530 en su ciudad. Los campos fueron pasados a sus dos hijos, Luis y Sebastián, un reconocido abogado de la zona, que tenía entre los clientes al frigorífico Soychú y la empresa de gas envasado Inprocil. Pero además, el ex intendente es conocido por ser propietario de caballos de carrera que compiten en los Estados Unidos y que se han hecho de importantes premios.

Hace tres semanas, Erro se aprestó a firmar un juicio abreviado para cerrar cualquier litigio. El paquete incluía cuatro causas: La compra de espuma; las de los cheques, las luminarias; y un legajo que refería a supuestas irregularidades en la construcción de 80 viviendas.

Estas dos últimas no lo involucran directamente. En la de las luminarias se lo acusa de no haber evitado una licitación por 1.4 millones de pesos. Se imputó por los supuestos delitos de falsificación de documentos públicos y defraudación al Estado en los procesos administrativos a dos funcionarios. En la causa de las viviendas tampoco se lo imputó, sino que la Justicia recayó sobre un funcionario, al que hallaron responsable del delito de administración infiel agravada por tratarse de un fraude a la administración pública.

Cuando Erro se enteró que la causa de enriquecimiento no estaba en la propuesta decidió dar marcha atrás. Cree que tiene suficiente capital adquirido anteriormente de haber asumido la función pública y puede demostrar que no cometió ilícito, además de entender que la pericia del Ministerio Público se cae por su propio precio.

Distintas varas

En 2017, en el marco de la estafa en ATER, la Procuración General emitió una resolución en la que decidió no sostener la acusación respecto de “aquellos contribuyentes que hayan compensado fraudulentamente deudas por impuestos por un monto total inferior a los 15 mil pesos – sea que dicho monto resulta de una única la imputación o de la sumatoria de las distintas imputaciones realizadas en las diferentes causas referidas según cada caso- que acrediten de manera fehaciente haber conciliado con la ATER, es decir, haber regularizado su situación de deuda ante el fisco provincial”. En esa causa se denunció una operatoria para borrar de un software 50 millones de pesos en impuestos que debían pagar empresas a través del sistema de compensaciones móviles.

¿No habrá sido más fácil pedirle a Erro los seis pesos de la electricidad que prestó a los candidatos, que llevarlo hasta la Corte? Insólitos parámetros de política criminal en uno y otro caso.

Por si fuera poco, el hermano de Erro, Sebastián, quien falleció por Covid, hizo una denuncia luego de que su hermano Luis sea allanado en el marco de la desaparición del empresario Omar Héctor Horacio Benvenuto. El allanamiento había sido con información otorgada por el Ministerio Público Fiscal que luego se supo que no era correcta. Esa causa se archivó.

El archienemigo político de Luis Erro es el ex senador Hernán Vittulo, a quien el ex intendente lo acusa de ser instigador de buena parte de sus peripecias judiciales con apoyo del procurador general, Jorge García.

Vittulo, coincidentemente, tiene una causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero iniciada elmiosmo año que la de Erro: 2018. El fiscal Gamal Taleb dice que va muy bien la pesquisa, aunque se mantiene en total hermetismo y no sale nada ni siquiera en los medios amigos. El ex senador es un nombre inquietante en el disco rígido que la Procuración General no aceptó como prueba en la causa contratos truchos.

La manera en que se cubrieron cargos en la jurisdicción gualeya del Poder Judicial es un gran tema, pero queda como promesa para otro capítulo de esta saga.