El reclamo silenciado detrás del pedido de equiparación salarial de los defensores

20/12/2022

El proyecto para equiparar los salarios de los defensores públicos con el de los fiscales expuso una vez más la grieta que atraviesa las conductas y alianzas en el Poder Judicial: el reclamo de los jueces de casación para obtener un plus que los ponga por encima del salario que perciben los magistrados de tribunales de juicio, cuyas resoluciones revisan.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

No todo es armonía –como se exhibe en las fotos– en la mesa interinstitucional que integran magistrados, funcionarios de los tres poderes, abogados y operadores del sistema judicial.

La mentada mesa interinstitucional surgió a instancias del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, en medio de las tensiones que tuvieron su clímax con el proceso que terminó con la destitución de Cecilia Goyeneche. La intención, entonces, fue conformar un espacio “para fortalecer el funcionamiento de las instituciones, trabajar cuestiones en las últimas leyes sancionadas en el marco del respeto de la Constitución Provincial”.

Como telón de fondo había una explícita intención de implementar una serie de modificaciones en el Código Procesal Penal de Entre Ríos, impulsadas por un grupo de abogados, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y un sector de la política, buscando menguar el poder de los fiscales. El proyecto fue remitido hace algunas semanas al Poder Ejecutivo.

Pero otras dos novedades surgieron en los últimos días, una con más repercusión que la otra: la creación de 152 cargos para el Poder Judicial; otros 67 cargos para el Ministerio Público de la Defensa, que incluyen defensores y auxiliares; y el reciente anuncio del envío a la Legislatura de un proyecto para la equiparación salarial entre los defensores públicos y los agentes fiscales.

En la estructura del Poder Judicial de Entre Ríos, el Ministerio Público –dividido entre fiscales y defensores– tiene “independencia orgánica, funcional, siendo su función promover la actuación, de la justicia en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad” y la ley sostiene que para ser fiscal o defensor “se deberán reunir las mismas condiciones que requiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de Entre Ríos para los cargos análogos y tendrán la misma jerarquía y remuneración que éstos”.

En esos preceptos se sostiene el proyecto para que el defensor general y los defensores públicos y auxiliares tengan retribuciones “equivalentes” con las del procurador general y los agentes fiscales y auxiliares.

En sus fundamentos, el proyecto señala que los defensores públicos “tienen asignada una situación escalafonaria diferente a la correspondiente a los agentes fiscales”. De acuerdo con la escala salarial vigente, los fiscales perciben el 77 por ciento del haber de un vocal del STJ; mientras que los defensores perciben un 73 por ciento. De igual manera, el Defensor General, percibe un 93 por ciento del haber del vocal del alto cuerpo; mientras que el Procurador General percibe un 96 por ciento.

No habrá trabas en la Legislatura para esta equiparación salarial. Pero abre la puerta a otro reclamo de la misma índole que han planteado hace un tiempo los integrantes de las cámaras de casación penal, en su caso, sin suerte.

Unos sí, otros no

En off the record, ante consultas de Página Judicial, en tribunales admitieron que el reclamo de los jueces de casación es anterior al de los defensores públicos. Lo hicieron ante el STJ, y luego a través de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, para obtener un plus que los ponga por encima del salario que perciben los magistrados de tribunales de juicio y apelaciones, cuyas resoluciones revisan.

Sostienen que recae en ellos un mayor grado de responsabilidad, que deben resolver más causas y que, a diferencia de los tribunales penales inferiores, no se prevé en la instancia de casación la posibilidad de llegar a soluciones alternativas ni por acuerdo de partes, sino que deben revisar todas las sentencias de juicio en base a un criterio de sistematización, comparación, armonización y difusión de la jurisprudencia.

Esas consideraciones, dicen, no reflejan la relevancia institucional de las cámaras de casación penal en los salarios que perciben, como sí ocurre en otras provincias.

Según la escala salarial del Poder Judicial, los magistrados de los tribunales de juicio y apelaciones y los de casación perciben el 90 por ciento del haber de un vocal del STJ. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, un juez de casación percibe el 80 por ciento de lo que cobra un juez de la Suprema Corte; mientras que los integrantes de los tribunales de juicio perciben el 68 por ciento.

Es posible que el éxito de unos –los defensores– y el fracaso de otros –los jueces de casación– se explique por razones que van más allá de lo justo o injusto del reclamo. En todo caso habrá que decir que forma parte de la grieta que divide aguas en el country.

En el STJ no hacen concesiones en una guerra frenética y fratricida: ven a la Cámara de Casación Penal de Paraná, esa que integran Marcela Badano y Marcela Davite, como un apéndice del Ministerio Público Fiscal. Las esquirlas salpican hasta los fallos judiciales y todo lo que se diga de un lado de la grieta, será rebatido desde el otro.

Si hay una foto exacta de este cuadro de situación es aquella del 24 de diciembre de 2018, cuando la Sala Penal del STJ hizo lugar a un habeas corpus y ordenó la excarcelación de Juan Pablo Aguilera, detenido en el marco de la causa de los contratos truchos. La Cámara de Casación Penal, con el voto de Davite y Badano había confirmado, unos meses antes, la prisión preventiva en la unidad penal. Pero esa nochebuena, el alto cuerpo, con el voto de Daniel Carubia y Claudia Mizawak, dejó en libertad al cuñado del ex gobernador Sergio Urribarri. El argumento era que la cárcel de Paraná no tenía un pabellón específico para alojar a personas procesadas separadas de aquellas que ya habían sido condenadas. Esa decisión habilitaba una andanada de presentaciones en idéntico sentido, que podrían ser impulsadas por los defensores públicos. Pero Benítez bajó una directriz para que no lo hicieran.

Esa foto acaso explica el éxito de la gestión que hoy celebran los defensores públicos y el fracaso de aquella otra que impulsan los jueces de casación.