Un Etchevehere resiste la entrega de una cochera a El Diario

03/11/2022

El juez que conduce el concurso preventivo de El Diario le quitó a la familia Etchevehere el derecho de cobrar alquiler sobre inmuebles que pertenecen a la empresa. En la disputa también hay campos que están registrados a nombre de Sociedad Anónima Entre Ríos, la firma editora, pero que son explotados por los Etchevehere.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

La escena podría pasar por una simple pulseada conventillera. Un cerrajero es conminado a los gritos por el administrador de una cochera en pleno centro cívico a cesar en la tarea de cambiar la cerradura que le había encomendado el dueño del inmueble. Todo transcurre ante la mirada impávida de transeúntes y usuarios, y frente a la incredulidad del trabajador que, alejado de cualquier polémica, recoge sus herramientas y se marcha con una sonrisa irónica dibujada en su rostro.

Hay algo de vodevil en esa escena que transcurre en la calle, frente a la Casa de Gobierno, pero también en el expediente donde se dirime el concurso preventivo de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), empresa editora de El Diario.

Lo que ocurrió este martes debe entenderse en el marco de las pujas por el concurso preventivo de SAER. A continuación, un repaso.

El juez Ángel Moia, que tiene a su cargo el proceso, determinó en su momento el patrimonio de la empresa e hizo un listado de bienes con los cuales podría responder ante sus acreedores. En el detalle aparecen vehículos, una histórica biblioteca, el valor intangible de la marca y una serie de inmuebles valuados en 2,8 millones de dólares.

Pero los síndicos detectaron una serie de movimientos económicos que permiten inferir la existencia de otros inmuebles que podrían engrosar el patrimonio de SAER. Advirtieron, por ejemplo que la sucesión de Luis Félix Etchevehere –antiguo propietario de El Diario– percibía utilidades por el alquiler de un inmueble en calle Santa Fe 322, la cochera de calle Santa Fe 366, una propiedad en calle Los Vascos 745, una fracción de campo en Monjes Norte y otra en Pueblo El Carmen Racedo, donde se encuentra la nave insignia de la familia, Las Margaritas, que a su vez le da nombre a la sociedad que administra todos los campos del grupo familiar.

Los síndicos, que fiscalizan la dirección y administración de la empresa aunque no tienen injerencia en las decisiones del directorio, señalaron que estos inmuebles “continúan a titularidad registral de SAER e incluso abona sus impuestos pese a estar en insolvencia, siendo que estos ya no formarían parte del activo concursal”.

El magistrado entonces le quitó a la familia el derecho de cobrar alquiler sobre esos inmuebles o hacerse de una parte de la renta por la explotación de los campos e incluso SAER podría llegar a percibir un alquiler por la propiedad de calle Los Vascos 745, donde vive actualmente Juan Diego Etchevehere, director de la Sociedad Rural en Entre Ríos y ex presidente del Consejo Empresario de Entre Ríos.

La escena en la cochera fue una reacción a la decisión de la empresa de asumir la administración de la cochera, que seguía gestionando Sebastián Etchevehere, otro de los integrantes de la familia y que se presume precandidato a intendente de Paraná.

El 28 de octubre, cuando los clientes llegaron a dejar sus vehículos, se encontraron con un cartel que les advertía que debería comunicarse con las oficinas de El Diario para efectuar el cambio de llaves a raíz de “un cambio en la titularidad del inmueble”. Eso finalmente no ocurrió porque Sebastián Etchevehere resistió la medida, primero espantando al cerrajero y luego a través una abogada que hostigó durante varios días a los clientes instándolos a suscribir un contrato de alquiler bajo apercibimiento de que no podrían guardar más sus vehículos allí.

Ese documento resulta revelador. Sostiene que el inmueble es objeto de una contienda judicial: la familia Etchevehere asegura que dejó de pertenecer a SAER en el año 2000, pero los síndicos detectaron que la propiedad continúa inscripta a titularidad de la empresa en el Registro de la Propiedad Inmueble.

Pero el dato más inquietante es que un apartado del contrato admite “la existencia de una relación locativa anterior, que no se instrumentó por escrito (sic), pero que mantienen desde hace más de dos años”.

Esta novela, sin dudas, escribirá nuevos capítulos, sobre todo porque detrás de esta disputa –que implica el incumplimiento de una medida dictada por un juez– se juega el derecho de los ochenta trabajadores despedidos de El Diario hace más de cuatro años que esperan poder cobrar la indemnización que les corresponde por la ley laboral.