Un ex diputado pagó 300.000 pesos y consiguió un sobreseimiento

14/10/2022

Jorge Lacoste estaba acusado por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario y defraudación a la administración pública por no haber controlado la asignación y seguimiento de planes sociales cuando era intendente de Sauce de Luna.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

La historiografía argentina está plagada de episodios donde encaja perfectamente aquella frase que dice que “veinte años no es nada”; episodios que a veces nos remiten a la nostalgia, como cantaba Gardel u otros que nos producen desconcierto o incredulidad.

Veinte años le llevó a Jorge Lacoste, ex diputado nacional por el radicalismo entrerriano, cerrar el capítulo judicial que lo tenía en el banquillo por manejo irregular de planes sociales en tiempos en que era intendente de Sauce de Luna, departamento Federal.

Hace unos días, el juez Roberto López Arango, del Tribunal Oral Federal de Paraná, decretó finalmente el sobreseimiento por extinción de la acción penal, luego de que Lacoste abonara 300.000 pesos, en concepto de donación en favor de la Fundación Crisálida, que se dedica a la atención de niños con problemas oncológicos, como reparación integral del perjuicio cometido por aquel estropicio.

El magistrado sostuvo que “la reparación integral consiste en el cumplimiento unilateral por parte del imputado de las prestaciones relativas a la obligación de resarcir satisfactoriamente todas las consecuencias producidas de modo indebido por el hecho ilícito que se le atribuye”, es decir, no significa que ha sido exculpado, sino que se acogió a una solución alternativa para resolver el conflicto penal.

En la audiencia en la que se decretó el sobreseimiento de Lacoste, el fiscal general José Ignacio Candioti resaltó el hecho de que el monto fijado como reparación integral no había sido antojadizo ni establecido en forma azarosa, sino que era el resultado de la actualización del perjuicio ocasionado en la maniobra.

Veinte años atrás

La historia por la cual terminó imputado Lacoste se remonta al año 2002. En plena crisis política, social y económica, el Gobierno nacional lanzó el Plan Jefes y Jefas de Hogar, por el cual se les otorgaban 150 pesos mensuales a los jefes y jefas de familia que estuvieran desocupados.

En ese momento, Lacoste era intendente de Sauce de Luna y lo que ocurrió es que una mujer consignó datos falsos en la solicitud de inscripción para ser beneficiaria del Plan Jefes y Jefas de Hogar, omitiendo señalar que su esposo era en ese momento empleado de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad. Así, la mujer percibió indebidamente el plan social entre julio de 2002 y marzo 2004.

El dirigente radical fue acusado por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y defraudación a una administración pública por no haber controlado la asignación y seguimiento del programa nacional.

En noviembre de 2017, cuando Lacoste se aprestaba a asumir como diputado nacional, su abogado pidió el sobreseimiento alegando la violación al debido proceso por “la excesiva prolongación que ha tenido la causa”, lo que impedía en ese momento obtener sentencia en un plazo razonable. Razón no le faltaba al defensor: la causa se había iniciado el 14 de mayo de 2004, se elevó a juicio el 30 de noviembre de 2007 y dos veces se fijó fecha para el debate oral y público, en junio de 2009 y octubre de 2014, pero se suspendió en ambas ocasiones por la ajetreada agenda del tribunal, nada que pudiera achacársele al dirigente radical.

Pero el juez López Arango rechazó el sobreseimiento alegando que Lacoste habría cometido el delito que se le achacaba mientras ejercía un cargo público que en ese momento aún conservaba, y esa situación interrumpía los plazos de prescripción. Cabe recordar que Lacoste renunció al municipio para asumir como diputado nacional en 2017. El magistrado explicó que la razón que tiene esa cláusula es la de evitar que el imputado en funciones pueda utilizar la influencia de su cargo para obstaculizar o impedir el ejercicio de una causa en su contra.

La mujer que percibió indebidamente el plan social, en cambio, sí fue sobreseída en aquel 2017. Se decretó la extinción de la pretensión punitiva y pasó a desempeñarse como ordenanza en el Área de Cultura de la Municipalidad de Sauce de Luna.

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