Una partida millonaria para una casa abandonada de la Justicia Federal

04/10/2022

La Justicia Federal casi duplicará su presupuesto en 2023 y en el detalle aparece una partida de 332 millones de pesos para la remodelación y refuncionalización del edificio del Comando de la Segunda Brigada Blindada de Paraná, a pesar de que ni siquiera está previsto hasta el momento el llamado a una nueva licitación.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

Si la noticia se presentara de un modo malicioso podría decir que en 2023 el Poder Judicial le costará al Estado unos 54 mil millones de pesos, y el 87,6 por ciento de esa suma se destinará al pago de salarios.

El presupuesto del Poder Judicial está compuesto por los gastos del Consejo de la Magistratura, que contempla el funcionamiento de los juzgados y las cámaras de apelación; y los de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Suman, en total, 316.871.406.020 pesos. Para decirlo más claramente, ¡316 mil millones de pesos!

Entonces, el mensaje del Poder Judicial al Gobierno es que para funcionar en 2023 necesitará casi el doble del dinero que tuvo como presupuesto este año; 89 por ciento, para mayor precisión.

“Responde a las necesidades del Poder Judicial de la Nación, a partir de los requerimientos de las direcciones y de los distintos tribunales del país, de modo de asegurar el normal desenvolvimiento de la función judicial”, se consignó en el proyecto remitido por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo.

Un dato llama la atención en la provincia de Entre Ríos: el presupuesto de 2023 contempla una partida superior a los 332 millones de pesos para la refacción del edificio que perteneciera al Comando de la Segunda Brigada Blindada de Paraná, que se encuentra en estado total de abandono tras la rescisión del contrato con una empresa de la provincia de Buenos Aires por serias irregularidades en la ejecución del proyecto; y hasta el momento no está previsto el llamado a una nueva licitación.

El detalle de los números

Al analizar la composición del proyecto de presupuesto para el año próximo, se especificó que la dotación de personal con la que cuenta la Justicia Federal en Entre Ríos es de 220 cargos; pero se contemplan 16 nuevos cargos para tribunales que todavía no han sido habilitados; otros 5 para la habilitación de intendencias que aún no están en funciones y se pidieron otros 48 cargos para toda la provincia.

En el proyecto también se detalló la necesidad de los insumos y suministros cuya utilización se agota dentro del ejercicio, proyectando los incrementos en las asignaciones de los gastos de funcionamiento, automotor e intendencia.

En este ítem, se incluyen, por ejemplo, gastos de “automotores y combustible” por 563 mil pesos para todo el año; y otros como “papel, formularios, útiles de escritorio”.

En cuanto a los gastos de intendencia, se proyecta una necesidad de 2.807.163 pesos para la creación de los cuerpos técnicos responsables del mantenimiento de la infraestructura edilicia donde el Poder Judicial desarrolla sus actividades; y más los gastos de funcionamiento.

El alquiler de edificios para el año 2023 se calcula en 8.662.240 pesos y está contemplado en el ítem “servicios no personales”. ¿Qué se incluye? El alquiler de la casa donde funciona el Juzgado Federal de Victoria, por 1.125.540 pesos; el inmueble del Juzgado Federal de Gualeguaychú, por 4.591.450 pesos; y la casona del Tribunal Oral Federal de Paraná, por 2.945.250 pesos.

Las obras de mantenimiento, refacción y remodelación de edificios aparecen bajo el rótulo “inversiones en infraestructura”, que contempla la continuidad de trabajos que se vienen realizando en distintos edificios de la provincia.

Gran parte de esa partida figura como asignada a la refacción y funcionalización del edificio del Comando de la Segunda Brigada Blindada de Paraná con un presupuesto total previsto de 1.108 millones de pesos hasta 2025.

En el presupuesto del año próximo hay una asignación de 332.659.524 pesos para la primera etapa de los trabajos, pero con una salvedad: ni siquiera está previsto el llamado a licitación.

La obra contempla la adecuación del edificio principal para el traslado del Tribunal Oral Federal, que funcionará en la planta baja; los juzgados federales, que estarán en el primero y segundo piso, respectivamente; la construcción de un nuevo edificio para el centro de cómputos de la Secretaría Electoral, sobre el ala que da a calle Urquiza; y un tercer piso vidriado. En 2017 se había adjudicado a Ashoka Ingeniería & Construcciones. Pero todo resultó en un fracaso y se rescindió el contrato por severos incumplimientos por parte de la empresa. Al día de hoy, el edificio está en estado total de abandono y nada hace pensar que eso vaya a cambiar durante el año próximo.

En el presupuesto del próximo año figura además una partida de 7.729.417 pesos para la impermeabilización de cubiertas y trabajos de fachada en el edificio de calle Galarza 614 de Concepción del Uruguay, donde funcionan los juzgados de primera instancia; y otros 6.912.783 pesos para la instalación de un sistema fijo contra incendios en el edificio de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná.

El proyecto está en debate en estos días en el Congreso. En su momento, desde el Ministerio de Economía advirtieron una serie de “techos presupuestarios”, pero desde la Corte Suprema los consideran “insuficientes para el nivel de necesidades mínimas”. En esa tensión podría haber recortes.