Inspección judicial en el boliche donde estuvo secuestrado Pichón Sánchez

25/08/2022

Ramón Héctor Sánchez fue el primer desaparecido en Entre Ríos. Fue secuestrado y asesinado por policías provinciales en marzo de 1975, pero el crimen sigue impune. Este jueves se realizó una inspección judicial en una casona del centro de Paraná donde funcionaba la Dirección de Investigaciones de la Policía. En un calabozo se encontró la firma que dejó el militante popular durante su cautiverio.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

La topografía de la ciudad de Paraná condensa capas superpuestas de memorias del pasado. El ritmo acelerado de la vida urbana esconde muchas veces edificios, baldosas, nombres de plazas que señalan vacíos y, al mismo tiempo, transmiten mensajes.

No es muy conocido en la ciudad que la antigua casa que alberga al boliche Tierra Bomba, en calle Urquiza 1214, fue sede de la Dirección de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos en los años de la represión ilegal. En el fondo, luego de atravesar el patio, había calabozos por donde pasaron personas en calidad de detenidas-desaparecidas; y allí quedaron marcas que hoy son registros que trascienden la memoria individual para convertirse en parte de la memoria colectiva de los paranaenses.

Este jueves se realizó en ese lugar una inspección judicial en el marco de la investigación por el secuestro y homicidio del militante popular Ramón Héctor Pichón Sánchez, el primer desaparecido en Entre Ríos.

Pichón Sánchez fue secuestrado por una patota de la Policía de Entre Ríos el 20 de marzo de 1975 y su cuerpo apareció tres días después flotando en el río. Las diligencias de este jueves en el boliche Tierra Bomba se realizaron en el marco de una denuncia presentada el año pasado por Marcelo Boeykens, coordinador del Registro Único de la Verdad, ante la Unidad Fiscal de Derechos Humanos para que se investigue el hecho. La causa la lleva adelante el fiscal Leandro Ardoy; hasta el momento no tiene personas imputadas pero sí varios indicios.

El filósofo alemán Walter Benjamin escribió una vez que “los muertos interrogan a la comunidad de los vivos”. Pichón Sánchez lo hace a través de una firma estampada en la pared a través de la cual nos revela su paso por la Dirección de Investigaciones, y eso es lo que fueron a constatar funcionarios judiciales, referentes de los organismos de derechos humanos y sus familiares en la inspección judicial.

En bajo relieve, sobre una pared donde se encontraban los calabozos, quedó grabada la firma que dejó el militante popular: “Aquí estuvo Pichón Sánchez”. La estampa se ha mantenido indeleble, como una suerte de grito que esperaba ser oído.

Había otras señales, marcas, firmas y nombres de otras diez personas que también estuvieron privadas de su libertad en ese lugar y se analizará si se trata de perseguidos políticos durante la represión ilegal.

Un grito ahogado durante cuarenta años

Pichón Sánchez era un militante popular en La Pasarela, un barrio de obreros y trabajadores, de casas que en su mayoría eran de chapa y cartón, sin luz ni agua potable. Ahí nació en 1953, creció y forjó una profunda sensibilidad social. Desde una temprana edad se convirtió en bandera de lucha. Fue presidente de la comisión vecinal a los 18 años y con Evita, su hermana, organizaba actividades para juntar fondos para tareas sociales, gestionaba la leche que después revendía más barata en el barrio, repartía comida, hacía zanjeos para llevar agua potable a las casas y sus verdugos dejaron trunco el sueño de armar una guardería para contener a los chicos del barrio que se quedaban solos cuando sus padres salían a trabajar.

Una patota de la Dirección de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos lo secuestró el 20 de marzo de 1975, a las 20.15, cuando se dirigía a participar de una reunión de la Juventud Peronista en la que militaba. Tres policías vestidos de civil, a bordo de una camioneta tipo Estanciera color celeste, venían siguiendo sus pasos por calle Corrientes y lo abordaron casi llegando a la esquina de calle Uruguay. Dos de ellos bajaron, le pidieron los documentos, lo empujaron dentro del móvil y salieron raudamente.

En ese lugar se encuentra una “baldosa por la memoria” que colocó el Registro Único de la Verdad para recordar lo que ocurrió.

Al día siguiente, sus familiares y compañeros, acompañados por los abogados Juan Antonio Tardelli, Eduardo Broguet y Francisco Haimovich, fueron hasta la Dirección de Investigaciones a preguntar por él, pero allí les negaron que estuviera detenido. Ese mismo día se presentó un habeas corpus, patrocinado por Raúl Barrandeguy, y la Policía volvió a negar que Pichón estuviera en alguna de sus dependencias.

El cuerpo de Pichón Sánchez apareció el 23 de marzo flotando en el río, frente a Pueblo Nuevo, en cercanías de Diamante. Tenía señales de haber sido torturado: presentaba marcas de ataduras en las manos y los pies, le habían arrancado “violentamente” las uñas en algunos dedos y el pelo, de acuerdo con el informe de autopsia que firmaron los médicos Armando González, Valentín Volpe y Humberto Fiore. “Presumiblemente la muerte no se produjo por sumersión”, consignaron los forenses de tribunales. Su conclusión fue que había sido asesinado.

Las circunstancias en que se produjo el crimen generaron preocupación en distintos sectores. La comisión multipartidaria emitió una declaración exigiendo al Poder Ejecutivo “la más urgente y amplia investigación” para identificar a los responsables; y la Juventud Peronista publicó una solicitada en un diario de Santa Fe denunciando la instauración de un “aparato represivo” y acusando al gobernador Enrique Tomás Cresto, al vicegobernador Dardo Blanc y al subjefe de Policía, Albaro Hugo Roldán, de ser los mentores de “centenares de allanamientos ilegales, cuyo resultado es la existencia de dieciséis presos políticos”, decían entonces.

La respuesta del Gobierno fue disponer la detención de varios integrantes de la Juventud Peronista. Entre los detenidos estaba Aldo Bachetti, que había sido testigo del secuestro y que no llegó a declarar ante el juez que tenía a su cargo la investigación.

La punta del ovillo

La causa quedó en manos del juez de instrucción Carlos Chiara Díaz, quien delegó la investigación en la Policía de Entre Ríos y, como era de esperar, no se pudo produjo ningún avance.

La llegada de la dictadura sepultó definitivamente la causa, el crimen de Pichón Sánchez quedó impune y el expediente desapareció del archivo de tribunales. En 2019, Página Judicial pudo dar con una copia y develó por primera vez la cadena de responsabilidades de la Policía en el hecho.

Tras la declaración de la multipartidaria, la Jefatura de Policía emitió un comunicado en el que volvió a negar cualquier vinculación con el secuestro y homicidio de Pichón Sánchez. Se insistió en que “en ninguna dependencia policial ha sido recibida denuncia alguna que tenga relación con los hechos mencionados” y se anunció que la fuerza realizaría “una amplia y exhaustiva investigación a fin de dejar aclarados los mismos, individualizar a posibles responsables y tomar todas las medidas que el caso exija y estén dentro de las facultades y funciones específicas de la Policía”.

Sin embargo, el informe que la fuerza le entregó al juez el 4 de abril concluyó que “pese a las diligencias practicadas en el sentido del total esclarecimiento del hecho investigado, no fue posible (…) dar con el o los autores del hecho”. Se insistió además en que “no existen denuncias respecto de la desaparición y posterior muerte de la víctima” y que tampoco se había podido identificar a las “tres personas que según versiones periodísticas (…) habrían sido vistas en la intersección de las calles Corrientes y Uruguay en circunstancias que hacían ascender a una camioneta color celeste marca IKA al nombrado Ramón Héctor Sánchez”. El legajo policial lleva la firma del comisario inspector Juan Eduardo Del Agüero, jefe de la División Judicial.

En cambio, otro informe policial obrante en el expediente, esta vez de la División Vigilancia General, admite que en la Dirección de Investigaciones “existe afectada a su servicio un vehículo característica Estanciera marca IKA, color celeste, chapa patente E-029148” y que los automotores “son utilizados indistintamente por las diversas divisiones en que se compone la Dirección”.

La descripción coincide con la de la camioneta mencionada en el secuestro de Pichón Sánchez y de acuerdo con el Libro de Novedades que llevaba la Oficina de Guardia, el 20 de marzo se encontraba afectada a la Dirección de Investigaciones: en el registro consta que la camioneta identificada como “J-69” estaba en condiciones de uso, que tuvo una salida a las 17.45 en comisión al domicilio del comisario Carmelo Godoy, con regreso a las 18.05, y que el chofer afectado a ese vehículo ese día era el agente Antonio Luis Russián.

Russián declaró el 2 de mayo como testigo ante el juez Chiara Díaz. Reconoció que era chofer de la Dirección de Investigaciones, que “acostumbra” conducir el móvil policial identificado como “J-69” pero que “generalmente está roto” y que no tenía conocimiento del secuestro de Pichón Sánchez. Según dijo, la camioneta en cuestión “sufre frecuentes desperfectos mecánicos” y arriesgó que pudo haberse descompuesto la noche anterior al 20 de marzo y por eso tal vez la habrían llevado al taller de la jefatura, “sin dejarse constancia de esa circunstancia en el libro de novedades”.

El Libro de Novedades desmiente a Russián: la camioneta funcionaba y él la conducía, al menos durante la tarde.

En los libros, sin embargo, no aparece registrado el procedimiento en la esquina de las calles Corrientes y Uruguay ni la detención de Pichón Sánchez. La firma estampada en la pared del calabozo confirma que el militante popular estuvo en la sede de la Dirección de Investigaciones de la Policía.

Los verdugos de Pichón

El 20 de abril de 1975, cuando se cumplió un mes de la desaparición de Pichón Sánchez, estalló una bomba en la casa de Carlos Alzugaray, sargento de la Dirección de Investigaciones de la Policía, señalado como uno de los integrantes de la patota que secuestró al militante popular.

La bomba fue colocada en el pasillo exterior de la casa y estalló a las 5.40, unos minutos después de que Alzugaray llegara a la vivienda de calle Pascual Palma 940, a pocos metros de bulevar Racedo, en cercanías de los talleres del ferrocarril. La explosión se sintió a varios kilómetros y los destrozos fueron impactantes, pero ni Alzugaray ni su familia resultaron lesionados.

Aunque el episodio nunca se esclareció, al día siguiente se produjeron detenciones masivas de militantes de la Juventud Peronista por motivos que nunca les explicaron. Alzugaray, por su parte, nunca declaró en la causa. Apenas tuvo el repudio de los organismos de derechos humanos, que ante la falta de acciones en la justicia lo escracharon en el año 2006. Pero murió sin haber dado jamás explicaciones de sus actos.

Sin embargo, el cerebro del procedimiento, el hombre de atrás en esta historia, quien pergeñó el secuestro fue Albaro Hugo Roldán. Era el subjefe de la Policía de Entre Ríos, pero sus propios compañeros aseguran que era quien tomaba las decisiones en la Dirección de Investigaciones en aquellos años de la represión.

Roldán fue el ideólogo del denominado Comando Paraná, una especie de brazo local de la Triple A que se dedicaba a perseguir a militantes políticos, previo al golpe cívico-militar. Eso le valió el respaldo del jefe de la represión en la provincia, Juan Carlos Trimarco, a tal punto que durante la dictadura Roldán reportó al Batallón de Inteligencia 601. Luego supo reciclarse y fue concejal de Paraná por el Partido Justicialista entre 1983 y 1987. El ex policía murió el 10 de marzo de 2007 sin haber sido nunca citado por la justicia y, como si fuera una broma macabra de la historia, fue homenajeado por su paso por el Concejo Deliberante.