La pelea del millón de dólares entre el CGE y el Ministerio de Educación

04/07/2022

La justicia federal le asignó al Consejo General de Educación los fondos remanentes de la liquidación de una empresa que funcionaba ilegalmente como un sistema de capitalización y ahorro para fines determinados. Una historia que tiene treinta años y una disputa insólita.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

El Consejo General de Educación (CGE) podría recibir un refuerzo presupuestario inesperado, tras la decisión de la justicia federal de asignarle el fondo remanente de la liquidación de una empresa que operaba ilegalmente en Paraná.

Esta historia comenzó a escribirse hace más de treinta años, en 1990, cuando la Inspección General de Justicia (IGJ) detectó en Paraná que había una empresa que funcionaba bajo un sistema de capitalización y ahorro para fines determinados sin tener autorización legal para hacerlo.

Esa intervención de la IGJ derivó en la liquidación de la Crédito Integrado SA, que ofrecía a potenciales ahorristas planes de ahorro para la compra de autos e inmuebles, los de refacción o ampliación de viviendas, los seguros de vida y otros sistemas de aportes y capitalización.

En 1994, la justicia dispuso la liquidación de la empresa y, en ese marco, se publicaron edictos para que los ahorristas se presentaran a reclamar sus créditos. Algunos lo hicieron. Otros no lo hicieron. Y la ley general de sociedades establece que si hubiera fondos remanentes, deben ser integrados “al patrimonio estatal para el fomento de la educación común de la jurisdicción respectiva”.

El 1 de diciembre de 2017, se informó que en el plazo fijo había acumulado 765.009 dólares, derivados de los fondos de ahorristas que no habían reclamado sus créditos más los intereses; y la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo que la ley establece “de modo inequívoco” aquello de que el dinero debía ingresar “al patrimonio estatal para el fomento de la educación común de la jurisdicción respectiva”.

Esa frase motivó una disputa entre el Consejo General de Educación (CGE) y el Ministerio de Educación de la Nación, que se retrotrae a la década del noventa, cuando el menemismo transfirió a las provincias los servicios educativos que hasta entonces administraba en forma directa el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación.

El CGE solicitó que el remanente de la empresa Crédito Integrado SA sea transferido a una cuenta corriente que pertenece al fondo escolar permanente destinado al alumnado y establecimientos educacionales de su dependencia. El reclamo del Ministerio de Educación de la Nación, por su parte, se sostiene en una frase de la Corte Suprema en la que instruye a la Procuración del Tesoro para reclamarlos.

Entre idas y vueltas, el juez federal Daniel Edgardo Alonso dijo que los fondos deben ser asignados al CGE, “en tanto autoridad escolar de la jurisdicción”. Lo hizo a partir de analizar los conceptos de “autoridad escolar” y “jurisdicción respectiva” para explicar que la ley de educación que reorganizó el sistema educativo nacional y dispuso que las distintas jurisdicciones participaran en su desarrollo e implementación estableció además que “el Ministerio de Educación de la Nación es el garante fundamental del funcionamiento del sistema educativo, mientras que las autoridades jurisdiccionales son aquellas a cuyo cargo quedaron el 100 por ciento de los establecimientos escolares”, luego de la transferencia dispuesta a partir de 1992.

Al día de hoy, el CGE tiene a su cargo 2.814 establecimientos educativos y más de 400 mil matriculados en los distintos niveles. Y no existen establecimientos escolares de jurisdicción nacional en la provincia. Entonces, si todos los establecimientos escolares son de jurisdicción provincial, debe interpretarse que la “autoridad escolar de la jurisdicción respectiva”, en Entre Ríos, no puede ser otra que el CGE.

El fallo fue confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná y declaró inadmisible el recurso extraordinario por arbitrariedad y gravedad institucional, pero concedió el recurso por cuestión federal que interpuso el Ministerio de Educación de la Nación. De modo que la última palabra, como siempre, la tendrá la Corte Suprema.

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