Empresarios pagarán 10 millones de pesos por sobreprecios en la Cumbre del Mercosur

10/06/2022

Los empresarios Miguel Marizza, Néstor Iván Szczech, Rubén Grasso y Daniel Hereñú acordaron la suspensión del juicio a prueba por dos años y el pago de una reparación total al Estado de 10 millones de pesos por haber sobrefacturado los gastos de organización de la Cumbre del Mercosur. Alicia Benítez, actual titular de la Dirección Provincial de Vialidad, está en vías de acordar un juicio abreviado.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

El expediente judicial no reflejará algo que resulta elocuente para el sentido común: cuatro empresarios, los máximos referentes de eso que podría identificarse como la patria contratista, admitieron haber cobrado sobreprecios para la ejecución de obras y la provisión de bienes y servicios en el marco de la organización de la Cumbre del Mercosur y pagarán por ello una suma total de 10 millones de pesos.

Los empresarios Miguel Marizza, Néstor Iván Szczech, Rubén Grasso y Daniel Hereñú acordaron la suspensión del juicio a prueba (probation) por dos años y cada uno deberá hacer aportes por 2 millones de pesos a entidades de bien público y otros 500 mil pesos al Estado en concepto de reparación económica.

En un plazo que no podrá exceder de los treinta días, cada uno de ellos deberá depositar los 500 mil pesos de reparación al Estado; y tendrán un mes y medio para entregar 500 mil pesos a la cooperadora del Hospital San Martín, 500 mil pesos a la cooperadora de la Escuela Hogar, 500 mil pesos a la cooperadora del centro de salud Corrales, 250 mil pesos a la cooperadora del Hospital Materno Infantil San Roque y 250 mil pesos a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Paraná.

El acuerdo suscripto entre el fiscal Juan Francisco Malvasio y el abogado Miguel Ángel Cullen, defensor de los empresarios, fue refrendado este viernes por la jueza de garantías Marina Barbagelata.

Los empresarios estaban acusados por el delito de defraudación a la administración pública, que tiene una pena de hasta seis años de prisión.

Hace unos días, habían solicitado el sobreseimiento invocando el precedente sentado por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) que establece plazos máximos llevar adelante las investigaciones. Eso fue rechazado por el fiscal Malvasio, quien atribuyó la elongación de los tiempos a la demora del alto cuerpo en designar a un perito para que determine el sobreprecio; y mientras tanto se arribó a un acuerdo para la solución alternativa de suspensión de juicio a prueba con una reparación por un monto similar al perjuicio al Estado que se les atribuye.

En tanto, la causa continúa su curso respecto de la responsabilidad de Alicia Benítez, actual titular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) y ex coordinadora general de la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur. De acuerdo con la imputación, los empresarios se encargaban de presupuestar y formalizar las contrataciones y Benítez era quien aprobaba administrativamente las cotizaciones “con pleno conocimiento de los sobreprecios mencionados, omitiendo, de manera deliberada realizar los controles legales requeridos para establecer que estas fueran las ofertas más convenientes a los intereses estatales”, según el hecho imputado en el legajo.

Benítez no puede acceder a una suspensión del juicio a prueba por su condición de funcionaria pública y porque se trata de un delito que habría cometido en el ejercicio de sus funciones. Pero podría acordar un juicio abreviado en el que, a diferencia de la probation, debería admitir su responsabilidad.

La patria contratista

El Ministerio Público Fiscal estimó que el Estado provincial pagó 10.581.875,40 pesos de más a un grupo de empresas constructoras que tuvieron a su cargo la organización de la Cumbre del Mercosur que se celebró en diciembre de 2014 en Paraná.

De acuerdo con las planillas que el Poder Ejecutivo remitió al Tribunal de Cuentas y a la Legislatura, la Cumbre del Mercosur le costó al Estado provincial unos 152 millones de pesos. De ese total, la Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción administró alrededor de 46 millones de pesos que fueron distribuidos mayoritariamente entre cuatro empresas: Caballi SA, de Miguel Marizza, percibió 11.722.585 pesos; a Szczech & Szczech, de Néstor Iván Szczech, se le adjudicaron obras por 9.066.678,40 pesos; Construcciones Electromecánicas y Civiles (Cemyc), de Rubén Grasso, efectuó trabajos por 13.307.506 pesos; y Organización Integral Constructora SA (Oicsa), de Daniel Hereñú, efectuó obras por 5.784.289 pesos.

También la empresa Luis Losi SA realizó trabajos por 535.184,34 pesos, en el marco de un convenio de colaboración entre la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur, creada especialmente para canalizar los gastos de organización y la logística del encuentro, y la cámara de la construcción.

La ejecución de los trabajos se canalizó a través de la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur, que tenía como coordinadora general a Alicia Benítez; mientras que Marizza fue nombrado en representación de la Cámara Argentina de la Construcción. Ambos firmaron los documentos autorizando los pagos.

Lo que se determinó en la investigación es que las empresas Caballi SA, Szczech & Szczech, Cemyc y Oicsa, a su vez, subcontrataron las tareas que eran ajenas a su rubro, por ejemplo, la colocación de flores y plantas, la provisión de servicios de audio y video, tapizado de sillas o el suministro de sistemas contra incendios, entre otras.

El sobreprecio estimado surge de la comparación entre los montos que se pagaron a las empresas subcontratadas y los valores que las empresas constructoras le facturaron al Estado provincial.