Goyeneche vuelve a la Corte Suprema y le pide que frene su destitución

03/06/2022

La ex procuradora adjunta interpuso un recurso extraordinario federal en el que pidió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que su destitución quede en suspenso. La curiosidad de no mencionar los motivos por los que fue denunciada.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

La ex procuradora adjunta Cecilia Goyeneche, destituida por el Jurado de Enjuiciamiento, interpuso un recurso extraordinario federal para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación analice nuevamente el apartamiento del Ministerio Público Fiscal de su rol de acusador en el proceso.

El recurso pretende que la Suprema Corte revise el fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que rechazó una acción de amparo contra la resolución del Jurado de Enjuiciamiento que abrió un proceso en su contra, la suspendió en el cargo y dispuso separar al Ministerio Público Fiscal su rol de acusador.

Goyeneche interpuso una acción de amparo en la que planteó la ilegalidad de la decisión del Jurado de Enjuiciamiento y tuvo un fallo favorable en primera instancia con la sentencia de la jueza Elena Albornoz, que consideró ilegítima la decisión de separar al Ministerio Público Fiscal del proceso y devolvió el rol de acusador al procurador Jorge Amílcar Luciano García. Sin embargo, el STJ revocó ese fallo por considerar que el amparo no era la vía adecuada para hacer el planteo y la suspendida procuradora adjunta llevó el caso hasta la Corte Suprema, que rechazó la formalidad del alto cuerpo entrerriano e instó a que se dicte un nuevo pronunciamiento. Con una composición ad-hoc, el alto cuerpo volvió a rechazar el planteo.

En su vuelta a la Corte Suprema, Goyeneche asegura que han sido vulnerados los derechos de igualdad, defensa y a la tutela judicial efectiva, la garantía del juez natural, y el derecho a ser acusada y juzgada por un órgano imparcial y no por una “comisión especial”; e insiste en que ha sido destituida “bajo un procedimiento ilegítimo”.

En ese marco, le dedica un párrafo al abogado Gastón Justet, que intervino como acusador en el proceso: “La aceptación del cargo que realizó el abogado Justet no resultó sorprendente, toda vez que este conjuez tiene una larga trayectoria como político del oficialismo provincial (Frente Justicialista Creer Entre Ríos). Lo señalado muestra que las actuaciones contra la suscripta no buscan sino interferir en las investigaciones de corrupción, afectando la independencia del Ministerio Público Fiscal”.

Acaso el punto más importante es aquel en el que le pide a la Corte Suprema que ordene al jury “abstenerse de adoptar cualquier acto que importe la ejecución –directa o indirecta– de la decisión del Jurado de Enjuiciamiento”, incluida la sentencia por la cual se la destituyó del cargo.

Lo que dice y lo que no

El escrito fue presentado por los abogados Alberto B. Bianchi, Lino B. Galarce y Santiago M. Castro Videla, que asesoran a Goyeneche en la Ciudad de Buenos Aires; y también lleva la firma de Enrique Pita, que la representa en Entre Ríos.

Lo que dicen, esencialmente, es que el fallo del STJ ad-hoc auto-contradictorio, se funda en afirmaciones dogmáticas y efectúa una interpretación inconstitucional de las exigencias de admisibilidad para una acción de amparo; también omite “arbitrariamente” pronunciarse sobre las cuestiones constitucionales planteadas desde el inicio; e incumple con lo resuelto anteriormente por la Corte Suprema.

Llama la atención, sin embargo, que Goyeneche omite mencionar los motivos por los cuales fue denunciada ante el Jurado de Enjuiciamiento ni por qué finalmente se excusó de seguir interviniendo en la causa de los contratos truchos de la Legislatura. En cambio, habla de un “proceso de politización de las defensas” e “informes en la prensa tendientes a sembrar dudas e imponer sospechas” sobre su buen nombre. Sobre su relación con el contador Pedro Opromolla, imputado en la causa, dijo que es “absolutamente falso” que fueran socios.

En otro tramo de su escrito, la ex procuradora adjunta sostiene al rechazar “arbitrariamente” la acción de amparo, el STJ convalidó la decisión del jury de separar al Ministerio Público Fiscal de su rol de acusador, “apartándose de las normas constitucionales y legales aplicables” y eso, dice, la obligó “infundadamente” a someterse a un proceso jurisdiccional de remoción “en el que se sustituyó ilegítima y arbitrariamente al órgano acusador”.

Por último, Goyeneche afirma que no busca “evitar ser sometida a un proceso de enjuiciamiento (no lo pretendo ni podría hacerlo, pues como todo magistrado estoy sujeta a las normas vigentes que habilitan su sustanciación), pero lo que sí se requiere es que, en dicho proceso, se respete mi derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva, así como el adecuado cumplimiento de las formas sustanciales del debido proceso”.

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