Inecip sugiere que los cargos de fiscales y procuradores no deben ser vitalicios

01/06/2022

La fundación calificó la destitución de Cecilia Goyeneche como “el último capítulo de una serie de eventos de larga data” y planteó la necesidad de “poner fin a los mandatos vitalicios en las fiscalías o procuradurías generales” como forma de sostener autonomía de aquellos que tienen a su cargo las investigaciones penales.

De la Redacción de Página Judicial

 

El proceso que acabó con la destitución de Cecilia Goyeneche generó distintas reacciones en el ámbito político y judicial. Una de ellas surgió por estas horas a partir de un documento dado a conocer por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) en el que plantea la necesidad de “poner fin a los mandatos vitalicios en las fiscalías o procuradurías generales” como forma de sostener autonomía de aquellos que tienen a su cargo las investigaciones penales.

Inecip es una fundación creada en 1989 con la misión de contribuir a la consolidación y el progresivo fortalecimiento del Estado de Derecho en América Latina y, en ese marco, ha trabajado para la transformación de los sistemas judiciales y de los sistemas penales, promoviendo la defensa de los derechos fundamentales de las personas.

En Entre Ríos, por caso, instó al debate para la implementación del juicio por jurados y sus aportes constituyen la base del sistema que rige en la provincia desde 2019.

En un documento difundido recientemente que se titula “La autonomía de los Ministerios Públicos Fiscales Provinciales está en riesgo”, la fundación advierte sobre “la persecución política a fiscales y fiscalas que cumplen con su deber de investigar crímenes complejos y sensibles para el poder de turno”, principalmente en las provincias de Entre Ríos y Santa Fe.

En ese marco, sostiene que “para garantizar la eficacia en la persecución penal de los crímenes más dañinos para nuestra sociedad (…) es ineludible poner fin a los mandatos vitalicios en las fiscalías o procuradurías generales”.

La fundación se refiere a la destitución de Cecilia Goyeneche como “el último capítulo de una serie de eventos de larga data” y agrega: “Esos hechos deben ser denunciados con firmeza, y se debe apoyar a quienes son perseguidos y luchar para que su valioso trabajo no sea revertido. Pero también es necesario discutir seriamente los mecanismos necesarios para prevenir y repeler esos ataques a la autonomía, no como un derecho individual de los y las fiscales, sino como un derecho de la sociedad a tener un sistema de justicia eficaz”.

En ese marco es que plantea que “debe promoverse la duración temporal de los cargos en las Procuraciones o Fiscalías Generales, para terminar con los inaceptables mandatos vitalicios en cargos de decisión política”.

Inecip señala además que “los mecanismos de designación de esas autoridades deben transparentarse y democratizarse. Además, los procesos disciplinarios de sanción y remoción de fiscales deben adecuarse a los estándares internacionales, para que dejen de ser mecanismos de persecución arbitraria o protección injusta, y se conviertan en instancias eficaces de control”.

Otro punto que destaca la fundación es que “las máximas autoridades de los Ministerios Públicos deben asignar todos los recursos necesarios y respaldar a las fiscalías que estén realizando investigaciones de alto impacto o enfrentándose a casos de criminalidad organizada”.

“Nadie puede hacerse el desentendido”, advierte Inecip. “Tenemos la oportunidad de discutir seriamente qué Ministerios Públicos Fiscales pretendemos: si queremos organismos burocráticos que a duras penas logren perseguir delitos menores, o si vamos a lograr que se conviertan en fieles representantes de los intereses generales de la sociedad, incidiendo eficazmente en el control de la criminalidad, le pese a quien le pese”, concluye el documento.

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