Goyeneche tuvo su acto de apoyo frente a los tribunales

28/05/2022

Algunos fiscales de distintas jurisdicciones y ciudadanos se concentraron frente al edificio de tribunales de Paraná para repudiar la destitución de la procuradora adjunta, Cecilia Goyeneche.

De la Redacción de Página Judicial

 

Alrededor de un centenar de personas se manifestaron este sábado en Paraná para repudiar la destitución de la procuradora adjunta, Cecilia Goyeneche. Lo hicieron frente a tribunales, portando carteles y pancartas que señalaban al ex gobernador Sergio Urribarri como responsable.

La convocatoria había tenido repercusión en medios y por personalidades de la comunidad judicial que agitaron el avispero de las redes sociales. Entre los asistentes se destacaron fiscales de fiscales de distintos puntos de la provincia y dos figuras políticas: el senador nacional Alfredo de Angeli y la diputada provincial Ayelén Acosta, ambos del PRO.

En diálogo con Canal Once, De Angeli dijo: “Como un ciudadano más estoy repudiando la destitución de la fiscal Goyeneche y para apoyar a todos los jueces y fiscales que se animan a ir en contra la corrupción” y agregó: “Parte del pueblo se convocó porque queremos eliminar la corrupción de nuestra provincia, queremos república”.

En la protesta estuvo también el abogado Enrique Pita, que ofició como defensor de Goyeneche ante el Jurado de Enjuiciamiento. La procuradora adjunta, en cambio, no dio el presente frente a los tribunales.

A la cabeza de la manifestación se recoció un grupo de personas que se identificaron como pertenecientes a una agrupación llamada Equipo Republicano, que se presenta a sí misma como “ciudadanos sin banderas partidarias de todo el país, hartos de la corrupción y de la impunidad”.

En la manifestación realizada este sábado frente a los tribunales de Paraná pidieron por “una justicia independiente en el país”, tal su carta de presentación en las redes sociales, donde sostienen que su objetivo “es apoyar a todos los jueces y fiscales independientes de todo el país, como asimismo denunciar a jueces y fiscales corruptos”.

Goyeneche fue sometida a un Jurado de Enjuiciamiento a partir de las denuncias promovidas por los abogados Carlos Guillermo Reggiardo, por un lado; y Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, por otro.

Por cinco votos a dos el jury consideró que Goyeneche había incurrido en mal desempeño y que tuvo una conducta pública y privada incompatible con las funciones a su cargo en la causa de los contratos truchos de la Legislatura.

A Goyeneche se le reprochaba no haberse excusado de intervenir en la causa luego de que se determinara que tenía una relación personal con el contador Pedro Opromolla, uno de los integrantes del estudio Integral Asesoría, donde que realizaba la gestión impositiva de los falsos contratistas y se reclutaba a los prestanombres del esquema ilegal que funcionó en la Legislatura entrerriana entre 2008 y 2018.

Durante la investigación surgió a través de la prensa el dato que Opromolla y Goyeneche eran socios en un fideicomiso que había tenido como administrador al esposo de la procuradora adjunta, el contador Sebastián Orlando. Se trataba de un departamento en calle La Paz 236. Ella lo negó, según dice ahora, porque había adquirido la parte de Opromolla y en el convencimiento de que así había quedado registrado. Pero luego se supo de un segundo fideicomiso, también administrado por Orlando, en el que Goyeneche y Opromolla eran dueños en partes iguales de un departamento en calle 9 de Julio 165, que estaba alquilado a un tercero y del que ambos se beneficiaban económicamente por esa renta.

El juez Juan Ramón Smaldone dijo que Goyeneche, como coordinadora de la investigación, “desde el inicio de la pesquisa” debió haberse excusado y que “sin embargo, no lo hizo llamándose a conservar un grave silencio acerca de las relaciones personales y de negocios contractuales habidos con uno de los principales integrantes del estudio” bajo investigación en la causa. Según él, la “conducta ciertamente disvaliosa” de la procuradora adjunta “puso en riesgo la transparencia de las evidencias que iban colectándose en la investigación bajo la exclusiva coordinación suya”.

En tanto, la jueza Gisela Schumacher señaló que la fiscal debió haberse apartado del caso, sostuvo que no fue transparente ni siquiera con el resto de los investigadores respecto de su vínculo con Opromolla y afirmó: “Humana y personalmente, se podría no tener dudas sobre el comportamiento intachable. Pero ese ‘no tener dudas’ solo estaría basado en la confianza personal que Cecilia Goyeneche pueda despertar. En cambio, desde una mirada ajena a esa confianza personal, la institucionalidad quedó teñida, irremediablemente, de una sospecha imposible de destruir salvo por un acto de fe”.

Tras la destitución, Goyeneche deposita sus expectativas en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La procuradora adjunta promovió una acción de amparo que deberá resolver el máximo tribunal contra la decisión del jury de apartar al Ministerio Público Fiscal de su rol de acusador en el proceso.