El detrás de escena de la estafa a beneficiarios de planes sociales

13/05/2022

La sospecha de los investigadores es que en el gremio de los trabajadores no docentes de la Universidad Nacional de Entre Ríos funcionaba ilegalmente una mesa de dinero. La mujer detenida en un cajero es la pareja del tesorero del sindicato. La hipótesis sobre la vendetta personal que habría hecho caer un sistema que funcionó durante años.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

Casi como un déjà vu, una persona ordeñando un cajero automático destapó un escándalo de dimensiones aún desconocidas. Hace cuatro años la sagacidad policial fue el preludio del hecho de corrupción más impúdico de la historia entrerriana; ahora un misterioso llamado al 911 reveló la existencia de una especie de mesa de dinero que funcionaba en un sindicato.

La historia oficial dice que el sábado, alrededor de las diez de la mañana, un llamado anónimo al 911 alertó sobre la presencia de una mujer que utilizaba varias tarjetas para extraer dinero en un cajero automático del Banco Credicoop. Hay otras versiones, en cambio, que son más inquietantes.

Luego se supo que tenía veintidós plásticos a nombre de veintidós personas que no eran ella, beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y su primera reacción, cuando se le acercaron los policías que acudieron ante aquel llamado anónimo, fue decir que pertenecía al Movimiento Evita y así se filtró en los medios.

La mujer quedó demorada y fue identificada como Sixta Analía Ibarra; tiene 36 años, trabaja en la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Apuner). En su declaración posterior ya no habló de ninguna pertenencia al Movimiento Evita y la organización social, por su parte, negó esa vinculación.

En un allanamiento que se realizó ese mismo sábado en la casa de la mujer, en el barrio Brisas del Oeste, se secuestraron 270 mil pesos y surgieron más datos: que la mujer no solo trabajaba en Apuner sino que estaba recientemente en pareja con el tesorero del gremio, Adrián Meynier. Con esta novedad, se decidió ampliar la investigación y se dispuso una vigilancia en las inmediaciones del sindicato ubicado en calle Alem 957. Esas tareas reportaron novedades el domingo bien temprano a la mañana, cuando Meynier fue interceptado por el personal de la División Delitos Económicos de la Policía de Entre Ríos ingresando al gremio y en el allanamiento se secuestraron computadoras, dispositivos electrónicos, documentos y planillas que permiten inferir que funcionaba un esquema de préstamos a personas de bajos recursos, en su mayoría, beneficiarios de planes sociales.

La mesa de dinero

Los investigadores creen que los beneficiarios pedían créditos en una especie de financiera que funcionaba clandestinamente en Apuner y debían entregar sus tarjetas de débito con las claves como garantía de cobro de la cuota mensual.

Sin embargo, se sospecha que el sistema de préstamos en el gremio de los empleados administrativos y de servicios de la universidad lleva un tiempo funcionando, en un primer momento a través de créditos blandos a los trabajadores y que luego se habría extendido a beneficiarios de planes sociales. Se cree incluso que Meynier llevaba una contabilidad paralela y hasta una cuenta corriente en otra entidad bancaria para llevar adelante esta actividad.

Según ese esquema, Ibarra sería clave en la captación de los beneficiarios. Lo hacía infiltrándose en merenderos, comedores comunitarios o unidades productivas en barrios de la zona sur y en el oeste de la ciudad; pero también entre personas vulnerables, por lo que no se descarta que el número de personas afectadas sea mayor a esas veintidós cuyas tarjetas de débito se detectaron inicialmente.

Referentes barriales de al menos tres organizaciones, a quienes consultó Página Judicial, reconocieron a la mujer y aseguraron que la corrieron de esos espacios cuando advirtieron cuáles eran sus intenciones. Por caso, Emiliano Gómez Tutau, referente del Movimiento Evita en Entre Ríos, negó enfáticamente que la mujer tuviera vinculación con la organización. “Nosotros nos fuimos enterando de todo por versiones periodísticas, y se construyó una certeza en base a fuentes policiales”, se quejó.

De todas maneras, el dirigente entrerriano explicó que los movimientos sociales no administran fondos de planes sociales: “El programa que se llama Potenciar Trabajo no es un plan social, sino que justamente viene a potenciar núcleos productivos a través de una ley que creó el salario social complementario y que está dentro del Registro de Trabajadores de la Economía Popular. Entonces nosotros no manejamos planes sociales”, insistió en diálogo con Radio Costa Paraná.

De hecho, aquella identificación inicial que hizo la mujer, presentándose como integrante del Movimiento Evita, no fue mencionada en su declaración judicial ni aparece como hipótesis para los investigadores.

La investigación está en su etapa inicial y si bien Meynier es quien aparece como el más comprometido, todavía no ha declarado ni ha sido imputado formalmente. El legajo está ahora a cargo de Laureano Dato, tras pasar por las manos de Patricia Yedro y Gonzalo Badano; la sospecha que maneja el fiscal es que Meynier regenteaba una mesa de dinero y lo que buscan determinar los investigadores es el origen de los fondos. Es que en lo operativo, esos esquemas trabajan como un banco: reciben depósitos y otorgan créditos. La garantía de cobro, en este caso, era la retención de las tarjetas a los beneficiarios de la AUH. La pregunta que se hacen, sin embargo, es si podría haber funcionado sin el conocimiento del secretario general de Apuner, Héctor Coronel, que ha mantenido un estruendoso silencio desde que estalló el escándalo.

Meynier llegó al gremio hace casi cuatro décadas, como representante de los no docentes de la Facultad de Ciencias Económicas; al menos en los últimos doce años ha sido Secretario de Hacienda y Finanzas del sindicato, bajo la conducción de Coronel, y es también delegado de Apuner ante la Federación Argentina de Trabajadores Universitarios (Fatun).

Este jueves, el gremio emitió un comunicado en el que confirmó que Meynier presentó su renuncia y que fue aceptada por la comisión directiva. El documento, que publicó la agencia APF, dice además que en su nota deslinda a todos los integrantes del gremio “de toda responsabilidad en los hechos que son de público conocimiento” y asegura que “son por cuenta y obra de mi persona”. No obstante, Apuner anunció que realizará una auditoría económica y financiera de los últimos tres ejercicios contables.

Tres hipótesis se tejen alrededor de su caída: una vendetta por motivos personales, nuevas rencillas sindicales que apuntarían a Coronel y hasta una interna universitaria. Todas resultan inquietantes.