Un manual para entender cómo sigue el jury a Goyeneche

12/05/2022

La Corte Suprema devolvió el amparo al STJ para que dicte un nuevo fallo al cuestionamiento de la decisión del Jurado de Enjuiciamiento de apartar al Ministerio Público Fiscal. Entre excusaciones y recusaciones, todavía no se ha conformado el tribunal que deberá resolver el asunto. Mientras tanto, pasan los días.

De la Redacción de Página Judicial

 

El jury a la procuradora adjunta se ha vuelto un jeroglífico de comprensión difícil para la mayoría: el Superior Tribunal de Justicia (STJ) debe dictar un nuevo fallo en el marco del amparo promovido por Cecilia Goyeneche contra la decisión del Jurado de Enjuiciamiento de apartar al Ministerio Público Fiscal de su rol de acusador en el proceso; a su vez, los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento continúan votando para resolver si Goyeneche es destituida o no de su cargo.

Todo eso transcurre de manera simultánea, como si fuese un gran sainete.

Este jueves, se realizó el sorteo para integrar el tribunal que deberá intervenir en el marco del amparo, pero no sobre la cuestión de fondo, sino respecto de excusaciones y recusaciones de aquellos que rechazaron el planteo de Goyeneche en febrero pasado.

En su momento, el STJ rechazó la acción de amparo promovida por Goyeneche contra el apartamiento del Ministerio Público Fiscal como órgano acusador en el jury y su reemplazo por un fiscal ad-hoc surgido de la lista de conjueces del STJ.

Los jueces Germán Carlomagno, Miguel Ángel Giorgio y Juan Ramón Smaldone apelaron a un formalismo y declararon inadmisible la vía del amparo para cuestionar la decisión del Jurado de Enjuiciamiento. Esos votos conformaron la mayoría, por lo que los jueces Bernardo Salduna y Gustavo Pimentel, que también integraban ese tribunal, evitaron pronunciarse.

Goyeneche entonces interpuso un recurso extraordinario federal para llevar el caso hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que fue denegado por los jueces Carlomagno, Giorgio y Fabiola Bogado Ibarra, que se sumó como vocal ad-hoc. Esta vez, Salduna votó en disidencia, diciendo que correspondía habilitar la vía ante el máximo tribuna.

Finalmente, Goyeneche acudió a la Corte Suprema a través de un recurso de queja y el resultado, se sabe, fue que el máximo tribunal del país hizo lugar a la queja, revocó la sentencia del STJ y le devolvió el expediente para dicte un nuevo fallo.

La pregunta ahora es quién dictará ese nuevo pronunciamiento; y la respuesta es que todavía no se sabe.

Giorgio está de licencia; Carlomagno, Smaldone y Bogado Ibarra se excusaron porque intervinieron en el trámite anterior; y Salduna fue recusado por la Fiscalía de Estado, también por su intervención previa.

Ahora bien, este jueves se conformó un tribunal para resolver sobre esas recusaciones y excusaciones. Los nombres que surgieron son los de Guillermo Federik, Emilio Matorras, Gabriela López Arango, Pablo Vírgala, Gervasio Labriola, Alejandro Grippo, Rafael Cotorruelo, Gustavo Pimentel y Susana Medina de Rizzo.

Si usted, lector, llegó hasta aquí sin haber entendido el procedimiento, sepa que ninguno de los magistrados arriba mencionados va a analizar si es correcta la decisión del Jurado de Enjuiciamiento de apartar al Ministerio Público Fiscal del proceso contra Goyeneche y reemplazarlo por un fiscal ad-hoc; o si, como plantea la procuradora adjunta, se trata de una medida que “viola los principios más elementales del debido proceso, la garantía del juez natural y el derecho a ser acusada y juzgada por órganos imparciales”. Eso vendrá en unos días.

Mientras tanto, los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento avanzan en la votación y aseguran, estará lista antes del 30 de mayo, fecha en que expira el plazo que tienen para expedirse.

Goyeneche, por su parte, presentó un escrito anoticiando al Jurado de Enjuiciamiento del fallo de la Corte Suprema, según consignó el portal Entre Ríos Ahora. Allí expresa, además, que la sentencia será nula si no toma en cuenta la vigencia de una resolución de la jueza Elena Albornoz declaró la “ilegitimidad” de la decisión de separar al Ministerio Público Fiscal de su rol de acusador.