El fiscal ad-hoc pidió la destitución de Cecilia Goyeneche

06/05/2022

El acusador Gastón Justet acusó a la procuradora adjunta, Cecilia Goyeneche, de mal desempeño y por haber tenido una conducta pública o privada incompatible con las funciones a su cargo en la investigación de la causa de los contratos truchos, y pidió que sea destituida de su cargo.

De la Redacción de Página Judicial

 

El fiscal ad-hoc, Gastón Justet, sostuvo la acusación contra la procuradora adjunta, Cecilia Goyeneche, y pidió su destitución por haber incurrido en mal desempeño y por haber tenido una conducta pública y privada incompatible con las funciones a su cargo.

Dijo que omitió, ocultó y negó haber tenido una relación personal, comercial o de comunidad de intereses con una persona a la que estaba investigando en el marco de un proceso penal y que eso, no solo afectó el deber de objetividad que rige para los fiscales, sino que impactó negativamente en la imagen del Ministerio Público Fiscal en particular y del Poder Judicial en general.

El acusador aseguró que Goyeneche debió inhibirse de intervenir en la causa de los contratos truchos de la Legislatura en el momento en que supo que el contador Pedro Opromolla podría estar implicado en la maniobra, en el inicio de aquella investigación, o incluso cuando el profesional fue imputado.

Durante la investigación surgió a través de la prensa el dato que Opromolla y Goyeneche eran socios en un fideicomiso que había tenido como administrador al esposo de la procuradora adjunta, el contador Sebastián Orlando. Se trataba de un departamento en calle La Paz 236. Ella lo negó, según dice ahora, porque había adquirido la parte de Opromolla y en el convencimiento de que así había quedado registrado. Pero luego se supo de un segundo fideicomiso, también administrado por Orlando, en el que Goyeneche y Opromolla eran dueños en partes iguales de un departamento en calle 9 de Julio 165, que estaba alquilado a un tercero, es decir, cuando se inició la investigación “lo conservaba y explotaba económicamente, en conjunto con Opromolla, hasta que lo cedió gratuitamente a su sobrina”, según explicó Justet.

El acusador dijo al respecto que “si bien los fideicomisos y cánones locativos fueron negociados por el marido de la fiscal Goyeneche, responden a un interés común: nadie invierte en un fideicomiso con un fin altruista”, ironizó.

“Ella siempre tuvo a la mano la posibilidad de excusarse y lo hizo en forma tardía argumentando que se iba a llevar a cabo una medida cautelar que afectaría su patrimonio”, sostuvo el fiscal ad-hoc en su alegato.

De hecho, Goyeneche se excusó de seguir interviniendo en la causa de los contratos truchos cuando los fiscales a cargo de la investigación dispusieron una inhibición general sobre los bienes de Opromolla y entre los inmuebles apareció un departamento que tenía como copropietaria a Goyeneche.

Incluso afirmó que los pedidos de recusación que hicieron algunos defensores en la causa no fueron resueltos en el marco del proceso, sino que solo se analizaron las formas, es decir, si correspondía que la recusación fuera resuelta por el procurador general, como establece la Ley Orgánica del Ministerio Público, o si debe hacerlo el juez de garantías, como dice el Código Procesal Penal de Entre Ríos.

El fiscal ad-hoc consideró que esta circunstancia “afectó gravemente el deber de objetividad que deben tener los fiscales y una funcionaria pública como es la doctora Goyeneche” y por eso se ha configurado el mal desempeño.

Dijo además que “los mismos argumentos por los cuales en un primer momento rechazó la recusación son los que luego utilizó para apartarse” y agregó: “Evidentemente conocía esa situación y no la informó; prefirió mantenerse en la causa, quién sabe por qué interés; no sabemos cuál es la razón por la cual quería mantenerse dentro de la investigación. Dice la procuradora adjunta que no lo creía necesario o conveniente, pero no sabemos conveniente para quién”, resaltó Justet. “Evidentemente fue una maniobra de solapamiento de una relación. Prefirió callar, ocultar esa relación hasta que resultó evidente por los informes de los registros de propiedad”, insistió.

Dijo Justet: “No conocemos las razones por las cuales mantuvo su tarea de coordinación en la investigación durante casi siete meses, teniendo conocimiento de que Opromolla era sospechoso ya cuando pidió el allanamiento del estudio y la requisa personal” y agregó: “Me genera muchas dudas que no hayan podido encontrar a Opromolla si, como lo dijo el procurador en esta audiencia, esta es una ciudad donde todos se conocen, y más teniendo en cuenta la relación que había entre ellos, aunque sabemos que atañe a las obligaciones de las fuerzas de seguridad llevar adelante la medida”.

“La comunidad de intereses existió, la voluntad de unión entre las partes existió. Eso no está en discusión y si (Goyeneche) se hubiese apartado e informado oportunamente de esa relación, este proceso no se habría llevado adelante”, aseguró Justet.

En ese marco, explicó que el Jurado de Enjuiciamiento “no es un tribunal de naturaleza penal, no es un tribunal sancionatorio, sino que examina la responsabilidad política de la funcionaria en cuanto a las causales que la ley expresa”.

También se defendió de las acusaciones que recibió durante el proceso por haber aceptado el cargo de fiscal ad-hoc, tras el apartamiento del Ministerio Público Fiscal de las funciones que le atribuye la ley que regula el Jurado de Enjuiciamiento: “Se me han endilgado cuestiones políticas, inidoneidad, no cumplir con los requisitos para ocupar este cargo, ilegalidad. Hasta llegaron a denunciarme. No tengo ningún otro interés que el de cumplir con mi función, nada me aparta del deber de objetividad que debo tener para cumplir con esta función, no pertenezco a ninguna organización que pretenda solapar o impedir las investigaciones de corrupción, no me mueve ni un solo interés político, no tengo relación con la acusada, con los miembros del jurado ni con los denunciantes. No pertenezco a ninguna comisión especial al estilo de la dictadura, como se me ha endilgado; no soy quien juzga a la señora Goyeneche, sino que ese rol lo realiza el Honorable Jurado de Enjuiciamiento”, aseguró.

Por último, sostuvo que “la defensa ha planteado que este procedimiento es una suerte de vendetta de parte de sectores que pretenden impedir las investigaciones de corrupción” e insistió en que “no se está juzgando a la doctora Goyeneche por investigar a la corrupción. Lo que pretendemos todos los ciudadanos es que la corrupción se investigue, porque es un mal que afecta al erario público y a todos los ciudadanos, porque esos dineros son los que se destinan a cubrir sus necesidades”.