JUSTICIA Y POLÍTICA
Goyeneche espera un guiño de la Corte Suprema
02/05/2022
El máximo tribunal del país solicitó el expediente del amparo promovido por Cecilia Goyeneche contra la decisión de apartar al Ministerio Público Fiscal de su rol de acusador en el jury. Aunque no se suspendió el proceso, esa decisión abrió un manto de duda y revela claramente la decisión de analizar el caso. Lo que resuelva la Corte Suprema, si es que lo hace a tiempo, podría anticipar una tormenta bien grande.
Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial
Una duda sobrevuela en el edificio de tribunales: ¿se cae el jury a la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche? La respuesta, por estas horas, solo puede ser ambigua. El debate comenzará este lunes, pero su continuidad y, más aun, el dictado de una sentencia dependerán de la jugada que haga la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Esto significa que el debate comenzará este lunes, con los alegatos de apertura del acusador, Gastón Justet, y de la defensa de Goyeneche, a cargo de los abogados Enrique Pita y Leopoldo Lambruschini. Entre lunes y martes declararán catorce testigos y el jurado debería dictar sentencia antes del 30 de mayo –según las cuentas que hace la propia Goyeneche–, si no lo hiciera, la procuradora adjunta será declarada inocente y se reintegrará a su cargo.
Pero este proceso ha demostrado que no conviene ir tan rápido.
La procuradora adjunta llegó a la Corte Suprema a través de un recurso de queja, con el patrocinio del estudio los abogados Alberto B. Bianchi, Lino B. Galarce y Santiago M. Castro Videla, aunque se puede advertir su caligrafía en el texto.
“Debe destacarse inicialmente, pues ello es relevante a fin de comprender el trasfondo real de este proceso, que la promoción del citado jury en mi contra tiene como objeto impedir el ejercicio de mis funciones, como fiscal anticorrupción, al tiempo que se encuentran en etapas decisivas relevantes causas de investigación de corrupción que involucran al poder político provincial incluido el ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, lo que pone de manifiesto que se trata de una causa de gran trascendencia institucional, con un alto grado de conocimiento y exposición públicas en la provincia”, dice en un tramo del escrito que firman la propia Goyeneche y sus abogados.
El eje central del planteo está puesto en el apartamiento del Ministerio Público Fiscal como acusador en el jury “reemplazándolo por un funcionario manifiestamente incompetente a tal efecto (un conjuez del STJ), en violación de los principios más elementales del debido proceso y sus formas sustanciales, la garantía del juez natural y el derecho a ser acusada y juzgada por órganos imparciales”.
Lo expresa con un ejemplo: “Convalidar la decisión del Jurado de Enjuiciamiento en este punto sería tan ilegítimo y absurdo como si a nivel federal se convalidara una decisión del Senado de la Nación por la que se desplazara a la Cámara de Diputados como órgano ‘acusador’ del juicio político, designando en su reemplazo a conjueces de la Corte Suprema para que cumplan esa función”, dice Goyeneche.
En primera instancia, la jueza Elena Albornoz decretó la “ilegitimidad” de esa decisión del Jurado de Enjuiciamiento y dispuso que se devolviera al Procurador General el rol de acusador. Pero el STJ revocó esa decisión, declaró inadmisible la vía del amparo, rechazó la presentación efectuada por Goyeneche y también le denegó el recurso extraordinario federal.
En su presentación ante el máximo tribunal, Goyeneche destacó que “la decisión cuestionada no pone fin a la disputa originante de este amparo ni impide su continuación, toda vez que no resolvió sobre el fondo del asunto”, y que constituye el punto central de la cuestión: el apartamiento del Ministerio Público Fiscal de su rol de acusador en el jury y su reemplazo por un abogado de la matrícula.
Incluso advierte que la resolución del STJ “no valora y desconoce abiertamente la jurisprudencia de la Corte Suprema” y “tampoco consideró que en situaciones análogas al presente, en las que se violó grave y groseramente el derecho de defensa y al debido proceso (…) equiparó a sentencias definitivas decisiones dictadas en el marco de procesos de remoción de magistrados, haciendo excepción a la regla conforme a la cual solo son susceptibles del REF las decisiones finales dictadas en dichos procesos”.
Es incierto lo que pueda pasar ahora, pero surge prístina la determinación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de analizar el caso, y es dable suponer que no escapa a los ministros el apremio que hay en hacerlo si no quieren que su resolución sea meramente testimonial.
La misma Goyeneche le advirtió a la Corte Suprema que su planteo “tiene como objeto evitar que este recurso de queja se torne abstracto ante una decisión del jury bajo un procedimiento y composición que hemos denunciado como irregular (…) habida cuenta de que el proceso del jury está muy avanzado y es inminente la decisión final. Téngase en cuenta a este efecto que (a) ya se formuló acusación, (b) se presentaron las defensas y (c) el jury tiene hasta el 30 de mayo para emitir pronunciamiento”. Ello a partir de considerar que el juicio podrá durar más de seis meses desde que el Jurado de Enjuiciamiento decida la formación de la causa, el 30 de noviembre de 2021, hasta la sentencia definitiva. Pero hay una trampa: el tribunal dispuso una suspensión de los plazos procesales entre que cesaron aquellos jurados que abrieron causa y juraron los nuevos integrantes. Eso abre una ventana de cuarenta días extra que también serán motivo de discusión, si es que el tribunal excede esos plazos previstos en la ley, algo por lo que nadie apuesta en estas horas.
La decisión de la Corte Suprema abre un nuevo frente de tormenta. Uno grande. Bien grande. Se sabe también que los ministros del máximo tribunal son hábiles en el juego de la política, de modo que su resolución, sea cual fuere, no escapará al análisis que se haga bajo ese prisma y todos aguardar con atención… e impaciencia.
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