El jury confirmó el inicio del proceso a Goyeneche pero excluyó parte de la prueba

28/04/2022

El Jurado de Enjuiciamiento decidió dejar de lado como prueba las declaraciones juradas de Cecilia Goyeneche y su esposo, el contador Sebastián Orlando, que habían sido admitidas inicialmente. La procuradora adjunta pidió que el proceso sea transmitido por YouTube. ¿Le harán lugar? Mientras tanto, en las redes sociales se inició una convocatoria para manifestarse el 2 de mayo en tribunales en su defensa.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

Cecilia Goyeneche cree que será destituida. Lo dijo hace unos días en una entrevista televisiva y también lo ha dejado entrever en los sucesivos escritos presentados ante el Jurado de Enjuiciamiento que a partir del lunes juzgará su conducta.

El tribunal rechazó el recurso de revocatoria presentado por la procuradora adjunta y confirmó el inicio del proceso para 2 de mayo, tal como estaba previsto; pero dispuso dejar de lado como prueba las declaraciones juradas de Goyeneche y su esposo, el contador Sebastián Orlando, que habían sido admitidas inicialmente y ya están en manos de los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento. La procuradora adjunta se había quejado de que esa decisión de revisar su patrimonio hasta veinte años atrás “no se vincula siquiera con un dato aportado en las denuncias, sino que aparece más bien como un intento de ‘pesca’ de información”.

Como ya informara Página Judicial, ese día deberán comparecer los protagonistas centrales de la acusación que enfrenta la procuradora adjunta: el contador Pedro Opromolla, imputado en la causa de los contratos truchos de la Legislatura y co-propietario en partes iguales de dos departamentos con Goyeneche; y Mario Deiloff, que trabajaba como cadete y hacía trámites para el estudio contable investigado por la escandalosa sustracción de fondos públicos entre 2008 y 2018. Ese día también deberán declarar Guido Krapp y el corredor inmobiliario Renato Mansilla, que trabajaban ambos en Integral Asesoría; y Maricel Micaela Goyeneche, la sobrina de la procuradora adjunta, a quien un mes después del allanamiento del estudio contable le cedió gratuitamente su parte en aquel inmueble.

La lista de testigos se agotará el día siguiente, con la declaración del contador Sebastián Orlando, el procurador Jorge Amílcar Luciano García; los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, que tienen a su cargo la causa de los contratos truchos; la jueza Carolina Castagno; los comisarios Ángel Ricle y Horacio Blasón, de la Policía de Entre Ríos; el técnico informático Fernando Ferrari, que cumple funciones en el Ministerio Público Fiscal; y el contador Rodolfo Miguel Álvarez, especialista en fideicomisos.

La duda que persiste por estas horas es si el debate será transmitido en directo a través del canal de YouTube del Poder Judicial, como solicitó Goyeneche, atento la última disposición del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de suspender las emisiones por streaming y habilitar el acceso del público y de los medios de prensa a las audiencias orales y públicas, como si una cosa se contrapusiera con la otra.

De hecho, la suspendida procuradora adjunta solicitó expresamente al Jurado de Enjuiciamiento que las audiencias sean transmitidas por YouTube, como lo fue el juicio al ex gobernador Sergio Urribarri, “atento al notorio interés público que posee este proceso” y en la certeza de que “la difusión por vía streaming de las audiencias en cuestión incrementan de manera exponencial la posibilidad de la ciudadanía de acceder directamente al conocimiento del juzgamiento en cuestión, y satisface así el principio de publicidad de este acto de gobierno”.

La otra novedad es que por estas horas empezó a correr las redes sociales y a través de WhatsApp una convocatoria a manifestarse el mismo lunes a las 9 frente a los tribunales en apoyo a la procuradora adjunta. En los mensajes, ninguna entidad en particular asume la organización de la manifestación y desde el entorno de Goyeneche dicen no tener nada que ver. Tampoco desde la oposición política hubo ecos.

Insistir

En el recurso de revocatoria, Goyeneche reiteró la “manifiesta ilegalidad” del procedimiento iniciado en su contra por presunto mal desempeño y por haber tenido una conducta incompatible con las funciones a su cargo.

Goyeneche insistió en el planteo de nulidad de la acusación por considerar que “se apartaba manifiestamente del objeto procesal fijado en el auto de formación o apertura de causa –ampliándolo a nuevos hechos–” y resaltó que esos defectos “no solo resultan violatorios del debido proceso sino también del derecho defensa”.

Así lo plantea Goyeneche: “Esta circunstancia nos impone ir a un juicio –inminente– sin saber a ciencia cierta de qué nos debemos defender. Si de no haberme inhibido tempestivamente de la causa (de los contratos truchos) y haber negado u ocultado tener relación ‘comercial’ con el imputado Opromolla como se fijara en el auto de apertura; o si, por el contrario, deberé defenderme de que Opromolla no fue detenido preventivamente, que no se secuestró su teléfono celular, que se maltrató y allanó al testigo Deiloff, que mi esposo era parte del staff del estudio contable de Opromolla –incluso que lo comandaba–, que se amenazó a un letrado, que se usurpó la función de fiscal anticorrupción, que se omitió imputar a otros funcionarios, que se omitió investigar un período legislativo en la Cámara de Diputados, etcétera”.

La respuesta del Jurado de Enjuiciamiento fue que resolvería ese planteo al momento de dictar sentencia. Para Goyeneche, resulta “inconcebible” que el tribunal asegure “que se nos va a decir qué se va a juzgar en el juicio, después del juicio (…) Se nos va a informar cuál es el hecho por el que se nos va a juzgar al momento de la sentencia”. Parece un contrasentido. En un voto que quedó en minoría, Verónica Mulone sostuvo que si bien se advierte “cierta desprolijidad e incluso errores en el escrito de la acusación, no llegan a afectar el principio de congruencia y debida defensa” y que la procuradora adjunta conocía el hecho, había podido defenderse y presentó prueba.

Goyeneche llega al jury con la certeza de que el tribunal que la juzgará ha cercenado el derecho de defensa al rechazar la prueba que ha ofrecido. Dijo que el acusador, a quien en todo momento ha tildado como “funcionario ilegal”, “ofreció prueba ilegal” y “ofreció también prueba manifiestamente impertinente”. Se refería, principalmente, al pedido de remisión de las declaraciones juradas y a que se remitiera la totalidad del legajo de la causa de los contratos truchos.

Sobre ese punto dejó entrever que los integrantes del jurado podrían haber incurrido en el delito de violación al secreto de base de datos al admitir las declaraciones juradas de los últimos veinte años. Esos documentos ya están en manos del tribunal, aunque efectivamente no se tomarán en cuenta.

En cambio, la prueba ofrecida por ella misma “ha sido cribada con evidente arbitrariedad, disponiéndose infundadamente el descarte de alguna de ella”, asegura. Por ejemplo, se rechazó por “inconducente e impertinente respecto del hecho objeto del proceso, además de sobreabundante”, la declaración como testigos de los procuradores de Santa Fe, San Juan, Mendoza, Río Negro y Chubut, a quienes se les preguntaría sobre el “deber de inhibición de los fiscales, así como la distinción entre objetividad e imparcialidad” que rige para fiscales y jueces, respectivamente.

El tribunal dice conocer esa distinción. Pero Goyeneche responde que eso podría llegar a ser conocido por los jurados técnicos, es decir, aquellos que son abogados; pero dos de ellos no lo son: los legisladores Armando Gay y Gustavo Zavallo.

En ese marco es que Goyeneche asegura que la resolución del Jurado de Enjuiciamiento “constituye un explícito cercenamiento de las facultades defensivas, una muestra más de la parcialidad de ese tribunal”, por lo que le reclamó que cumplan “su deber de garantizar el proceso en condiciones de legalidad (lo que resulta ya irrealizable atento al aval que ese órgano ha dado a la presencia como acusador del abogado Justet) y respeto a los derechos procesales de esta parte”.

“Por el contrario, la urgencia por llegar a una sentencia, a costa de las condiciones de ilegalidad y afectación de derechos constitucionales, no puede sino ser vista como una expresión de la parcialidad de los señores jurados que venimos denunciando desde el 10 de diciembre de 2021”, concluyó.