Breve biografía no autorizada de Daniel Alonso

21/04/2022

Daniel Edgardo Alonso lleva una semana en la primera línea mediática, luego de que intentara frenar la designación de dos representantes del Congreso de la Nación en el Consejo de la Magistratura. Aquí un entretenido perfil sobre la extravagante trayectoria del magistrado del que habla todo el país. Luces y sombras de un trapecista judicial.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

El juez federal Daniel Edgardo Alonso está viviendo los días más difíciles de su trayectoria judicial. Este magistrado de 64 años, de andar chaplinesco y bajo perfil, ha ganado la portada de casi todos los medios del país por haber hecho lugar a una medida precautelar para que el Congreso se abstenga de nombrar a los representantes de la oposición en el Consejo de la Magistratura.

Alguien que circunstancialmente se cruzó con el magistrado en estas horas lo describió apelando a una alegoría de la mitología griega: se parece a Atlas después de haber sido condenado a cargar sobre sus hombros los pilares que mantenían separada la tierra de los cielos.

Alonso esperaba que más temprano que tarde el Senado confirmara su pase a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. Habría sido un pago por los servicios prestados. Pero ahora esa posibilidad quedó más lejos: la Corte Suprema le pidió al Consejo de la Magistratura que revise su conducta, el Colegio de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pidió su juicio político y en los pasillos de la cámara alta ya se rumorea que el pliego podría ser retirado.

Nada podría ser peor para alguien que supo caer siempre parado.

Alonso, el juez que le tendió una mano al gobierno nacional, nació en Victoria el 4 de febrero de 1958; egresó como abogado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en los albores de la democracia y se instaló en Formosa. En 1985 fue nombrado en la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Agrupación VI “Formosa” de Gendarmería, primero como alférez y al poco tiempo como oficial auditor, cargo que mantuvo hasta 1999. Pero el dato llamativo que el magistrado consignó en su currículum es que su ingreso al escuadrón se produjo en febrero de 1977 como colimba, terminó la conscripción el 30 de marzo de 1978 y tres días después fue contratado como operador de la central telefónica. Era el telefonista de turno, la persona que recibía los llamados y los derivaba. Y cumplió ese rol hasta que se recibió de abogado y cambió de oficina.

En el ejercicio de la profesión de abogado, por ejemplo, representó a Carlos Nair Menem en la batalla judicial que dio el hijo no reconocido del ex Presidente para que se le reconociera esa filiación.

En Formosa fue conjuez a cargo del juzgado federal entre 1999 y 2002 e integró el Tribunal Oral en lo Criminal Federal durante catorce meses, entre 2004 y 2005. En el entretiempo jugó a la política, fue elegido por un sublema del Partido Justicialista como diputado convencional constituyente en el proceso que derivó en la reforma de la carta magna provincial y habilitó la reelección indefinida del gobernador e intendentes. Esa cláusula le ha permitido al caudillo peronista Gildo Insfrán seguir siendo gobernador, como era entonces.

Su capacidad de estudio le permitió acceder a posiciones siempre expectantes en los concursos en el Consejo de la Magistratura. En octubre de 2008 fue designado juez federal de Paraná y en noviembre pasó a integrar la Cámara Federal de Apelaciones, con sucesivas subrogancias que lo mantuvieron en el cargo hasta 2017.

En el medio tuvo su primera gran decepción: en noviembre de 2009, la entonces presidenta Cristina Fernández postuló a Alonso para integrar la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, pero el pliego fue retirado el 3 de mayo de 2010. Maledicentes que caminan los pasillos de los tribunales federales le atribuyeron a la entonces senadora Blanca Osuna las gestiones que llevaron al cargo a Mateo Busaniche. Volvió a intentarlo en 2012 y llegó a integrar la terna, pero fue nuevamente postergado en 2017, cuando el presidente Mauricio Macri designó a Beatriz Aranguren. Entonces Alonso volvió al juzgado de primera instancia.

Por estos días sería muy fácil encasillar a Alonso como un juez de raigambre peronista. De hecho, en la familia judicial atan su recorrido a otro magistrado clave entre los federales: Alberto Lugones, el presidente del Consejo de la Magistratura y referente de la Lista Celeste, a la que también adhiere Alonso, usualmente alineada al kirchnerismo en la interna de los jueces. Pero lo cierto es que sus movimientos se ajustan más a los de alguien que ha sabido construir vínculos con los factores de poder.

Con la gorra puesta

En aquel brevísimo primer paso como juez de primera instancia, Daniel Alonso habilitó una fenomenal industria del juicio utilizando un insólito criterio de prórroga de competencia, es decir, que se permita litigar en Paraná a personas que no tienen domicilio en la provincia. Eso hizo prácticamente colapsar los tribunales.

El primero se inició por la abogada formoseña Adriana Spinelli en representación de doce gendarmes… formoseños; y Alonso dictó una medida cautelar para que se liquide como sus antiguos compañeros de la fuerza reclamaban. Esa circunstancia, que habilitó las primeras sospechas, cobra más fuerza a partir de las raíces que emergen en su currículum y que pasaron completamente inadvertidas en todos estos años.

Luego, ya como camarista, Alonso encabezó los votos que ratificaron el criterio de prórroga de competencia, en una mayoría que conformó con la jueza Cintia Gómez, que había sido recientemente designada y es esposa del dirigente del Frente Renovador santafesino Oscar Cachi Martínez. En minoría quedaba Aníbal Ríos declarando la incompetencia de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná para entender en esos expedientes.

Aquel paso errático de Alonso llegó a oídos de los consejeros de la magistratura de entonces pero no se formalizó ninguna denuncia y terminó diluyéndose en comentarios de pasillo.

En septiembre de 2009, el juez federal subrogante Gustavo Zonis dispuso la caducidad de la medida cautelar y la dio por caída, pero la Gendarmería Nacional Argentina siguió haciendo los pagos en forma indebida.

Mientras tanto, siguieron llegando gendarmes formoseños a litigar en Paraná. La mayoría de esas presentaciones las hacía el abogado Juan Alberto Manuel Liva, que también había cumplido funciones en el escuadrón de Gendarmería de Formosa. Llegó a representar con su firma a casi 10 mil gendarmes que reclaman ajustes salariales.

Para dar una idea de la magnitud de la maniobra basta decir que en 2009 se multiplicó por seis la cantidad de causas que ingresaron al Juzgado Federal Número 2 de Paraná, donde tramitan las cuestiones previsionales. Solo ese año se registraron 36.386 nuevos expedientes iniciados por agentes de las fuerzas armadas y de seguridad de diferentes puntos del país que reclamaban una readecuación de sus salarios.

Varios años después, cuando el escándalo se volvió público, el tribunal cambió el criterio, con una mayoría compuesta por Gómez y Mateo Busaniche. Alonso, sin embargo, se mantuvo en su postura y la Corte Suprema terminó validando su criterio en expedientes que le llegaron en 2012 y 2017. En cuanto al abogado Liva, terminó procesado por estafa procesal, fue absuelto en un juicio y ahora enfrenta un nuevo proceso de similares características.

En su trayectoria judicial, Alonso tuvo otro antecedente atravesado por la polémica. Fue la vez que declaró la inconstitucionalidad de una resolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que obligaba a los profesionales independientes a recibir pagos con tarjeta de débito o medios electrónicos.

En el camino, el juez Alonso también sorteó varias denuncias promovidas por represores de la última dictadura cívico-militar ante el Consejo de la Magistratura, en el marco de la estrategia que se habían trazado para entorpecer y dilatar las investigaciones por crímenes de lesa humanidad. Todas fueron rechazadas por la absurdidad de los planteos y no le generaron ningún contratiempo.

Quince minutos de fama

El verdadero estrellato de Alonso fue, ciertamente, a partir de haber dictado la medida precautelar a favor del gobierno nacional para evitar el nombramiento de los nuevos representantes en el Consejo de la Magistratura.

Pero antes había tenido otros quince minutos de fama cuando se le ocurrió que la sustracción de 1.111.871.715 (¡mil cien millones de pesos!) a través de contratos truchos de la Legislatura provincial tenía como objetivo el financiamiento de campañas electorales de las agrupaciones políticas que participaron en comicios celebrados en Entre Ríos entre 2008 y 2018.

En diez líneas, Alonso se cargó un expediente híper-voluminoso cuando estaba a punto ser remitido a juicio y que tiene en la mira a legisladores provinciales y personal administrativo que se desempeñaron en la Cámara de Diputados y en el Senado durante esos años. Un grupo de abogados defensores dijeron que si había un delito que investigar le correspondía hacerlo a la Justicia Federal bajo el argumento de que el dinero que se sustraía era para costear las campañas políticas.

Los abogados pretendían sacar el legajo de los tribunales provinciales y encontraron en Alonso a alguien dispuesto a hacerlo. Para ello habían desplegado antes una maniobra política gestada en Buenos Aires. Son tantas las ondas expansivas provocadas tras la explosión de esa bomba, que debieron actuar desde ambos lados de la grieta. Los operadores políticos del fórum shopping fueron Miguel Ángel Pichetto, del peronismo macrista, y Leopoldo Moreau, del radicalismo kirchnerista.

Un detalle que no hay que pasar por alto es que uno de los abogados que pidió el pase de la causa de los contratos truchos a la Justicia Federal es José Velázquez, el mismo que patrocinó el amparo presentado por el diputado Marcelo Casaretto por las designaciones en el Consejo de la Magistratura, que también fue abogado de Lázaro Báez y ha construido una indescifrable red de relaciones en el mundo político-judicial.

Final abierto

La estrella de Daniel Edgardo Alonso parece haberse apagado en los últimos días. La Corte Suprema lo llamó “ignorante” y recomendó que sea investigado por mal desempeño; fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura; y la Coalición Cívica lo denunció penalmente por sedición (sic), prevaricato y abuso de autoridad para favorecer al oficialismo y buscando un beneficio propio para conseguir ser camarista, algo que a esta altura ya parece una quimera.

“Siempre supo caer bien parado, pero esta vez se arriesgó mucho por un resultado incierto y quedó muy expuesto”, dice alguien que camina desde hace muchos años los pasillos de los tribunales. “Si lo hizo por eso que todos pensamos, fue una torpeza”, agrega otro conocedor del paño. Sin embargo, ambos coinciden en resaltar que siempre se mostró como un juez dispuesto a todo y eso, en tiempos de grieta, es una cualidad muy apreciada por el mundo de la política.

Lo cierto es que su futuro hoy es incierto. Podría retirarse, algo que rechazó en 2020 cuando se sancionó el nuevo régimen especial de jubilaciones de los empleados del Poder Judicial, o enfrentar un juicio político; o acaso nada pase.

En los tribunales también hay cierta inquietud por las derivaciones de la denuncia promovida por la Coalición Cívica. En principio la causa quedó en manos del juez federal Sebastián Ramos, con intervención del fiscal Franco Picardi, en Comodoro Py. Pero nadie duda que finalmente será remitida al Juzgado Federal de Paraná.

Nadie dirá de Alonso que es fácilmente impresionable, aunque la exposición a la pantalla nacional tampoco es algo a lo que esté acostumbrado. En su entorno lo ven preocupado, pero a sus allegados les dijo que detrás de todo hay una persecución política y que resistirá. No parece ser el caso, pero todo es posible para alguien que le hizo entender a la política aquel consejo del Viejo Vizcacha: “Hacéte amigo del Juez; / No le des de qué quejarse… / Pues siempre es bueno tener / Palenque ande ir a rascarse”.