Consejo del Magistratura

Una voz retro en el Congreso

20/04/2022

La entonces diputada Romero fue miembro informante de la norma que regiría el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, la misma que luego fue declarada inconstitucional. La ministra de Gobierno y Justicia tuvo un claro discurso en el que dijo con todas las letras que sectores de la Justicia hacen política.

Una voz retro en el Congreso
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Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial

 

Antes de las maniobras del juez federal Daniel Alonso, Entre Ríos tuvo una voz importante en el marco institucional en torno a la integración del Consejo de la Magistratura de la Nación. Fue la de Rosario Romero, cuando ocupó una banca en la Cámara de Diputados, entre 2003 y 2007, y se desempeñó como miembro informante de proyectos importantes en materia judicial.

La actual ministra de Gobierno y Justicia de la provincia fundamentó en el Congreso la incorporación al Código Penal del delito por desaparición forzada de personas y rechazó las reformas impulsadas por Juan Carlos Blumberg tras el asesinato de su hijo. Ese paquete de leyes llegaron, por ejemplo, a que se permitiera sumar penas hasta cincuenta años de cárcel; se elevaron las penas mínimas y máximas para la sola portación de armas y para los robos cometidos con ellas; aumentaron los castigos de los secuestros extorsivos seguidos de muerte y para los delitos sexuales; se limitó la libertad condicional para esos y otros delitos considerados “aberrantes”, entre otros.

Y Rosario Romero fue también quien defendió en el Congreso el proyecto que reconfiguraba la integración del Consejo de la Magistratura que ahora está en discusión. Este último hecho ocurrió en la sesión del 22 de febrero de 2006.

“De nada valieron los abrazos que organismos no gubernamentales tendieron en torno del Palacio de Justicia y del Congreso. De nada valieron las advertencias de la oposición, jueces y abogados sobre el posible avasallamiento del oficialismo sobre la Justicia ni que la Constitución Nacional resultaría gravemente vulnerada”, comenzaba diciendo la crónica de la periodista Laura Serra en el diario La Nación sobre aquella jornada en la que se convirtió en ley “el proyecto mimado de la senadora y primera dama Cristina de Kirchner”.

En líneas generales, la oposición de entonces había advertido en los sucesivos discursos que el proyecto vulneraba el equilibrio entre los estamentos de la justicia y de la política, al reducir sus miembros de 20 a 13, siendo la corporación judicial la más afectada en cuanto a la representación. El oficialismo mantenía sus cinco lugares, algo que la oposición interpretaba como un modo de bloquear la designación y la remoción de jueces.

“Acá se ha dicho una gran falacia, que el oficialismo tendrá hegemonía sobre el Consejo. Tendrá cinco miembros, y el resto de los estamentos tendrán ocho, por lo que todas las decisiones deberán tomarse por consenso”, lanzó Romero. Y agregó: “Nosotros reivindicamos la política del pueblo, para que tengamos jueces probos y honestos”.

La entonces diputada registró toda su labor parlamentaria en un libro que se terminó de imprimir en noviembre de 2007, a poco de que finalizara su gestión legislativa. De allí se extrae la intervención en el recinto sobre la ley que hace seis meses fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, devolviendo a su aplicación la norma anterior, lo que configura un bochorno jurídico. En resumen: rige una ley que fue derogada por otra, por lo tanto, no es ley.

Representaciones

La entonces diputada nacional se abocó a dilucidar la nueva representación que tendría el Consejo de la Magistratura con la nueva composición y la supuesta hegemonía que se le asignaba a la política, cualquiera sea la bandera partidaria.

“Debo decir que existe un profundo error, una equivocación premeditada tendiente a plantear que este es un proyecto autoritario y hegemónico. Creo que allí existe un profundo error y una equivocación. Si se necesitan dos tercios para decidir la acusación y elevar la terna al Poder Ejecutivo en el momento en que el Consejo en pleno vota lo que propone la comisión, lo que propiciamos, a partir de los cinco miembros del oficialismo que integrarían el Consejo, es que las decisiones se alcancen por consenso”, retomó Romero aquel 22 de febrero de hace dieciséis años. “Jamás desde el partido gobernante se podría alcanzar una aprobación automática con el porcentaje que propicia la norma. Entonces, se hace una lectura que está dirigida intencionalmente a plantear que pretendemos hegemonizar una herramienta creada por la Convención Constituyente”, añadió.

La legisladora cuestionó a la conducción que tenía entonces el Colegio de Abogados de Entre Ríos, que se había manifestado en contra del proyecto. Le reprochó haber hecho silencio y no defender “a los abogados que patrocinábamos a presos políticos” y no haber dicho nada sobre “los ex jueces de la dictadura que toleraban las torturas y no contestaban los amparos no podían colegiarse”. Eran otros tiempos. En una escuela pública de Paraná, hace un mes, para abordar una efemérides por el 24 de marzo, una docente les dio a los alumnos un contenido TikTok que planteaba ese proceso en clave de guerra.

Sigamos. En aquella sesión de la Cámara de Diputados, Romero no se movió un ápice del tema central: el equilibrio que tendrían los estamentos en el organismo encargado de la designación y remoción de los magistrados. “Vamos a un Consejo donde el oficialismo se renueva cada dos o cuatro años en forma dinámica. Nuestra representación será mucho más dinámica que la de los jueces y la de los abogados. Nosotros cambiamos porque rendimos cuentas al ciudadano, que nos solicita salud, educación y una respuesta estatal. Así funcionamos los abogados que venimos a la función pública. No lo hacemos como abogados, sino brindando un servicio a la comunidad que nos pide respuestas todos los días. Se ha hablado de una representación mayoritaria de la política –siete o seis–, lo que me lleva a realizar la siguiente reflexión: la representación siempre es política, aun la que viene de las corporaciones. Uno siempre ejerce una representación política. Cuando mi Colegio se opone a una norma procesal que en la provincia de Entre Ríos protege a los deudores hipotecarios e impide las ejecuciones sosteniendo así, indirectamente, los intereses de los abogados de los bancos, está ejerciendo política”, argumentó. Y cerró el concepto: “Existen posiciones políticas ejercidas desde el sector judicial y desde los Colegios. Nosotros reivindicamos también la política del pueblo, esa dinámica que se renueva cada cuatro años y que no va a sostener una política prebendaria”.

En 2018, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti anticipaba que en caso de declarar inconstitucional la norma vigente, como finalmente ocurrió, se volvería a una ley anterior. También dijo que “es muy importante que el juez nunca reemplace al legislador”, lo que también hizo. Se lo hicieron notar en Twitter: